Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
En manos del Consejo de Estado está definir una demanda que presentó el Centro de Estudios Dejusticia en relación con el procedimiento de elección de la cabeza de la Fiscalía General. En concreto, en contra de un decreto que expidió el gobierno de Iván Duque, derogando otro que se había expedido durante el mandato de Juan Manuel Santos, que incluía la realización de una convocatoria de candidatos.
La demanda de Dejusticia busca que el decreto Santos (450 de 2016) vuelva a regir por considerar que da mayor transparencia al proceso de elección de los tres aspirantes que el presidente elabora y presenta ante la Corte Suprema para que de allí, elija al próximo fiscal. ¿Por qué? Porque este incluye un proceso abierto de hacer una lista de personas que, además, se somete al escrutinio público.
(En contexto: Presidente Duque tumbó decreto de convocatoria pública para terna de fiscal general)
El caso está en manos del magistrado Carlos Enrique Moreno quien citó a audiencia pública para el próximo 27 de enero y quien ya tiene en su despacho un memorial de 23 páginas del Ministerio de Justicia. La cartera defiende la derogatoria del decreto Santos bajo la premisa de que la elaboración de la terna es completamente discrecional del presidente de la República.
Su argumento es que la Constitución dice que el Jefe de Estado debe elaborar la terna, sin hacer mención alguna a un procedimiento en particular: “Se trata, en consecuencia, de una competencia exclusiva, privativa y autónoma atribuida como Suprema Autoridad Administrativa (…) sin que resulte admisible someterla a condiciones adicionales a las allí previstas ni tampoco a reglas distintas de elección”.
(En contexto: Tenemos que aprender la lección de los conflictos de interés del exfiscal Martínez: Dejusticia)
Para el Ministerio de Justicia no es cierto que, como advirtió Dejusticia en su demanda, hayan incurrido en una falsa de motivación a la hora de expedir el decreto 1163 de julio de 2019, derogando el del gobierno Santos. En cambio, consideran que el cambio en las reglas de juego “había alterado la discrecionalidad del presidente de la República (…) y, con ello, puso en riesgo la configuración constitucional de la elección del Fiscal General”.
“Esa discrecionalidad no es caprichosa, sino que está arraiga de manera profunda al sistema de frenos y contrapesos para definir la forma en que debe operar la Fiscalía General de la Nación, como pilar de un sistema penal de carácter técnico e independiente a presiones políticas”, insistió el Ministerio en su respuesta al alto tribunal. Mientras se define este caso, en la Corte Suprema sigue el proceso de elección del próximo o próxima fiscal en reemplazo de Néstor Humberto Martínez.
Conoce más