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Luz Adriana Camargo Garzón estuvo a punto de no ser la nueva fiscal general de la nación, no solo porque no fue la primera opción del gobierno Petro, que no la ternó en la primera lista que le envió a la Corte Suprema de Justicia el año pasado, sino porque a último momento Amelia Pérez renunció a la terna y, por algunas horas, se impuso la incertidumbre de si el alto tribunal podía votar para elegirla o debía esperar a que la Presidencia recompusiera la terna. El Gobierno estaba listo para enviarle una carta a la Corte para explicarle que comprendía la decisión y procedería a enviar un nuevo nombre para completar la lista, pues era claro que las reglas para elegir al fiscal señalan que debe elegirse de una terna y no de una dupla.
A primera hora de ese día, en la Casa de Nariño se instaló una improvisada mesa jurídica para analizar la situación. Ya sabían de la inminente renuncia de Pérez a la terna y de la posibilidad de que la Corte no eligiera fiscal ese martes, como lo tenía planeado. Revisaron todos los escenarios, incluyendo el de posibles candidatos para completar la terna. Se habló, por ejemplo, de Yesid Reyes y de Mónica Cifuentes, quienes estuvieron en la terna que presentó el expresidente Juan Manuel Santos, pero de la que salió elegido Néstor Humberto Martínez. Aunque ese martes todo estaba listo para que la Corte eligiera a Luz Adriana Camargo Garzón, pues solo le faltaban tres votos para ganar, para muchos el recambio de la terna habría sido determinante para la elección.
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En medio de la crisis, el alto tribunal se mantuvo en que elegía ese día y que para los magistrados la terna estaba vigente, pues la renuncia de Pérez la debía aceptar el presidente y no ellos. En consecuencia, eligió a Luz Adriana Camargo Garzón como estaba cantado. La penalista de la primera promoción de abogados de la Universidad de La Sabana logró 18 votos en la Sala Plena y salió elegida como el reemplazo del exfiscal Francisco Barbosa. Lo logró luego de cinco jornadas de votación en las que Amelia Pérez siempre estuvo a la delantera, pero se desinfló a última hora, en medio de una polémica por unos viejos trinos de su esposo, el exfuncionario del CTI Gregorio Oviedo, en los que crítico a Barbosa y a la propia Corte Suprema.
Camargo Garzón siempre se perfiló como la segunda en las votaciones de la Sala Plena y durante todo el proceso cargó con los señalamientos que la encasillaron como la candidata del ministro de Defensa, Iván Velásquez. Al final pesó más su hoja de vida, sus planes para la Fiscalía y un factor que fue crucial en esta elección: su bajo perfil. Aunque se trata de una penalista de formación y vocación, no es fácil encontrar a un abogado penalista que reconozca a la nueva fiscal. “Esto sucede no porque no sea importante, sino porque estamos frente a una persona que no le gusta la exposición o la política, una condición que no hemos visto en las últimas administraciones de la entidad”, explicó un penalista que prefirió omitir su nombre porque su trabajo, inevitable, se cruza con la Fiscalía.
Desde lo más bajo de la cadena
Prueba de ello, dice otro abogado y profesor universitario, está en su hoja de vida. “Luz Adriana Camargo es una funcionaria formada en la Rama Judicial. Arrancó hacia 1987 en el eslabón más pequeño de la carrera, amarrando expedientes en un juzgado de Bogotá como sustanciadora, y fue creciendo por méritos propios”, agregó otro penalista que también pidió reservar su nombre. Al año, Camargo ya era juez de instrucción criminal en Bogotá y sus labores la aterrizaron en una realidad sangrienta del país. A cualquier hora del día la llamaban para que atendiera las labores de levantamientos de cadáveres en la época más sanguinaria de la guerra de Pablo Escobar y otros capos de la mafia, mientras sus colegas de la rama cesaban actividades por agresiones al Poder Judicial.
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Como cientos de funcionarios que trabajaban en instrucción criminal para finales de los años 80, el siguiente movimiento fue dar el paso a la recién creada Fiscalía General de la Nación. El caso no fue distinto para Luz Adriana Camargo, quien aterrizó primero en asuntos administrativos para darle forma a una entidad sin presidentes, con uno de los presupuestos más grandes de todo el Estado y con una tarea tan delicada como primordial: investigar hechos violentos en un país sumido en la violencia, el narcotráfico y la impunidad. Según la revista Cambio, Camargo conoció a Jorge Cortés en un viaje a Caño Cristales (Meta) y fue él quien la llevó a la Fiscalía para que le ayudara a organizar al ente investigador bajo un modelo que hoy perdura, basado en unidades especializadas por delito.
