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Desde que estalló el escándalo de los sobornos de Odebrecht en Colombia, en diciembre de 2016, los principales titulares y decisiones judiciales se han enfocado en quienes hicieron parte de los hechos de corrupción o sobre los que se sospecha aún que participaron en el entramado de la multinacional brasilera. Por ejemplo, la más reciente noticia fue la citación a versión libre del Consejo Nacional Electoral al expresidente Juan Manuel Santos por los presuntos aportes de la constructora a su campaña de reelección en 2014. Sin embargo, la reciente admisión de una acción de grupo (demanda colectiva) da cuenta de la otra cara de la moneda: la difícil situación que viven los extrabajadores de este megaproyecto de infraestructura del país a donde llegaron los dineros sucios de la corrupta empresa, conocido como la Ruta del Sol 2.
Trabajadores de la construcción y operación del corredor vial entre Puerto Salgar (Cundinamarca) y San Roque (Cesar) demandaron al Ministerio de Transporte y al Instituto Nacional de Concesiones —Inco, hoy Agencia Nacional de Infraestructura, ANI— ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. En un documento de 109 páginas, 1.080 funcionarios del Consorcio Constructor Ruta del Sol (Consol) y 20 de la Concesionaria Ruta del Sol alegaron que los US$6,5 millones que recibió el exviceministro de Transporte, Gabriel García Morales, por parte de Odebrecht para que le fuera adjudicado el proyecto, fue el hecho que terminó desencadenando que las obras se paralizaran y fueran despedidos, y luego, que el contrato fuera liquidado por un tribunal de arbitramento en agosto de este año.
Cuando García Morales fue capturado y aceptó cargos, en enero de 2017, las obras se paralizaron y desde entonces la obra está inconclusa: en un 52 % quedó este sector del proyecto que pretendía conectar el centro del país con la Costa Caribe. Una acción popular interpuesta en ese momento por el procurador general, Fernando Carrillo, ante el mismo Tribunal Administrativo de Cundinamarca, pedía que de inmediato fueran suspendidos los trabajos de construcción como medida cautelar. Posteriormente, en diciembre de 2018 esta misma corporación condenó a Odebrecht y sus socios (Episol, del Grupo Aval y CSS Constructores, del Grupo Solarte) para no poder contratar con el Estado en los próximos 10 años. Además de las empresas tendrán que pagar más $800.000 millones por sus actos de corrupción.
Esa multimillonaria multa tendrá que ser pagada al Ministerio de Transporte; sin embargo, el fallo del tribunal fue apelado y será la Corte Suprema de Justicia la que decidirá si se deja en firme o no. Una de las pretensiones de los 1.100 trabajadores es que parte de ese dinero sea utilizado para sus indemnizaciones. Según la acción de grupo, este monto tendrá que ser tasado por un perito, teniendo en cuenta el tiempo que faltaba para que la Ruta del Sol 2 fuera construida en su totalidad. También, teniendo en cuenta que, tanto el consorcio constructor (Consol) como la concesionaria habrían terminado la relación laboral con estos 1.100 empleados desde el 1º de junio de 2017 y “varios meses después” con los trabajadores de esta última sociedad.
“Pese a que lo pretendido era asegurar la continuidad de las obras, luego de dos años de paralizadas no se avizora una solución pronta, quedando sin trabajo y con el que dependía su sustento y el de sus familias. Los extrabajadores en la mayoría de sus casos son personas con escaso nivel de estudios y quienes también adquirieron obligaciones crediticias debido a la expectativa de un vínculo laboral de larga duración, esperanzados en la continuidad del contrato cuando menos por otros cinco año más (…). Los hechos de corrupción confesados por el exviceministro García Morales fue(ron) el desencadenante del daño causado a los 1.100 exempleados y que terminó dando al traste con la ejecución de la obra”, señala el recurso judicial.
“Trabajé seis años con Consol, pero cuando empezaron los rumores sobre la corrupción, nos fueron llamando para que renunciáramos a cambio de unos dineros y bajo presiones. Muchos de mis compañeros firmaron un documento, que no podían leer previamente, elaborado por unos abogados. Se aprovecharon de muchos porque no tenían asesoría legal. Varios accedieron por la desesperación. Las deudas en las casas y los bancos no dan espera. Además, algunos trabajadores tenían a sus esposas embarazadas. Yo tengo una deuda de $28 millones con un banco y estuve a punto de perder mi casa. Sin embargo, diez compañeros y yo no firmamos nada en ese momento”, señaló Edwin Camacho, líder de los extrabajadores.
Horacio Durán Patiño, otro de los capataces de la obra y que actualmente recibe salario de Consol, relata que, en junio de 2015, cuando Marcelo Odebrecht fue capturado en Brasil por hacer parte de una enorme red de sobornos, la financiación en la Ruta del Sol 2 disminuyó ostensiblemente. “Antes de que se conociera todos los hechos de corrupción, no se preocupaban mucho por los gastos en las obras. Luego cuando se supo lo del soborno al exviceministro García, empezaron los recortes y liquidaciones de gran parte de los miembros de la obra”, cuenta Durán Patiño. “Varias veces han intentado liquidarme bajo presión, además, yo fui embestido por una volqueta dentro de las instalaciones de Consol y actualmente me encuentro incapacitado para trabajar. Ellos me redujeron más de la mitad de mi salario y ahora me estoy ganando el mínimo”, aseguró el trabajador.
El Espectador se contactó con la ANI, agencia adscrita al Ministerio de Transporte, la cual señaló que no ha sido notificada de esta demanda colectiva.
En manos del Tribunal Administrativo de Cundinamarca también está una acción popular en la cual se pide que la concesión de la obra del sector tres del proyecto Rutal del Sol (San Roque-Ciénaga y Valledupar-Carmen de Bolívar), adjudicada a la firma Yuma en enero de 2010 por $2,1 billones, sea suspendida definitivamente ante los evidentes incumplimientos de la obra y un episodio de corrupción en medio de su construcción. Desde 2017 la obra quedó paralizada luego de que el escándalo de Odebrecht aterrizara en Colombia y salpicara el tramo 2 de la megaobra. En ese momento, las entidades bancarias que financiaban el sector 3 dejaron de aportar dinero a esta construcción luego de que este quedara bajo sospecha. Del tramo, que debe ser entregado en diciembre de este año, tan solo el 32 % está ejecutado.
Por David Escobar Moreno
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