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Este lunes, el Estado colombiano reconocerá su responsabilidad en la desaparición forzada del agente de Policía Hugo Ferney León Londoño. Además de que nunca se investigaron las denuncias de desaparición que interpuso su familia, la Justicia Penal Militar hasta condenó a León Londoño por abandono del servicio. Tras agotar todos los recursos, sus familiares acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2008 y, tras un extenso proceso, acordaron con Colombia una solución amistosa, que implica un acto de desagravio.
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Así las cosas, a las 11:00 de la mañana de este 13 de febrero, la Agencia de Defensa Jurídica del Estado (Andje) reconocerá la responsabilidad del Estado colombiano en la desaparición del agente León Londoño. Aunque en el pasado Colombia se había defendido ante la CIDH por este caso, asegurando, entre otras cosas, que nunca se demostró “tolerancia, aquiescencia y/o complicidad del Estado o de sus agentes” en el crimen, recientemente hubo un cambio de rumbo. Fue entonces que la Agencia llegó a un acuerdo con la familia del policía en octubre de 2022, con luz verde de la Comisión.
La desaparición de Hugo Ferney León Londoño
El primero en notar su ausencia fue su superior. Era 1988, el agente Hugo Ferney León Londoño tenía 22 años y había sido asignado al Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de la Policía en Cali. El 22 de diciembre, al ver que, por segundo día consecutivo, León Londoño no se presentaba al servicio, decidió llamar a su familia, que residía en Bogotá. Al cabo de tres días, sus familiares ya estaban en el Comando de Policía de la capital del Valle, pero no recibieron respuesta alguna.
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Según lo que los León Londoño le dijeron a la CIDH, “dado que no se había adelantado ninguna operación de búsqueda, decidieron buscarle por sus propios medios en Cali en hospitales, a medicina legal y en los municipios aledaños, no obstante sin éxito”. Al parecer, el agente era muy joven para haber sido asignado al Goes. Además, para ese momento, según la familia, al menos ocho agentes de Policía habían desaparecido en la ciudad, pero poco se hizo por protegerlos y, en cambio, la institución intentó encubrir los crímenes y su actitud negligente iniciando procesos en la justicia penal militar por abandono del servicio.
Así sucedió con el agente León Londoño. El 23 de diciembre de 1988, antes incluso de que los León Londoño llegaran a Cali a buscar a su familiar, ya había una indagación abierta en contra del agente por abandono del servicio y abuso de confianza. En 1991, con él ausente, sin la posibilidad de defenderse, fue condenado a 28 años de prisión. Esa decisión fue anulada y revocada más adelante, al punto que el Tribunal Superior Militar, en 1993, declaró que toda la evidencia daba “más bien a pensar en una desaparición forzada”. Pero la justicia militar no hizo el más mínimo esfuerzo por investigarla.
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La familia León Londoño tampoco encontró garantías en la justicia ordinaria. La madre del agente interpuso una denuncia penal desde enero de 1989, pero el Juzgado 15 de Instrucción Criminal que tenía el expediente decidió inhibirse de abrir una investigación en 1992. Los León no se enteraron de esto sino más de una década más tarde, en 2008. Fue entonces que decidieron acudir a la CIDH, que se demoró otra década en emitir un informe en el que admitía el caso.
En 2019, la Comisión declaró que, “de ser probados, la alegada desaparición forzada de la presunta víctima, el retraso injustificado en la identificación de los responsables y la denegación continuada de justicia podría caracterizar posibles violaciones (a la Convención Americana de Derechos Humanos)”. Desde entonces, el caso se encontraba en la fase de análisis de fondo. Ahora bien, antes de que se emitiera un informe con recomendaciones al Estado colombiano, las víctimas y la Andje llegaron a una solución amistosa, que se pone en marcha con el acto de este lunes. Un paso para corregir la injusticia cometida contra los León Londoño.
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