Ya en la Fiscalía, en 1992, sus labores no solo fueron administrativas. Al poco tiempo de su llegada fue asignada a un despacho de la seccional de Bogotá, luego ante el Tribunal Superior de Bogotá y fue creciendo hasta llegar a ser fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, donde conoció a Martha Lucía Zamora, la exfiscal y exdirectora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. “Tengo el mejor concepto de ella. Es una profesional dedicada únicamente a su trabajo, sin ataduras políticas ni intereses. La conocí en la Fiscalía y solo fui testigo de un trabajo serio y comprometido con la justicia. Desde ese momento nos tocaron temas sensibles, como el del Proceso 8.000, y no vi otra cosa de su parte que seriedad y entrega”, resaltó Zamora en diálogo con este diario.
En las grandes ligas
Otra abogada penalista que conoció a Camargo por esa misma época agregó: “No solo era un ejemplo para las fiscales más jóvenes por su berraquera como abogada. Muchas que para ese momento temíamos la maternidad, pues podía ser motivo de despido o signo de debilidad, vimos en ella la inspiración para también seguir ese camino y darnos cuenta de que teníamos todo el derecho a construir una familia”. Luz Adriana Camargo es mamá de dos hijos, Santiago y Sofía, quienes llegaron a su vida mientras acusaba a ministros, gobernadores y altos militares ante la Corte Suprema. En 2005, y después de 13 años en la Fiscalía, la abogada penalista de 59 años volvió a dar un salto de gigante para aterrizar en la Corte Suprema de Justicia.
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Lo hizo como magistrada auxiliar del despacho de Marina Pulido de Barón, magistrada de la Sala de Casación Penal. “Su solidez técnica la llevó hasta esas instancias. No era protegida ni cuota de nadie, simplemente trabajaba y lo hacía bien. No por nada fue la elegida por la magistrada Pulido de Barón para que trabajara en la comisión que levantó los muros para que la Corte pudiera investigar a congresistas por sus vínculos criminales con grupos paramilitares”, agregó una fuente del alto tribunal. A lo que el abogado hace referencia es al escándalo de la parapolítica, un capítulo del conflicto armado que sigue siendo motivo de investigación, pero que tuvo un momento crucial en 2005, cuando a la Corte empezaron a llegar los testimonios de jefes paramilitares.
Luz Adriana Camargo conoció los primeros expedientes que armó el alto tribunal, bajo la coordinación del también magistrado auxiliar, Iván Velásquez, hoy ministro de Defensa. Una fuente que los conoció a ambos por esa época agregó: “Velásquez conoció a la ahora fiscal estando en la Fiscalía, cuando él era el director de la seccional de Medellín. Él es quien se lleva a Camargo a la Corte y le abre la puerta para que lo acompañe en los casos de parapolítica, pues sabían perfectamente que esos expedientes podían cambiar mucha de la historia de la investigación judicial sobre el conflicto en Colombia”. Por sus manos pasaron las pruebas y evidencias que, años más tarde, terminaron en condenas contra los congresistas Álvaro García Romero, Erik Morris o Luis Eduardo Vives.
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“Fueron años de trabajo intenso, con la gravedad de que sentíamos que en cualquier momento nos podía pasar algo. No solo porque estábamos investigando lazos criminales de políticos de mucho poder con criminales de la talla de los hermanos Castaño, Salvatore Mancuso, Don Berna, Diego Vecino o Jorge 40, sino porque al poco tiempo estalló el escándalo de las chuzadas del DAS”, agregó un magistrado auxiliar que compartió escritorio con Luz Adriana Camargo. Nadie sabe a ciencia cierta si ella fue una de las víctimas de esa estrategia criminal que se gestó en lo más alto del gobierno de Álvaro Uribe Vélez en la que el servicio de inteligencia del país se puso al servicio de ese entramado para interceptar ilegalmente a magistrados, periodistas y defensores de derechos humanos.Lo que sí está claro es que Iván Velásquez sí fue uno de los afectados por los seguimientos y escuchas ilegales.
