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En abril de 2018 arrancó una de las peores crisis que ha tenido que enfrentar el proyecto hidroeléctrico Ituango, más conocido como Hidroituango. La situación fue dramática: la represa estuvo al borde del colapso; la situación llevó a la evacuación de más de 25.000 personas; el río Cauca estuvo a punto de secarse; el proyecto tuvo un retraso de varios meses y el objetivo de generar cerca del 17 % de la energía del país se terminó complicando. En medio de ese contexto. las pérdidas fueron billonarias.
Por esa razón, Empresas Públicas de Medellín (EPM) demandó a los constructores que tenían a cargo el proyecto cuando arrancó la crisis. Aunque llevaban años tratando de que a justicia aceptara el recurso, esta semana el Tribunal Administrativo de Antioquia decidió que va a estudiar la demanda que busca que los contratistas paguen más de $9,9 billones por los perjuicios que generó la crisis de 2018 y que tuvo que invertir EPM para mitigar y controlar el desastre.
Los demandados son: el consorcio Generación Ituango, compuesto por las sociedades Integral S.A e Integral Ingeniería de Supervisión S.A.S.; el consorcio CCC Ituango, conformado por las sociedades Camargo Correa Infra Constructores S.A, y las constructoras Conconcreto S.A y Coninsa Ramón H S.A.; el consorcio Ingetec – Sedic, que agrupa a las sociedades Ingenieros Consultores Civiles y Eléctricos S.A.S y Sedic S.A.; Seguros Generales Suramericana S.A. y Chubb Seguros Colombia S.A.
Con la demanda admitida, ahora empezará el proceso judicial en el que todas las partes defenderán sus pretenciones y el papel que jugaron durante la crisis y el Tribunal Administrativo de Antioquia definirá si, como lo dice EPM, los contratistas deben responder con la millonaria suma por los perjuicios que se generaron durante 2018. El proceso quedó en manos del magistrado Andrew Julián Martínez, quien será el ponente de este billonario expediente que tiene al borde de la silla a varios cacaos antioqueños del sector de la construcción.
¿Qué pasó en Hidroituango?
Desde el 28 de abril de 2018, se desató una emergencia tras el bloqueo de uno de los túneles de la Galería Auxiliar de Desviación (GAD). Este incidente provocó un aumento notable en el nivel del embalse, resultando en la inundación de vías y el colapso del puente de Pescadero. Con el objetivo de contener el crecimiento del embalse, el 10 de mayo del mismo año se determinó la inundación del cuarto de máquinas para facilitar la evacuación del agua y así ganar tiempo.
No obstante, la situación empeoró rápidamente: el 12 de mayo, el destaponamiento de uno de los túneles resultó en una crecida del río Cauca, causando graves daños a los residentes de Puerto Valdivia. Posteriormente, el 16 de mayo, se registró una importante fuga de agua en uno de los túneles galería que conecta con el cuarto de máquinas.
Ese mismo 16 de mayo marcó el inicio de la evacuación obligatoria de los municipios aguas abajo: Valdivia (incluyendo su corregimiento Puerto Valdivia), Cáceres, Tarazá, Nechí y Caucasia, entre otros. Miles de familias tuvieron que ser trasladadas a albergues temporales debido al riesgo inminente. Mientras tanto, en Hidroituango se llevaba a cabo una carrera contra el tiempo para prevenir una tragedia mayor: si el embalse sobrepasaba la presa, aún en construcción, podría debilitar la estructura hasta su colapso.
Por semanas, el país estuvo pendiente de los informes sobre el avance de las obras; finalmente, el 24 de mayo se alcanzó la cota 410, altura necesaria para comenzar a desalojar el agua por el vertedero aún incompleto, frenando así el crecimiento del embalse.
No fue sino hasta el 1 de junio que se completó el vertedero, permitiendo la evacuación controlada del embalse a través de sus cuatro compuertas. Este hito significativo redujo el nivel de riesgo para los municipios aguas abajo, permitiendo que las familias retornaran en los meses siguientes.
Sin embargo, en enero de 2019 surgió una nueva emergencia tras reportarse un socavón, lo que obligó a cerrar rápidamente las compuertas de la casa de máquinas. Esta decisión redujo el caudal del Río Cauca hasta en un 80 %, causando no solo una tragedia ambiental sino también afectando gravemente a los municipios cercanos que dependen en gran medida de la pesca.
La emergencia no concluyó hasta julio de 2019, cuando se levantó la alerta roja para Puerto Valdivia. Durante este periodo, la contingencia dejó un saldo devastador: se destruyeron 70 casas y otras 162 resultaron afectadas, lo cual obligó a la evacuación de aproximadamente 25.000 personas. Además, las pérdidas económicas fueron enormes y las investigaciones posteriores generaron un impacto significativo.
Pese a los llamados de los diferentes entes de control para que los contratistas, EPM y autoridades locales dieran explicaciones sobre lo ocurrido, lo cierto es que poco han avanzado esos procesos. La Contraloría es la única entidad que, hasta ahora, ha emitido un fallo sobre lo ocurrido en 2018. En noviembre de 2021, el ente de control fiscal confirmó, en segunda instancia, un fallo por $4,3 billones en contra en contra de 26 personas naturales y jurídicas por los retrasos en el inicio de la operación del proyecto Hidroituango.
La más reciente decisión sobre este caso se conoció en mayo pasado, cuando el Tribunal Superior de Medellín absolvió en segunda instancia a los ingenieros Luis Guillermo Gómez Atehortúa, exgerente de la Sociedad Hidroituango, y Luis Javier Vélez Duque, exrepresentante legal de la filial EPM Ituango. Ambos habían sido condenados por el delito de celebración indebida de contratos, pero fueron absueltos de toda culpabilidad porque el Tribunal no encontró ningún hecho penal que pudiera ser castigable.
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