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“Nadie puede ser molestado en su persona o familia” esa consigna reposa en el artículo 28 de la Constitución y fue la que usó el abogado Germán Calderón en una demanda que presentó ante la Corte Constitucional. La intención del abogado es adecuar teórica y jurídicamente el artículo 114 del Código Penal que faculta a la Fiscalía para investigar y acusar a los presuntos responsables de haber cometido un delito.
La iniciativa de Calderón es que el artículo quede así: “Investigar y acusar a los presuntos responsables de haber cometido un delito, impidiéndosele a las autoridades y a los particulares molestar a la familia del presunto responsable, salvo que uno de sus miembros sea presunto coautor o presunto cómplice de la conducta investigada”.
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Para el abogado, “esa sentencia modulatoria hará que se proscriba definitivamente de nuestro contexto jurídico y mediático el fenómeno denominado delitos de sangre, que hace tanto daño a los familiares de las personas que están siendo investigadas y que han sido sancionadas penalmente y que menoscaban sus derechos fundamentales a la honra, al buen nombre, a la imagen, a la intimidad personal y familiar, a la dignidad humana, entre otros”.
La solicitud del abogado casa perfectamente con lo que ocurrió hace dos semanas con el presidente Gustavo Petro y su hijo Nicolás Petro, quien es señalado de tener nexos con narcotraficantes y con presunta corrupción. Precisamente, el abogado trajo a colación que hubo varios trinos en donde se mencionaba que el jefe de Estado debía apartarse de su cargo por estar ligado a una situación judicial.
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En la demanda de cuatro páginas, Calderón expuso el trino del representante a la cámara, Miguel Polo Polo en el que mencionó: “Dejaré una constancia en Cámara solicitando su renuncia señor presidente @petrogustavo, por no haber hecho público sus relaciones familiares, empresariales y laborales con el narcotráfico”. En este caso, el abogado Calderón le salió al paso a esos señalamientos. Explicó que, hasta la fecha, no existe una investigación en contra del jefe de Estado como consecuencia de las posibles actuaciones de su hijo Nicolás.
En otro escenario, en el texto, el abogado también expuso un trino en el que se estigmatiza la familia del exsenador Álvaro Uribe por el proceso judicial que existe en contra de su hermano Santiago Uribe por la supuesta promoción del paramilitarismo en Antioquia. “Se le entiende, su hermano es un paramilitar, narcotraficante, despojador y asesino, pero usted como hermano y cómplice en todos estos delitos, lo tiene que defender. Ah, que bello el amor fraternal, ojalá no los separen y paguen condena en la misma celda, guacharacos”
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Para el abogado “con tan solo estos dos ejemplos, se percibe la invasión a los derechos fundamentales a la honra, al buen nombre, a la imagen, a la intimidad personal y familiar, a la dignidad humana, etc., del presidente actual Gustavo Petro, como también a los derechos del expresidente Álvaro Uribe; así mismo, sucede en el plano normal en la que una persona se somete a los rigores de la crítica irresponsable, porque existe una omisión legislativa que bien puede subsanarse como una sentencia modulatoria”.
Calderón llamó la atención sobre que los ciudadanos deben tener un límite a la hora de publicar en redes sociales informaciones sobre hechos presuntamente delictivos o sobre procesos judiciales penales. A su juicio, el límite quedaría configurado con la sentencia que le solicita a la Corte Constitucional a través de su demanda.
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Así como el caso del presidente Gustavo Petro y el exsenador Álvaro Uribe, la demanda de Calderón puede tocar los escenarios que vivieron la exvicepresidenta Martha Lucía Ramírez, cuando salió a la luz pública que su hermano Bernardo Ramírez Blanco fue condenado por narcotráfico. O, el caso de la senadora del Pacto Histórico, Piedad Córdoba, con el expediente de su hermano Álvaro Córdoba por narcotráfico, quien hoy está extraditado en Estados Unidos.
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