Con la arquitectura montada para seguir los casos de la parapolítica, Camargo salió de esa comisión y fue asignada a una nueva para la investigación de delitos contra la administración pública. Allí, según sus colegas, le correspondió una de las carpetas del caso conocido como la yidispolítica y, en concreto, el capítulo de Teodolindo Avendaño. Bajo su investigación, la Corte Suprema logró probar que el excongresista recibió un pago de parte de altos funcionarios del gobierno Uribe que le ofrecieron $450 millones como prebenda para que no asistiera a una votación clave en la Cámara de Representantes: la que avaló la reelección presidencial.
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Su ausencia en esa votación, y el voto de la también aforada Yidis Medina, fue determinante para que esa reforma constitucional fuera aprobada en el Congreso y el expresidente Uribe pudiera ser reelegido, como así fue. Avendaño fue condenado ocho años de cárcel y la investigación permitió que, años después, los ministros Diego Palacios y Sabas Pretelt corrieran la misma suerte. “Luz Adriana estuvo nueve años en la Corte y el alto tribunal perdió a una de sus mejores investigadoras cuando llegó el magistrado Leonidas Bustos. A ella le tocaba trabajar en su despacho y no duró mucho”, agregó una abogada que vivió de primera mano la renuncia de la hoy fiscal al alto tribunal en enero de 2014. Bustos es hoy un prófugo de la justicia, pues es procesado por su presunta participación en el cartel de la toga.
Un presidente en la cárcel
“A buena hora salió de la Corte”, expresó una abogada con la que trabajó en el alto tribunal. Desde 1987 hasta 2014, solo con un breve lapso de un año, Luz Adriana Camargo Garzón estuvo vinculada a la Rama Judicial. Solo la dejó para dar otro salto de garrocha, cuando decidió acompañar a Iván Velásquez hasta Guatemala en un ambicioso proyecto de investigación judicial enmarcado en lo que se conoció como la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig). Se trató de una herramienta para apoyar al Ministerio Público (la Fiscalía guatemalteca), la Policía Nacional Civil y a otras instituciones del Estado en la investigación de los delitos cometidos por integrantes de los grupos ilegales y aparatos ilícitos de seguridad.
Camargo Garzón fue nombrada como la jefa del Departamento de Investigación y Litigio, un cargo que, en palabras más sencillas, podría equipararse al del director técnico de un equipo de fútbol. Su jefe seguía siendo Velásquez y la fiscal de Guatemala, Thelma Aldana, pero bajo su control estaban todos los investigadores y funcionarios de la Cicig que, de la mano del Ministerio Público de ese país centroamericano, lograron lo impensable: llevar a la cárcel a un presidente.
La investigación puso en jaque al país, pues lo que lograron revelar es que el entonces primer mandatario, Otto Pérez Molina, y la exvicepresidenta Roxana Baldetti fueron parte de un esquema de corrupción en el que importadores pagaron millonarias sumas de dinero, a cambio de pagar menos impuestos.
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El caso se conoció como La Línea. Según el propio Velásquez, el expediente alcanzó a sumar más de 600 correos electrónicos y 88 mil interceptaciones legales con pruebas tan contundentes como para afirmar que el expresidente Pérez Molina y la exvicepresidenta Baldetti recibían el 50 % de todos los pagos ilegales. “Encontramos cuadros en los allanamientos que muestran que, por ejemplo, en solo una semana, a estos dos altos funcionarios del gobierno de Guatemala les pagaban cerca de US $400 mil dólares. Esa era la dimensión del caso. Fueron millones de dólares”, explicó el hoy ministro Velásquez a El Espectador en una entrevista en 2015. Detrás de esa investigación que llevó a la cárcel a ambos funcionarios estuvo Luz Adriana Camargo.
La mano derecha de Camargo en esas pesquisas fue Juan Francisco Sandoval, el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad de Guatemala. “La época más productiva de la Comisión inició en 2014, precisamente cuando Iván Velásquez era comisionado y Luz Adriana Camargo era jefa de investigaciones. La gestión de ella fue productiva como no tienen idea. Si se habla del legado de la Cicig en Guatemala, la época más productiva fue por la época que estuvo Luz Adriana. Con ella es que pudimos sacar adelante casos como el de La Línea”, relató Sandoval a El Espectador desde el exilio. Ahora vive en Washington, en donde se refugió en 2021, tras huir de Guatemala por presiones y amenazas por las investigaciones que logró llevar hasta la justicia de su país.
