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En medio de la tristeza por la muerte de Diana Turbay en un fallido operativo de rescate, el 25 de enero de 1991, el país conoció que, supuestamente, las autoridades lograron matar a varios de los captores de la periodista retenida por Pablo Escobar. Entre el listado estaba Germán Eduardo Giraldo Agudelo. Años después llegó a saberse que este no había estado en el lugar del operativo en el que resultó muerta Diana Turbay, sino que fue asesinado por la Fuerza Pública y puesto allí.
Por este crimen, el Estado Colombiano reconocerá este sábado, 21 de septiembre, la responsabilidad que tuvo en el crimen de Giraldo Agudelo. En un acto, que se llevará a cabo en la comuna dos de Medellín, la familia de Germán Giraldo escuchará el perdón por parte del Estado debido a los hechos ocurridos. El evento se realizará en el marco del día internacional de la Paz, estipulado por la Naciones Unidas.
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El caso de Giraldo Agudelo pasó por mucho tiempo desapercibido, por el dolor de la muerte de Diana Turbay y la casi nula acción de la justicia, tanto militar como ordinaria. Según la familia de Giraldo, este fue arrestado por la policía en casa de su hermana, donde, de acuerdo con el testimonio de sus allegados, estaba arreglando un calentador. La detención fue realizada el 25 de enero de 1991, mismo día de la fallida operación de rescate de Diana Turbay. Tras la captura, familiares de Giraldo no tuvieron ninguna pista de su paradero por un par de días. La familia cuenta que lo buscaron en varias dependencias de la Policía en Medellín, pero nadie les decía en dónde estaba su ser querido.
Sin embargo, el 27 de enero, cuando se supo con mayor detalle del fallido de operativo de rescate de Diana Turbay, Germán Giraldo fue mencionado en el listado de supuestos captores de la periodista que había muerto en la acción de la Fuerza Pública. Giraldo fue asesinado en medio de los operativos de rescate, que también le causaron la muerte a Diana Turbay. Sus seres queridos tuvieron que ir hasta el cementerio de Copacabana, Antioquia, municipio en el que estaba secuestrada Turbay, para identificarlo y reclamar el cadáver.
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Sin embargo, los exámenes de balística posteriores demostraron varias inconsistencias tanto en la muerte de Giraldo como la de otro supuesto captor, José Domingo Correa. Era imposible que ellos hubieran muerto en el operativo de rescate, ya que las pruebas demostraron que ambos recibieron el mismo número de disparos y en las mismas zonas del cuerpo: dos en la cabeza y uno el tórax. Además, ninguno de los dos fue encontrado en un lugar que concordara con los enfrentamientos contra la Fuerza Pública. Ambos estaban en la maleza, en una sitico boscoso, alejados de los operativos de rescate.
Asimismo, en el caso de Giraldo, el arma con la que, supuestamente, estaba enfrentando a la Fuerza Pública -una Ingram- no había sido disparada en mucho tiempo y no funcionaba, tenía trabado el mecanismo. Con estas pruebas, la justicia pudo determinar que no había elementos que permitieran inferir que Giraldo era uno de los captores de Diana Turbay. Es más, todo parecía indicar que se trataba de una ejecución extrajudicial, que buscaba demostrar resultados en el fallido operativo.
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Por este caso, el 8 de julio de 2009, el Consejo de Estado condenó a la Nación como responsable de la muerte de Germán Giraldo. “La falla del servicio está demostrada porque se probó que la desaparición de Germán Eduardo Giraldo Agudelo horas antes de que se iniciara el operativo y su aparición en el lugar se debió a la arbitrariedad de los agentes”, dijo el alto tribunal. Por este crimen, el Estado fue condenado a pagar una indemnización a la familia por los daños morales y materiales ocasionados. El alto tribunal señaló que se había probado que Giraldo había sido llevado hasta el lugar de los hechos y después fue asesinado.
El caso no tuvo los mismos avances en las vías judiciales, por ello, la familia pidió en 2009 que fuera estudiado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). De acuerdo con los allegados a la víctima, a pesar de que el Estado admitió su responsabilidad e indemnizó a los familiares, no existía hasta ese momento condena alguna contra los oficiales que participaron en la muerte de Giraldo. Según ellos, “no se ha impulsado el proceso penal debido” para dar con los responsables de la muerte de Giraldo y, además, se violentó su derecho a la verdad y a la justicia.
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Ante estos argumentos, el pasado 24 de abril, la CIDH decidió estudiar el caso en cuestión ya que la familia había logrado agotar todas las instancias en la justicia nacional. Entre las razones dadas por del CIDH para recibir el caso está que el fuero militar “no constituye un foro apropiado para investigar la muerte de un civil, dado que no ofrece las garantías requeridas y, por lo tanto, no brinda un recurso adecuado para investigar, juzgar y sancionar alegadas violaciones a los derechos humanos consagrados en la Convención”. De igual manera, la Comisión aseguró que la vía administrativa no es la vía idónea para “proporcionar una reparación integral y justicia a los familiares”.
Y es que, en Colombia, la investigación por el asesinato de Germán Eduardo Giraldo no ha tenido avance alguno ante la justicia penal. En un primer momento, la justicia penal militar se hizo cargo de las investigaciones. Sin embargo, el 31 de enero de 1992, absolvió a los uniformados participantes indicando que “el hecho atribuible a éstos ocurrió en actos propios de servicio”. Dicha decisión fue confirmada por el Tribunal Superior Militar el 9 de febrero de 1993. En ningún momento el caso fue retomado por la justicia ordinaria.
Un caso similar ocurrió con las investigaciones disciplinarias. A penas ocurrieron los hechos, la Procuraduría les puso la lupa e inició las pesquisas en contra de los policías que participaron en la muerte de Giraldo. Pero no duraron mucho las indagaciones, antes de que se cumpliera un año de la muerte de Giraldo, el 14 de enero de 1992, el Ministerio Público absolvió a los uniformados ya que consideró que no existía la certeza de su participación en la muerte del falso captor de Diana Turbay.
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