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Una demanda que llegó al Consejo de Estado busca tumbar la resolución con la que el gobierno del presidente Gustavo Petro ordenó la creación de tres Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) en los departamentos de Córdoba y Chocó, para el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia. El objetivo es suspender las órdenes de captura vigentes y llevar a los 8.945 integrantes de ese grupo ilegal, más conocido como Clan del Golfo, a lugares de concentración, al tiempo que avanzan las negociaciones de paz con ellos. El recurso argumenta que la Presidencia de la República pasó por alto la Constitución y la ley a la hora de ordenar la creación de esos espacios, que deberían entrar en funcionamiento el próximo mes de marzo.
El anuncio de la creación de tres ZUT en las zonas rurales de Tierralta (Córdoba), Belén de Bajirá y Unguía (Chocó) se hizo el 5 de diciembre de 2025, cuando las comisiones negociadoras del gobierno y el Clan del Golfo cerraron el segundo ciclo de negociación adelantado en Doha (Catar). Luego, el 22 de diciembre, la Presidencia emitió la resolución con la que hizo oficial esa orden. El documento señala que las ZUT, cuya delimitación exacta es hasta ahora información reservada del gobierno, funcionarán del 1 de marzo al 31 de diciembre de 2026. Durante ese tiempo, los integrantes del Clan del Golfo no solo se concentrarán territorialmente; también quedarán suspendidas todas las órdenes de captura y solicitudes de extradición.
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Estos tres municipios son solo el inicio de una iniciativa que el gobierno piensa ampliar. El acuerdo al que llegaron el Estado y el Clan del Golfo es que, con el objetivo de brindar garantías a la negociación con ese grupo ilegal y “construir confianza”, las concentraciones de combatientes se harán también en los municipios de Ayapel, Montelíbano, Puerto Libertador y San José de Uré (Córdoba); Cáceres, El Bagre y Nenoclí (Antioquia); El Carmen de Bolívar y San Jacinto (Bolívar). Todas son poblaciones en las que esa organización ilegal ha desplegado durante años su política criminal de extorsiones, homicidios, minería ilegal y hasta un plan pistola contra la fuerza pública que dejó a 19 policías y cuatro militares muertos en 2025.
La orden del gobierno ha sido calificada por juristas y habitantes de los municipios en los que se ubicarán las tres primeras ZUT como “una decisión tomada a las carreras y por fuera de los límites constitucionales”. Así lo señalaron los abogados Mauricio Pava Lugo (quien otrora representó al presidente Gustavo Petro) y Nicolás Dupont Bernal, quienes el pasado 21 de enero radicaron una demanda contra la resolución en la que argumentan que la Presidencia de la República interpretó la ley a su antojo, se saltó decisiones previas de otras instancias como la Corte Constitucional y dio órdenes que solo le corresponde tomar al Congreso. La demanda, conocida por El Espectador, ya está en el despacho del magistrado Carlos Fernando Mantilla.
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Los argumentos de la demanda
En el recurso presentado por los abogados Pava y Dupont, con el que además pidieron que se suspenda temporalmente la vigencia de la resolución con la que se crearon las ZUT en Córdoba y Chocó, señala que son dos las razones por las que el Consejo de Estado debería declarar nula esa orden del gobierno Petro. La primera es que la Presidencia habría infringido normas que debía tener en cuenta para expedir la resolución, especialmente una sentencia de 2023 de la Corte Constitucional en la que el alto tribunal condicionó la creación de este tipo de espacios a la expedición previa de una ley de sometimiento por parte del Congreso. Como consecuencia de lo anterior, argumentaron los juristas, el Ejecutivo habría usurpado competencias del Legislativo.
La resolución que creó las ZUT de Córdoba y Chocó ordenó la creación del Mecanismo de Seguimiento, Monitoreo y Verificación, la suspensión de las órdenes de captura y los pedidos de extradición, se basa en la ley 2272 de 2022, conocida como ley de paz total. Sobre esa ley, que autoriza la creación de espacios transitorios en negociaciones de paz, la Corte Constitucional dijo en 2023: “Las zonas de ubicación solo se pueden establecer en una etapa avanzada del proceso para hacer viable el sometimiento a la justicia, de conformidad con la ley de sometimiento que expida el Congreso”. Al no existir aún una ley de este tipo para el Clan del Golfo, sostiene la demanda, se habría violado lo que dice la ley y lo que había aclarado la Corte.