“El conocimiento y la experiencia que trajo de Colombia, luego de estas en la Corte Suprema, fue clave para nuestro trabajo. Conocía muy bien la manera de investigar grandes redes criminales y eso nos permitió entender lo grave que estaba sucediendo”, agregó Sandoval. El caso de La Línea solo fue uno. Según su narración, Camargo también estuvo en casos tan importantes como el que permitió desenmascarar una red de financiación ilegal de campañas políticas; un esquema de desviación de recursos públicos en el seguro social y en el Congreso; un sofisticado mecanismo de lavado de dinero, en el que participaron altos funcionarios del Estado; y un complejo sistema corrupto en el que se amañaron las elecciones de magistrados de las cortes para garantizar la impunidad en cientos de casos.
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“Ahora puede sonar fácil lo que les cuento, pero hay que ser conscientes de lo que implica desentrañar esas grandes estructuras criminales. Eso no hubiera sido posible sin aplicar una estructura de investigación en la que el papel de Luz Adriana Camargo fue fundamental”, puntualizó Sandoval, quien recuerda con cariño una anécdota que coincide con el talante de la fiscal que otros colegas de la hoy fiscal le describieron a este diario.
Ocurrió a comienzos de 2014, cuando Velásquez le presentó al equipo a su nueva jefa de investigación y litigio. “Usted sabe que en nuestros países estamos muy acostumbrados a las ceremonias y el protocolo. Por eso me impactó lo que ocurrió cuando a ella le tocaba dar el discurso y lo único que dijo fue: ‘Vamos a ponernos las boticas y a trabajar’”, contó Sandoval.
Fue un trabajo imparable. Así describió otro funcionario del Ministerio Público que coincidió con Camargo, pero que pidió no ser identificado. Todavía hoy los efectos de las investigaciones están vivos en Guatemala. Fiscales como Sandoval, y su jefa, Thelma Aldana, terminaron en el exilio. ¿La razón? Llegaron a fibras intocables que terminaron en el poder judicial y la única forma que encontraron de ocultar sus hallazgos fue a través de la persecución. Iván Velásquez y Luz Adriana Camargo no se escaparon de esa campaña, para muchos de desprestigio, y ambos son hoy personas no gratas en Guatemala. Incluso, el ministro de Defensa tiene un proceso en por su supuesto rol en el entramado de corrupción de Odebrecht en ese país.
Su paso por otras aguas internacionales
Ya por fuera de Guatemala, Luz Adriana Camargo se dedicó a asuntos de libertad de expresión y sus informes como experta fueron usados en varios casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El trabajo internacional lo entrelazó con investigaciones en Colombia, especialmente en asuntos de violaciones de derechos humanos, como el asesinato de líderes sociales, defensores de derechos humanos y firmantes del Acuerdo de Paz entre las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos.
El último encargo lo hizo de la mano de la Secretaría de Transparencia, a cargo de Andrés Idárraga, en asuntos de contratación estatal. Fuentes cercanas al Gobierno señalaron que el nombre de Camargo llegó a oídos del presidente, no solo de su ministro de Defensa, sino también de voz de Idárraga.
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Colegas y amigos de Luz Adriana Camargo le contaron a El Espectador que el hecho de que hubiera aceptado estar en la terna fue una sorpresa para muchos, pues ya estaba disfrutando de un ritmo de vida tranquilo, entre viajes y su pasión por el tenis. “Ella logró un punto en su carrera profesional en la que ya estaba más allá del bien y del mal. Estaba viajando al Caribe con frecuencia, pasando largos períodos sin regresar a los afanes de la ciudad. Por eso creemos que su decisión de estar en la terna responde a su compromiso inquebrantable con el deber como abogada y su compromiso con el país. Está viendo una hoguera encendida y cree que puede apagarla”, expresó un colega que la conoce hace más de 10 años, pero pidió no revelar su nombre, pues sigue vinculado a la Rama Judicial.
“Veremos si se atinó o no”, fueron las palabras del presidente Petro luego de conocer la decisión de la Corte Suprema de nombrar a la exjueza, exfiscal y exmagistrada auxiliar como cabeza del búnker. ¿Será Camargo una fiscal independiente del Gobierno y de su ministro de Defensa? Esa pregunta, por más que ella no quiera, es un manto que desde ya cubre su administración.
Quienes la conocen saben que su independencia está por encima de un funcionario de gobierno. “Si debemos temer algo de Luz Adriana es su desconocimiento de las movidas políticas que inevitablemente pasan por un cargo como el del fiscal general. Pero creo que, en todo caso, el país está al frente de un precedente: por fin tenemos a una fiscal ajena de la política. Al menos por ahora”, concluyó un exmagistrado de la Corte.
* Con reportería de Santiago Díaz Gamboa.
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