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La captura, en agosto de 2018, del coronel (r) del Ejército Jorge Humberto Salinas; de su subalterno, el mayor (r) Luis Mesías Quiroga, y de la hacker Marialicia Pinzón fue el inicio de un largo proceso judicial por interceptaciones ilegales contra pilotos de Avianca, abogados, empresarios y otras personas. A casi dos años de iniciado el escándalo, la Fiscalía llamó a juicio a Salinas y a Quiroga en mayo pasado. En el escrito de acusación, en poder de El Espectador, se detallan varios negocios que habrían hecho a través de la empresa JHS Consultores, en la que ofrecían “una multiplicidad de servicios ilícitos”, según el ente investigador.
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En 34 páginas, la Fiscalía asegura que Salinas y Quiroga se valieron de que conocían a Marialicia Pinzón porque “en su momento fungió como fuente de información no formal de la Fuerza Pública y experta en informática” para ofrecer servicios de inteligencia como: la recopilación de datos informáticos personales, recuperación de llamadas telefónicas y mensajes de texto, identificación de contactos, monitoreo y acceso a claves de correos electrónicos, ubicación de direcciones IP, acceso y hackeo de equipos conectados a la web, entre otros. Todo esto lo lograron, sostiene la Fiscalía, con un software desarrollado por Pinzón llamado “Fénix”.
Para lograr sostener la operación de la compañía entre 2016 y 2018, debían tener clientes. Y la Fiscalía los encontró. Según el documento del ente investigador, fueron por lo menos once los negocios que hizo la empresa de Salinas en los que habrían accedido de manera ilegal a comunicaciones. El primero de ellos y quizá el más sonado, fue contra los pilotos de Avianca que estaban protestando contra la aerolínea, reunidos en el sindicato Acdac. Supuestamente, Laude Fernández, exdirector de BRG, pagó para acceder “a información de algunos directivos de Acdad, específicamente la contenida de sus conversaciones de WhatsApp u otras aplicaciones de mensajería instantánea”.
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Asimismo, la Fiscalía sostiene que la empresa de transportes de valores Prosegur habría contratado los servicios de Salinas “para que se realizara la obtención de datos biográficos de unas líneas celulares, posiblemente relacionadas con el hurto de uno de los vehículos de esa compañía”. Algo similar, dice la Fiscalía, habría contratado Pepsico, que “solicitó a JHS Consultores que corroborara información relacionada con unos hurtos al interior de la compañía, suministrando números de abonados celulares y posibles nombres de sus titulares”. Entre los números había tanto empleados de la empresa como particulares.
También habrían contratado los servicios de JHS Consultores una familia que tenía un lío de herencias en el eje cafetero, el dueño de una ferretería en Buga que reportaba faltantes en su inventario, entre otros y así su nombre fue creciendo. Dice la Fiscalía que, “dentro del marco anteriormente referenciado fue que JHS Consultores empezó a ofertar y prestar sus actividades ilegales. Sin embargo, debido a su éxito comercial, esta compañía creó alianzas estratégicas con otras y con sus respectivos administradores”.
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Fue entonces que llegó otro personaje controversial: el ingeniero Juan Carlos Madero. Al parecer, con Salinas hicieron un acuerdo “encaminado a trabajar casos de forma conjunta a través de compensaciones económicas por la consecución de clientes nuevos”. Y por allí aterrizaron clientes como el dueño de Servientrega, Jesús Guerrero, “con el propósito de verificar los mensajes entrantes y salientes y conversaciones de WhatsApp de su hermana y de su contador personal”, según la Fiscalía. También el senador Armando Benedetti, “que habría solicitado, por un lado, la protección de su dispositivo móvil y, por el otro, que se obtuviera información del celular del abogado Jaime Augusto Lombana Villalba”.
Benedetti se ha desmarcado desde 2018 del escándalo y ha insistido en que se trata de una persecución. El congresista dijo públicamente en su momento que no conoce a los protagonistas de este caso judicial y que tampoco ha acudido a empresas de seguridad a pedir información de Lombana ni del exfiscal Néstor Humberto Martínez, como se dijo en su momento. “Tiene que ser uno muy loco para atreverse a interceptar al fiscal”, señaló Benedetti hace dos años. Sin embargo, la Fiscalía insiste en que se obtuvo información personal del abogado Lombana, como fotos de su hijo. La Corte Suprema tiene una investigación preliminar contra él pero esta no ha avanzado.
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El último capítulo de JHS Consultores, continúa el escrito de acusación, vino cuando se aliaron con las empresas del general (r) de la Policía, Humberto Guatibonza. Supuestamente, uno de los primeros negocios juntos llegó cuando a un socio minoritario de la empresa azucarera Incauca “le enviaron un correo electrónico de contenido extorsivo, exigiéndole dinero”. El hombre se contactó con Guatibonza quien, al parecer “solicitó a Salinas la obtención ilícita del rastreo de la dirección l.P. del extorsionador y la consecución de datos biográficos de unos abonados celulares”, asegura la Fiscalía.
Todos estos episodios, dice el ente investigador, constituyen los delitos de utilización ilícita de redes de comunicaciones, acceso abusivo a un sistema informático, interceptación de datos informático, uso de software malicioso y violación de datos personales agravado. La Fiscalía ya llamó a juicio a Salinas y a Quiroga hace un par de meses, mientras el país estaba sumido en cuarentena por el COVID-19. Y, aunque habían intentado colaborar con la justicia, ese acercamiento se cayó, como contó este diario. También se cayó la colaboración de la hacker Pinzón y el general (r) Guatibonza quedó en libertad por vencimiento de términos desde octubre de 2019.
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