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Además de que no hay todavía una ley de sometimiento que acoja a combatientes del Clan del Golfo, para esa organización criminal someterse a la justicia tampoco ha sido una opción. El 20 de diciembre del año pasado, durante la instalación del mecanismo de monitoreo de los acuerdos, sus voceros rechazaron someterse a la justicia y pidieron que, para avanzar en la negociación, se estableciera un mecanismo de justicia transicional. “Hemos sostenido que una ley de sometimiento no es la solución para el conflicto del que llevamos más de seis décadas en Colombia. Ha sido demostrado históricamente que es un completo fracaso. La propuesta jurídica siempre es justicia transicional”, dijo Ricardo Giraldo, representante del Clan del Golfo.
Ese primer error alegado por los abogados da pie a la segunda razón por la que los juristas le pidieron al alto tribunal tumbar la resolución del gobierno Petro. En su concepto, la Presidencia no tenía competencia para crear las ZUT, pues esa orden está condicionada a que una ley previa les dé luz verde. Es decir, la responsabilidad de ordenar la ubicación de combatientes del Clan del Golfo, señalan los abogados en su análisis de lo dicho por la Corte Constitucional, depende solo del Legislativo. “El presidente de la República desconoció este mandato constitucional y actuó como si su competencia fuera plena e incondicionada. Ello configura un vicio de incompetencia por exceso en el ejercicio de la potestad reglamentaria”, concluye la demanda.
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Reclamos en el territorio
A los argumentos de los abogados Pava y Dupont en su demanda se suman las voces de los habitantes de Córdoba y Chocó, donde estarán las ZUT del Clan del Golfo ordenadas por el presidente Petro. Jorge Elías Ricardo Rada, vocero de la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba, le dijo a El Espectador que, si bien el diálogo es la única salida para la guerra que durante décadas ha campeado por sus territorios, la falta de claridad en la negociación que adelanta el Estado, la violencia prolongada del Clan del Golfo y el contexto de reubicación de los combatientes, en pleno año electoral, no es el más afortunado. “El grupo nunca ha salido de aquí y su control sigue siendo hegemónico”, expresó.
Para Ricardo Rada, uno de los asuntos que más preocupa a la comunidad es que los hombres del Clan del Golfo lleguen a sitios como Tierralta, en su departamento, a solo una semana de las elecciones legislativas del 8 de marzo, y se recrudezca la violencia. “Aglomerar a los combatientes, por nuestra experiencia, nos da zozobra. Deberían esperar a que pase la jornada electoral para avanzar en el proceso y no complicar el territorio con la militarización”, agregó el líder social. A eso se suma que para las comunidades aún no es claro cómo funcionarán las ZUT, la forma en la que se le garantizará la seguridad a la población civil. “Hasta ahora el gobierno no ha dicho nada sobre el mecanismo; en esta negociación hay mucho hermetismo”, concluyó.
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Las preguntas que se hacen las personas en los territorios son las mismas que aún rodean la negociación entre el gobierno Petro y el Clan del Golfo. Álvaro Jiménez, jefe de la delegación negociadora del gobierno, le explicó a este diario que temas como la disposición de las armas de los combatientes y dónde serán custodiadas mientras estas personas estén en las ZUT no están definidos aún y esperan tener listo ese plan antes del 1 de marzo, fecha en la que los espacios especiales entrarán en vigencia. Agregó que la próxima semana viajarán al departamento de Córdoba para instalar unos equipos municipales con los que hasta ahora empezarán a verificar que las condiciones estén dadas en los territorios para implementar las ZUT.
Además, hizo énfasis en que el gobierno confía en que hay disposición para seguir en la negociación con ese grupo ilegal. Esto, incluso a pesar de que el 24 de agosto de 2025, en medio de la crisis que desataron los ataques con explosivos en Amalfi (Antioquia) y Cali (Valle del Cauca) perpetrados por las disidencias de las Farc, el presidente Petro pidió elevar a la categoría de grupo terrorista a las disidencias de “Iván Mordisco”, a las de “Iván Márquez” y al Clan del Golfo. Un pronunciamiento que no tuvo efecto alguno, pues casi cuatro meses después, el mismo grupo ilegal al que el presidente pidió declarar como organización terrorista quedó cobijado bajo la resolución que los ubica en las ZUT y suspende las órdenes de captura.
Mientras el gobierno Petro hace movidas a pocos meses de dejar la Casa de Nariño para mostrar resultados de su política de paz total, en los territorios la paz aún está a merced de las acciones de grupos al margen de la ley. Asuntos como la suspensión de las órdenes de captura y solicitudes de extradición abren interrogantes sobre casos puntuales como el de Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias “Chiquito Malo”. El jefe máximo del Clan del Golfo, hoy pedido en extradición por Estados Unidos, podría beneficiarse por la resolución del gobierno y evadir en parte sus responsabilidades con la justicia. En todo caso, es el Consejo de Estado el que tendrá que definir ahora si tumba o no esa orden presidencial.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Gustavo Montes Arias
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