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A escasos 12 días de la segunda vuelta presidencial, en tiempos de efervescencia política y cálculos electorales, con dos campañas antagónicas para encarar la eterna pregunta de la guerra y la paz, una acción de nulidad ante el Consejo de Estado busca dirimir un viejo debate: si la Fiscalía puede suspender órdenes de captura en virtud de procesos de paz, como ocurre hoy, o si esta facultad debería recaer en manos de los jueces de la República.
El exmagistrado José Fernando Reyes y el abogado Mauricio Pava están convencidos de lo segundo y por eso le pidieron al alto tribunal tumbar esa facultad que hoy tiene la cabeza del ente acusador. Para Reyes y Pava, otorgar libertades es una tarea que debe ser del resorte únicamente de jueces de control de garantías y, en tal virtud, en una demanda de 22 páginas en poder de El Espectador, le solicitaron hace pocos días al Consejo de Estado que resuelva este asunto de fondo, pues advierten que se estaría vulnerando la Constitución.
De acuerdo con el documento, en la norma que faculta al gobierno para adelantar este tipo de negociaciones, nunca se dispuso que fuera el fiscal general quien tuviera esta competencia. Además, tras la entrada en vigor del sistema acusatorio, que les entregó a los jueces de la República la responsabilidad de decidir sobre libertades o restringirlas, resulta ilógico para los demandantes que en procesos de paz como los adelantados en el marco de la llamada Paz Total se siga manteniendo esta figura.
“Suspender una orden de captura no es un acto de simple trámite. Es una decisión que modula los efectos de una providencia que ya comprometía jurídicamente la libertad personal. Por ello, la suspensión de una orden de captura no puede ser tratada como un acto administrativo o accesorio a una política de paz. Si la orden de captura fue dictada por un juez, una suspensión exige una nueva valoración judicial”, dice la demanda.
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Parece un asunto muy jurídico, pero encarna las bases del Derecho Constitucional para garantizar libertades o revocarlas. Reyes y Pava sostienen que el decreto demandado produce una ruptura con el Estado de derecho. “El gobierno puede solicitar medidas que faciliten procesos de paz, lo que la Constitución no permite es que un reglamento sustituya al juez y convierta la suspensión de una orden judicial de captura en un acto automático del fiscal general”.
Los demandantes también criticaron ácidamente que el decreto cuestionado le haya conferido al gobierno la posibilidad de solicitar este tipo de suspensiones a miembros de grupos armado durante el tiempo que el Ejecutivo considere. En la demanda fueron contundentes: “La Corte Constitucional ha advertido que, en materia de suspensión de órdenes de captura, la autoridad judicial no puede ser un mero ejecutor de instrucciones gubernamentales”.
En su argumentación, Reyes y Pava señalaron: “Si la Fiscalía no puede, como regla general, ordenar capturas sin un juez, menos aún puede suspender por sí misma los efectos de capturas judiciales”. Además, citaron jurisprudencia del propio Consejo de Estado que ha reconocido que desde que empezó a regir el Sistema Penal Acusatorio, en 2005, la Fiscalía no se encuentra autorizada para proferir órdenes de captura, pues son los jueces de garantías quienes deben estudiarlas.
Mucho más si, como telón de fondo, no se decide sobre crímenes ordinarios, sino sobre estructuras criminales, mafias de vieja data y grupos guerrilleros cada vez más cooptados por el narcotráfico, involucrados todos en graves violaciones de derechos humanos. En ese sentido, le pidieron al Consejo de Estado que dicte una medida cautelar para suspender la facultad que hoy tiene la fiscal general para suspender órdenes de captura en el marco de procesos de paz.
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La reciente controversia entre la fiscal general, Luz Adriana Camargo, y el gobierno Petro por cuenta de la negativa de ella de levantar las órdenes de captura a unos negociadores del Clan del Golfo fue el detonante de esta demanda de Reyes y Pava.
