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La corrupción también contaminó la inteligencia y la experiencia. Poco importó que haya sido uno de los hombres más poderosos al interior de las altas esferas de la justicia, la Corte Suprema condenó a diez años de cárcel al exmagistrado Leonidas Bustos por su rol de líder en el entramado criminal conocido como el Cartel de la Toga. La sentencia del alto tribunal demostró que, a pesar de su formación profesional, su trayectoria en la justicia y su trabajo como togado, Bustos torció procesos judiciales en el más importante órgano de la jurisdicción penal ordinaria, todo a cambio de lujos y dinero, valiéndose de su rol protagónico en la rama judicial luego de ser elegido dos veces presidente de la Corte.
El caso tiene que ver con el escándalo que estalló a mediados de 2017 tras la captura del exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno. Sus confesiones involucraron en un entramado de corrupción a varios exmagistrados de la Corte Suprema como Francisco Ricaurte, Gustavo Malo y Camilo Tarquino, quienes junto a Bustos, influyeron directamente en procesos judiciales que se adelantaban en contra de los excongresistas Musa Besaile y Álvaro Ashton por parapolítica. El inicio del fin de esa empresa criminal se dio luego de que la DEA le notificara a la Fiscalía que en algunas grabaciones de Moreno en las que pedía dinero a cambio de entorpecer procesos, mencionó a los extogados con alto poder en la Corte.
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Por su fuero como exmagistrado, el caso fue investigado por la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes y luego por el Senado, que finalmente envió el expediente a la Corte y que hoy, después de varios años, por fin resolvió en primera instancia condenarlo por los delitos de cohecho propio en concurso con concierto para delinquir. En la sentencia de 395 páginas, la Sala Especial de Juzgamiento de la Corte Suprema destacó a lo largo del fallo la experiencia y el trayecto del exmagistrado. En el papel se lee que Bustos “tenía pleno conocimiento de crear y conformar una organización criminal”. Es decir que toda su formación profesional debió ser suficiente para saber que estaba cometiendo un grave error.
“No se trataba de un neófito abogado, sino de un verdadero experto conocedor del ordenamiento jurídico punitivo y, por ende, de las consecuencias jurídicas que acarrea su vulneración, lo que significa que entendía y tenía claro que poner al servicio de intereses particulares su alta investidura aceptando ofertas dinerarias a cambio de abstenerse de dar impulso a las investigaciones preliminares que por entonces se adelantaban contra los senadores Ashton Giraldo y Besaile Fayad”, señaló la Corte en el fallo. Además, determinó que, aunque juró cumplir con la justicia, Bustos demostró un nulo respeto por la institución de la que hacía parte. En pocas palabras, se valió de su experiencia y poder para delinquir.
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Así quedó plasmado en la sentencia: “No hay duda de que la intensidad del dolo con el que actuó Bustos fue máxima, pues aprovechando que tenía a su cargo el trámite de las actuaciones que se adelantaban en la Sala de Casación Penal contra los miembros del Congreso de la República que estaban siendo investigados por parapolítica, aceptó la promesa remuneratoria de dos senadores”. Por torcer los procesos judiciales, impedir que avanzaran en la justicia, el extogado Bustos aceptó grandes coimas de dinero, cerca de los COP 200 millones. En consecuencia, sus acciones dejaron una marca imborrable en la confianza en la administración de justicia.
La Corte, en varios apartados, fue clara en determinar que Bustos decidió voluntariamente participar en una empresa criminal con el único propósito de acrecentar su patrimonio económico cometiendo delitos. El plan consistía en favorecer a congresistas investigados que acudían a sus servicios. “La decisión de dilatar sin razón alguna las investigaciones preliminares que tenía a su cargo el pleno de la Sala de Casación Penal de la que ellos hacían parte, a fin de cumplir el compromiso de evitar que las mismas avanzaran hacia la apertura formal de la investigación y que, por ende, no pudieran librarse las respectivas órdenes de captura contra dichos aforados, a cambio de considerables sumas de dinero y otras dádivas”.
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Y agregó la sentencia que todas esas acciones fueron a total consciencia. “ José Leonidas Bustos Martínez decidió vender al mejor postor la función jurisdiccional que le había sido encomendada por sus pares al elegirlo como magistrado de la Corte Suprema de Justicia, aceptando en dos oportunidades la promesa remuneratoria efectuada por congresistas que sin ningún escrúpulo pretendieron eludir la justicia (…) Las acciones fueron cometidas por el acusado con el único propósito de incrementar su patrimonio económico, sin escatimar el grave daño que dicha conducta irrogaba a la institucionalidad del país”.
Para la Sala, las conductas de Bustos quebrantaron sin justa causa la seguridad pública y generó desconfianza en la administración de justicia. “Al ciudadano medio le afecta advertir que los tentáculos de la corrupción lograron alcanzar a los juristas más notables de nuestra sociedad y que representaban uno de los valores más preciados, como lo es el de la justicia”, se lee en el fallo. Por su conducta bajo uso total de sus facultades, la Corte lo sentenció a 123 meses y un día de prisión, lo inhabilitó para el ejercicio de funciones públicas por ese mismo término y le impuso una multa de COP 133 millones. Asimismo, libró orden de captura en contra del hoy prófugo, que incluye la notificación roja a Interpol.
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La reciente sentencia de la Corte Suprema dejó en evidencia cómo la corrupción de una empresa criminal permeó los máximos niveles de la justicia penal, al punto de involucrar a poderosos exmagistrados en sus redes. Este fallo es el último en contra de los togados investigados y concluyó que Bustos concentró su trayectoria y poder a favor del cartel de la Toga que operó con total impunidad entre 2013 y 2017 para sacar en limpio a excongresistas relacionados con la parapolítica.
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Por Paulina Mesa Loaiza
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