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“En Segovia (Antioquia) no se sentía un silencio similar, desde la masacre de 1988″. Así describen los habitantes de ese municipio del nordeste de Antioquia la situación actual de la región, en medio del paro minero que ya completa cuatro días. Asesinatos de líderes ambientales, desplazamientos forzados, bombardeos militares y hostigamientos de grupos armados son algunos de los hechos vividos allí durante los últimos meses.
Una situación agravada por el asesinato del líder minero Jaime “Mongo” Gallego, cuyo cuerpo fue hallado en el municipio de Vegachí, el pasado 9 de marzo, y que habría sido perpetrado por el Clan del Golfo. Mismo grupo detrás del control de las rentas ilícitas de la explotación de oro en la región.
El primero en atribuir el asesinato de Gallego al Clan del Golfo fue el presidente Gustavo Petro, luego de un bombardeo el pasado 23 de marzo, en Segovia. En la operación, coordinada por el Ejército Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, murieron nueve presuntos combatientes de ese grupo. “Esta unidad del Clan ya había participado en la emboscada al Ejército (en 2024) y en la desaparición y asesinato de nuestro compañero Gallego, de la Colombia Humana”, dijo el mandatario.
La información fue confirmada también por el comandante general de las Fuerzas Militares, el almirante Francisco Cubides, y por fuentes de la institución, quienes le dijeron a El Espectador que a esa conclusión habían llegado tras investigaciones de inteligencia militar.
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Sin embargo, el bombardeo recrudeció la violencia en el nordeste de Antioquia. Entre los combatientes muertos estaban alias Hitler y alias Neymar, dos de los líderes del Clan del Golfo en la región. Fuentes de la región, cuyas identidades se mantienen bajo reserva por motivos de seguridad, le contaron a este diario que el grupo armado amenazó con cobrar las muertes de sus combatientes.
“Por cada uno de nosotros que maten o capturen, será uno de ustedes”, señalaron las fuentes. La razón de fondo de esas amenazas, apuntan fuentes expertas, es el control de la explotación de ilegal de vetas de oro en Remedios y Segovia, y de oro de aluvión en el cañón del río Porce.
Desde hace años, líderes mineros y ambientales vienen denunciando amenazas y presiones por parte del Clan del Golfo, que ha buscado infiltrarse en sindicatos mineros e instrumentalizar a los trabajadores para acceder a las ganancias de esa actividad. Gallego fue uno de los voceros de esas denuncias, hasta que fue secuestrado y asesinado.
Lo propio ha hecho la Defensoría del Pueblo, en al menos tres llamados de atención sobre la inminente amenaza en contra de los mineros y habitantes de la región. En su primera alerta, en 2022, la entidad expuso el riesgo al que estaban expuestas las comunidades de Segovia, Remedios, Vegachí, Amalfi y Anorí por la presencia del Clan del Golfo, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las Farc.
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Luego, el 19 de mayo de 2023, se conoció una segunda alerta sobre los riesgos de la labor de defensores de derechos humanos, líderes y lideresas a nivel nacional. En ese documento, Segovia apareció en nivel de riesgo extremo. En febrero del año pasado, los enfrentamientos entre el Clan del Golfo y ELN por el control territorial, causaron el confinamiento y desplazamiento de 800 familias de cinco veredas de Segovia. Además, una persona fue víctima de una mina antipersonal cuando salía de la región.
Luego, el 26 de enero de este año, la entidad advirtió que los enfrentamientos entre disidencias de las Farc, el Clan del Golfo y ELN en el nordeste de Antioquia y en el Bajo Cauca causaron el desplazamiento de 160 familias.
Carlos Andrés Zapata, presidente del Instituto Popular de Capacitación (IPC), le explicó a El Espectador que la insistencia del Clan del Golfo en controlar la minería de oro en el nordeste de Antioquia se debe al mal momento que pasa el negocio de la hoja de coca. Durante años, los grupos armados han alternado allí su financiación entre el control de la minería y de los cultivos de uso ilícito.
“Las estructuras ilegales están migrando del control territorial y de la coca en el sur de Bolívar y el Bajo Cauca, a la minería. Hay una disputa por el control directo o el cobro de extorsiones para explotar y operar maquinaria”, dijo el investigador. Agregó que el Clan del Golfo cobra entre $3 y $10 millones mensuales por la operación maquinaria minera en la región.
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En otros casos, el mismo grupo armado se ha apropiado de máquinas para explotar el mineral. Una disputa territorial que, como lo advirtieron los defensores de derechos humanos y líderes sociales de la región, podría llevar a un escenario similar al del Catatumbo. Según cálculos del IPC, el recrudecimiento de la violencia por el control minero del Clan del Golfo en Antioquia podría causar el desplazamiento de al menos 20.000 personas.
El investigador Zapata agregó que existe también una relación directa, por conexión geográfica, con el sur de Bolívar y la Serranía de San Lucas, por donde el Frente 33 de las disidencias de las Farc tendría una ruta de tráfico de narcóticos. Una zona de disputa con el Clan del Golfo en la que, tras los enfrentamientos de finales de diciembre e inicios de enero, hubo siete desplazamientos masivos.
Mientras que en la región se sigue fraguando a sangre y fuego el control del Clan del Golfo sobre el oro explotado ilegalmente, avanzan las mesas de negociación de líderes ambientales y el Gobierno. Desde Bogotá, la Mesa de Diálogo Interinstitucional del Paro Minero en el Nordeste exige, en primer lugar, el cumplimiento de los acuerdos de octubre de 2024 que contemplan, entre otros puntos, la priorización de medidas para formalizar a mineros ancestrales y diferenciarlos de las actividades de extracción ilícita.
Se espera que el paro se levante el próximo sábado, pero los mineros exigen medidas de protección para las comunidades y líderes mineros que hoy asumen con preocupación la tarea que dejo Jaime Gallego.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
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