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A pesar de que se siguen presentando inconvenientes que han impedido el inicio del proceso judicial contra las 17 personas que, al parecer, idearon las operaciones repos que originaron el peor descalabro bursátil en Colombia —ocurrido en noviembre de 2012—, la expectativa se centra en la colaboración de la cabeza de Interbolsa, Rodrigo Jaramillo, con la Fiscalía. El abogado del presidente de la comisionista de bolsa, Jaime Lombana, aseguró que su cliente, dependiendo de los delitos imputados, aceptará cargos y destapará verdades de este escándalo.
Este viernes, después de esperar 70 días para reanudar la audiencia contra nueve de los implicados, se repitió el problema por el que se suspendió temporalmente el proceso para decidir quiénes eran considerados como víctimas. Interbolsa Holding —el conglomerado de las empresas que pertenecían a la comisionista que se encuentra en proceso de liquidación— volvió a presentarse como una de las víctimas, con el argumento de que representa a todos los socios que perdieron su plata por el escándalo.
Teniendo en cuenta el reciente fallo que no les daba méritos para que se acreditaran como víctimas, el juez se negó a que la Holding hiciera parte del proceso. Sin embargo, apelaron la decisión y será un juez de segunda instancia quien desate finalmente este nudo que ha impedido el inicio de la imputación de cargos por los delitos de administración desleal, manipulación de acciones, operaciones no autorizadas y concierto para delinquir, contra Rodrigo Jaramillo, Jorge Mauricio Infante, presidente de Interbolsa SAI; Alessandro Corridori y su esposa Claudia Jaramillo, María Eugenia Jaramillo, Carlos Arturo Neira y los hermanos Pedro Eduardo y Luz Andrea Colmenares.
La Fiscalía espera demostrar cómo este grupo de personas, junto con otras ocho que están a la espera de que se les inicie el proceso, manejaron ilegalmente las operaciones repo que inflaron las acciones de Fabricato, empresa de la que Corridori era el dueño. Según las pesquisas del ente investigador, todo se hizo a través de una triangulación de préstamos de dinero entre Interbolsa Holding, presidida por Jaramillo; Interbolsa Sociedad Administradora de Inversiones (SAI), que era dirigida por Infante, y la Clínica Candelaria, propiedad de los hermanos Colmenares. A través de préstamos que realizaba la SAI a la clínica, se diseño una operación disfraz para girar $78.000 millones y resolver los problemas de liquidez de la Holding.
La más reciente revelación de que Jaramillo aceptará cargos después de realizar un análisis de las condenas que le podrían imponer por los delitos imputados, deja al descubierto que la situación de los otros señalados no es para nada cómoda. “Parte de nuestra defensa trae implícita una aceptación de cargos en unas conductas”, fueron las palabras de Lombana, quien explicó que con esta estrategia su defendido tendría una reducción de la mitad de la pena, que podría ser de nueve años. Asimismo, el jurista reveló que su defendido está colaborando desde hace dos meses con la Fiscalía, revelando los detalles de un caso en el que se calcula se perdieron $300.000 millones que pertenecían a monjas, comunidades religiosas, bancos, reconocidas empresas del país y miles de particulares.