Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
En un gran pedazo de tierra húmeda que se despliega como un tapete verde, totalmente plano, bajo una cordillera con montañas puntiagudas, la entrada avisa que se trata de la hacienda Granada. En este lugar, ubicado en zona rural de Simijaca (Cundinamarca) un contrato de arrendamiento es la noticia que ha reunido a organizaciones campesinas de la zona: un contrato por el que un predio que era del conocido zar esmeraldero Pedro Orejas ahora será un terreno productivo que campesinos podrán administrar para su subsistencia.
(Lea también: “Casi 8.000 bienes no están en nuestro inventario”: presidente de la SAE)
Se trata del mismo predio que, en octubre de 2022, se conoció que administraba el exdirector de la Policía, el general (r) Rodolfo Palomino. La hacienda está en poder de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), luego de que le fuera decomisada al narcotraficante Pedro Nel Rincón Castillo, alias Pedro Orejas y ahora atraviesa un proceso de extinción de dominio. Pero mientras un juez define si el Estado puede quedarse con la finca que le fue incautada a este esmeraldero, que paga una condena de 19 años y medio por narcotráfico en Estados Unidos, fue entregada este lunes a campesinos. En concreto, a la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc) de Simijaca (Cundinamarca) con el fin de que desarrollen un proyecto productivo de agricultura y ganadería.
Con 44,8 hectáreas, la hacienda Granada llegó a manos del controversial general retirado, sancionado por el caso de la comunidad del anillo, en agosto de 2022, cuando después de varias solicitudes que le envió a la SAE, esta entidad le permitió administrar la finca para la producción de leche mediante un contrato de alquiler. Sin embargo, desde esta sociedad, aseguran que se presentaron varias irregularidades en el otorgamiento de la licencia para administrar el terrero, por lo que, de manera unilateral, dieron por terminado en noviembre, corto contrato.
(Le puede interesar: La SAE llega a acuerdo para comprar acciones de la Triple A de Barranquilla)
El dominio de la propiedad lo decide un juez, pero estos procesos de extinción de dominio suelen ser de años. Por lo que, mientras eso sucede, la asociación campesina Anzorc recibió el predio a través de un contrato de arrendamiento por cinco años. Según le dijo a El Espectador Daniel Rojas, presidente de la SAE, “las familias campesinas se comprometen a pagar un canon de arrendamiento, entendiendo que son personas pobres y que no tienen una capacidad financiera alta. Entonces les damos unos periodos de gracia hasta que un proyecto producto tenga utilidades”. Esta entidad donará casi 50 cabezas de ganado para apoyar los proyectos productivos de los campesinos.
Aunque todavía se desconoce cuáles serán específicamente las familias que podrán ocupar este terreno, sí es claro para la SAE que, debido a su productividad, será usada para la producción ganadera y silvopastoril, y analizan la posibilidad de producción agroalimentaria.
Durante la jornada de entrega, mientras algunas mujeres campesinas preparaban un sancocho, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc) en Simijaca manifestó su descontento con la entrega del predio a campesinos que son, en su mayoría, de Boyacá y no del municipio donde está la Hacienda Granada. Edgar Solano, representante legal de Anuc en Simijaca, dice que antes de realizar la entrega debió hacerse una socialización con la comunidad de simijenses, que también son campesinos que necesitan tierras para sobrevivir. Afirma que también están trabajando para que todos los campesinos del pueblo tengan terrenos para trabajar, especialmente las 170 familias que componen esta asociación a nivel local.
(Lea también: Por primera vez, organizaciones sociales podrán administrar bienes de la mafia)
A mano, después de una tensa discusión, los campesinos de Anuc simijenses escribieron un compromiso que luego firmó el presidente de la SAE y la representante de la Anzorc. “Los mecanismos para entregar tierras a campesinos han sido construidos para que se les entregue a los de siempre. Nosotros estamos acá para cambiar esa realidad”, expresó Rojas durante el evento. Por su parte, el representante Solano dice que de no cumplirse el compromiso van a tomar posesión de la tierra. En el documento, escrito a lapicero sobre un cuaderno cuadriculado, las dos organizaciones campesinas y la SAE se comprometen a reunirse en una mesa de trabajo para vincular así a las familias de Simijaca en los proyectos productivos de la Hacienda Granada.
Hoy la norma no permite hacer este tipo de contratos con pequeñas asociaciones, es decir, que tengan menos de 10 años de constitución, que tengan experiencia en producción agroalimentaria, además de garantías para su financiación. En este caso, la oferta para alquilar la propiedad la hizo Anzorc, la SAE estudió el caso y decidió otorgar el arrendamiento. Ante la posible incertidumbre de lo que suceda después de que sea declarada la extinción de dominio, Rojas dijo que se busca que se incluya un artículo en el Plan Nacional de Desarrollo para que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) pueda titular este tipo de propiedades a campesinos como los que desde hoy ocuparán la hacienda Granada. Actualmente, es posible que la entidad le presente una oferta a la Agencia y esta última titule a personas beneficiarias de la reforma agraria, tales como estos campesinos.
(Lea también: La historia de “Pedro Orejas”, el esmeraldero que acaba de ser condenado en EE. UU.)
Por su parte, Elda Yaneth Martínez, presidenta de Anzorc, expresó como un logro la posibilidad de hacer un uso campesino de esas tierras. “Por fin se está reconociendo al campesinado de los territorios”, según ella, esto permite “garantizar, medianamente, hacer uso de las tierras que históricamente han sido negadas para este campesinado. Hace parte del ejercicio propio de dignificar el sector agrario”. Además, afirmó que para la Anzorc “es un triunfo que la SAE esté mirando a la asociación para producir comida”.
Finalmente, el presidente Rojas informó que se encuentra en conversación con el ministro de Defensa, Iván Velásquez, para garantizar la seguridad de los campesinos ocupantes. Para la líder Martínez, las preocupaciones de seguridad en estas tierras no son diferentes a las que se viven en el resto del país, debido a que “el conflicto armado no ha cesado, no se ha terminado”. Y añadió: “sabemos que este tipo de cosas no van a ver muy bien en quienes siguen ocasionando el conflicto y para los cuales, la lucha por el acaparamiento de tierras va a seguir”. Por otro lado, Rojas aseguró que van a seguir identificando predios para beneficiar a otras familias rurales, y finalizó con este mensaje: “Que en sana paz nos pongamos a producir comida, eso es lo que necesita el país”.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Valentina Arango Correa
Conoce más