El Espectador consultó a expertos e investigadores para que, más allá de estas minucias jurídicas, explicaran cómo estas suspensiones de órdenes de captura a distintos negociadores como Alexander Díaz Mendoza, alias “Calarcá”, Geovanni Rojas, alias “Araña”, Willinton Henao Gutiérrez, alias “Mocho Olmedo”, José Vicente Lesmes, alias “Walter Mendoza” o Violeta Arango Ramírez, alias “Violeta”, acusada de haber participado en el atentado al centro comercial Andino de Bogotá el 17 de junio de 2017, han impactado o minado la apuesta de paz del Gobierno. La conclusión general de todos es que la Paz Total fue una iniciativa sin método que terminó mal.
El profesor de la Universidad del Rosario, Jorge Mantilla, por ejemplo, resaltó que, aunque considera que suspender las órdenes de captura para avanzar en diálogos de paz hace parte de las herramientas que tiene un Estado para negociar con grupos ilegales, en este caso “fueron apresuradas, sin un criterio concreto y tampoco existió una aproximación técnica. Al final, lo que consiguieron fue enviar un mensaje perverso en la medida de que eran grupos que seguían delinquiendo. Creo que se usaron en medio de una política que se caracterizó por la improvisación y el desorden”.
Para Mantilla, en el cuatrienio del gobierno Petro “perdimos 25 años en políticas de paz y reconciliación para terminar hoy con el mismo número de combatientes que teníamos antes de la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia y las Farc: 27.000 hombres. En asuntos de paz, no hay nada qué mostrar”.
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Por su parte, María Victoria Llorente, directora de la Fundación Ideas para la Paz, explicó que, además del aumento de hombres en armas, lo que más la inquieta es que eso se ha traducido en más afectaciones humanitarias y en incremento de zonas que hoy se disputan los grupos ilegales.
“Pasamos de tener seis territorios en disputa a 14. Y sabemos que otros dos se están activando, lo que se traduce en desplazamientos, confinamientos y violencia letal. Estamos ante un escenario mucho más híbrido y con un fenómeno de crimen mucho más organizado, con más control del territorio, de rentas ilegales y de rutas del narcotráfico, minería ilegal, deforestación, trata de personas y migrantes y hasta de los procesos de contratación en pequeños municipios. Es como un árbol cuyas raíces se han profundizado. Se vuelve más difícil controlar a estos grupos que afectan a la población civil”, explicó Llorente.
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A su turno, Luis Fernando Trejos, investigador de la Universidad del Norte, señaló sin rodeos: “El balance de la Paz Total es negativo, entre otras razones porque nunca supimos realmente cuáles eran los objetivos que buscaba esa política y no lo supimos porque no hubo un documento técnico donde se plantearan indicadores que sirvieran para medir el avance o retroceso de esos intentos de negociación. Además, creo que el gobierno apostó mucho por la paz y descuidó la seguridad. Eso sirvió para que los grupos pudieran desarrollar sus capacidades criminales, porque tenían en la trasescena unos ceses al fuego que, en la práctica, fueron más una tregua. No hubo mecanismos de monitoreo ni limitación territorial para poder verificar esos acuerdos. Ese mal diseño solo les dio más ventajas a los grupos porque les permitió unir sus capacidades y enfrentarse contra otros grupos”.
El profesor Trejos recordó que la multiplicación de los conflictos en el país ha ocurrido en buena medida mientras el gobierno insiste en su política de negociación simultánea, que no ha logrado avances sustanciales y, en cambio, ha llevado a que distintas facciones ilegales se disputen el territorio a sangre y fuego. Lo ocurrido recientemente en la vereda La Siberia, en zona rural de San José del Guaviare (Guaviare), resulta ilustrativo: el enfrentamiento entre hombres de alias “Mordisco” y “Calarcá” dejó casi medio centenar de muertos, entre ellos 11 menores de edad.
“Cuando ‘Calarca’ se separó del grupo de ‘Mordisco’, supuestamente porque sí tenía voluntad de negociar con el gobierno, el presidente Petro dijo que eso era un triunfo de la Paz Total. Pero omitió decir que esas fracturas al interior de las disidencias no son acordadas, sino traumáticas, pues nace un nuevo conflicto. La Paz Total tuvo más escándalos que hechos de paz”, concluyó.
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En diálogo con este diario, el demandante José Fernando Reyes sostuvo que buena parte de los enredos que rodearon a la Paz Total probablemente se habrían corregido o serían menores si hubieran sido jueces de la República los que hubieran valorado las peticiones del gobierno de suspender las órdenes de captura contra jefes criminales como “Calarcá”. Más allá de las competencias en este tipo de negociaciones con grupos ilegales, el exmagistrado Reyes fue enfático en que el balance sobre la política de paz del gobierno Petro fue un fracaso.
“Cuando se quiere alcanzar una paz sin respetar los límites constitucionales llegamos a una paz fatal porque ni hay paz ni hay respeto a la Constitución. Hoy, esto es un mercado persa de ofertas para la mayor criminalidad de este país, con búsqueda de réditos políticos, pero sin ninguna ventaja material para los ciudadanos”.
Y agregó: “Yo sí creo que, si los jueces hubieran intervenido en estos asuntos, la realidad de hoy sería diferente. En cambio, lo que ha pasado con la Paz Total es una vergüenza. Derogaron el Estado de Derecho y se lo entregaron a la criminalidad. El legado del presidente Petro es haber construido una narrativa en la que el que delinque no paga y que a la ley nadie le tema. En vez de someter a los responsables de graves delitos a las consecuencias penales, los llevan a una tarima para que los aplaudan”.
La referencia es muy clara: el llamado “tarimazo” del 21 de junio de 2025 en el que el jefe del Estado compartió escenario con los jefes de las bandas criminales de Medellín y el Valle del Aburrá, presos en varias cárceles de la región. Para Reyes, los distintos procesos de paz han estado llenos de gabelas, sin que los grupos armados muestren real voluntad de paz o de sometimiento.
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La Fundación Ideas para la Paz ha documentado cómo han venido creciendo todos los grupos criminales con los cuales se han instalado mesas de negociación. Por ejemplo, el Clan del Golfo pasó de tener 7.551 hombres en armas en 2024 a 9.840 en diciembre de 2025. Lo mismo ocurrió con las disidencias de alias “Calarcá”, quien protagonizó un escándalo nacional: fue capturado en flagrancia y aun así puesto en libertad por solicitud del gobierno.
Hoy se sabe que siguió delinquiendo e incluso la Fiscalía lo llamó a imputación de cargos, entre otras razones por asesinar a líderes sociales. Pese a que la mesa con su organización sigue activa, las controversias siguen allí, como la supuesta infiltración de su grupo en organismos de inteligencia del Estado. Entre 2024 y 2025, la disidencia de “Calarcá” pasó de tener 2.415 combatientes a 2.958. Y el Eln, en ese mismo lapso, llegó a casi 7.000 integrantes.
Esos números y esas críticas hoy hacen parte fundamental de la campaña presidencial. Mientras el candidato Iván Cepeda sostiene que va a continuar la senda de la Paz Total que ha defendido en el Congreso, Abelardo de la Espriella encarna la política opuesta: confrontación sin tregua a los grupos ilegales. Esas dos ofertas contrapuestas, el de la búsqueda de la paz por la vía negociada, a pesar de las dificultades o las gabelas en exceso, y el del retorno del glifosato, los bombardeos y la apuesta militarista, serán objeto de un mandato ciudadano el próximo 21 de junio.
Mientras esto ocurre, el Consejo de Estado evalúa la demanda interpuesta por el exmagistrado Reyes y el abogado Pava. Con un dato final: hace dos días el gobierno le revocó la gestoría de paz a Luis Alberto Villota, alias “Tito”, vocero del frente Comuneros del Sur, pues mientras estaba en una cita médica en Pasto bajo custodia del Estado fue extraído por hombres de esa organización. Otro lunar más de la Paz Total.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Juan David Laverde Palma
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