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Grupos de guerrillas en los años 80. Paramilitares en la década del 90. Expansión de grupos residuales de las autodefensas desde 2023. Esta ha sido la gobernanza ilegal que han sufrido durante más de cuatro décadas algunas de las comunidades indígenas del pueblo arhuaco en el departamento de Magdalena. Una guerra que les ha costado desplazamientos, amenazas, despojos, dolor y sangre a 629 personas de la comunidad Seynurwa, en el municipio de Aracataca, y a 562 integrantes del asentamiento Singuney, en Fundación. El reconocimiento de esas violencias hoy está en manos de los jueces de tierras de Santa Marta, ante quienes fueron radicadas dos demandas de restitución que buscan devolverles la propiedad sobre más de 16.000 hectáreas.
Se trata de dos recursos claves, interpuestos por la Unidad de Restitución de Tierras (URT). Es la primera vez, desde la creación de la Ley de Víctimas de 2011, que esa entidad del Estado le pide a los jueces de la República que reconozcan los derechos étnicos y territoriales de los indígenas arhuacos sobre territorios históricamente golpeados por la violencia en cercanías a la Sierra Nevada de Santa Marta. El Espectador accedió a las dos demandas, que suman 338 páginas, y que detallan la forma en la que los habitantes de las comunidades Seynurwa y Singuney han sufrido durante años, y aún hoy, el control territorial ejercido por los grupos ilegales y la respuesta, muchas veces violenta, por parte del Estado y de las fuerzas militares.
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Dos comunidades, un territorio y una guerra
Las demandas exponen en detalle cómo las dos comunidades han sufrido, en el marco del conflicto, el abandono, despojo y confinamiento sobre sus territorios colectivos, además de vulneraciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario por parte de distintos actores armados. Entre esas violencias se cuentan, por ejemplo, “afectaciones a la soberanía alimentaria, autonomía, gobierno propio y relación espiritual con el territorio colectivo”. También señalamientos, amenazas y restricciones a la movilidad que han impedido que los integrantes de 150 familias, unas 1.191 personas que hacen parte de Seynurwa y Singuney, disfruten a plenitud de su territorio.
Ambos recursos explican que la Sierra Nevada de Santa Marta ha sido históricamente un espacio estratégico para los grupos armados y, por ende, disputado desde mediados de los años 70 por la expansión de las economías ilegales. Hacia 1980, la zona se convirtió en centro de presencia y disputa entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las antiguas Farc. “La configuración geográfica de la sierra —caracterizada por zonas montañosas de difícil acceso, amplia cobertura boscosa y limitada presencia institucional— facilitó el establecimiento de estructuras guerrilleras, permitiéndoles desarrollar actividades de control territorial, movilidad táctica y resguardo frente a la acción estatal”, dicen las demandas.
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Las Farc consolidaron con mayor fuerza su poder criminal, tras el despliegue de 16 frentes guerrilleros en 1982. Y fueron las comunidades indígenas Seynurwa y Singuney las que sufrieron los mayores embates de su control ilegal. El Estado intervino y la cuenca del río Aracataca se convirtió en zona de campamento del Ejército. “Por ser un punto de confluencia de actores armados, en la parte baja del cerro había fosas comunes, lo cual afectaba la armonía del lugar. Además de convertirse en una zona donde no se podía transitar libremente, lo cual generó que los mamos no pudieran acceder para el desarrollo de sus pagamentos y prácticas tradicionales, profundizando la afectación espiritual para todo el territorio”, señalan los documentos.
Entre los hechos cometidos por las guerrillas en contra de la comunidad Seynurwa de Aracataca está el reclutamiento forzado de menores, como el caso del niño José Miguel Zalabata, en 1990. También el confinamiento de población civil, las restricciones a la movilidad y al ingreso de alimentos ejercidos por las Farc y el ELN, denunciadas por los indígenas. “Estas dinámicas implicaron una afectación directa al ejercicio del gobierno propio y a la autonomía territorial, en tanto las decisiones sobre el uso del territorio comenzaron a estar condicionadas por la presencia de actores armados externos”, dice una de las demandas. Sumado a la instalación de minas que tuvo su pico hacia el año 2000 en los caminos de acceso al territorio.
El dominio paramilitar y la guerra del Estado
La larga lista de violencias sufridas por las comunidades indígenas y que, según la demanda de la URT, configuraron durante más de 40 años el despojo de sus tierras, la completan los hechos atribuidos a estructuras paramilitares que siguen operando en la Sierra Nevada de Santa Marta. El motor de esa guerra fueron, en gran parte, los cultivos de uso ilícito. “El surgimiento de estos grupos en la región respondió a la convergencia de tres factores: la herencia de la bonanza marimbera, la amenaza guerrillera y la demanda de seguridad por parte de sectores económicos, especialmente agroindustriales y exportadores en municipios como Santa Marta, Ciénaga, Zona Bananera y Aracataca”, señalan ambos documentos.
En el caso de la comunidad Seynurwa, en Aracataca, la demanda de restitución de tierras dice que hacia 2003, como lo han señalado informes y sentencias judiciales, “existían presuntas relaciones de colaboración, tolerancia o aquiescencia entre integrantes de la fuerza pública y estructuras paramilitares en la zona”. Las amenazas contra población civil, los asesinatos de líderes comunitarios como el mamo Dámaso Torres, en 2003, obligaron a la comunidad a desplazarse de su territorio y dejar abandonadas las tierras que hoy buscan recuperar. La desmovilización de los paramilitares durante el primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez tampoco le puso freno a la situación, pues aparecieron grupos como las Águilas Negras.
Hoy, las comunidades Seynurwa y Singuney siguen sufriendo los embates de la violencia, que ha tomado el rostro de otros actores como las llamadas Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), un grupo ilegal que en su momento fue aliado del Clan del Golfo en el proyecto de mantener el control ilegal del territorio. Ni el cese al fuego anunciado en enero de 2023 por el gobierno del expresidente Gustavo Petro, en el marco de su paz total, sirvió para bajarle la temperatura a la guerra en esa región. Las demandas exponen, por ejemplo, que el 6 y 7 de marzo de 2026 hubo enfrentamientos entre grupos armados en los que nueve indígenas resultaron heridos por explosivos y algunos menores fueron reclutados.
Además, ambas comunidades indígenas han perdido su autonomía y la posibilidad de ejercer su gobierno propio en las 16.743 hectáreas aledañas a la Sierra Nevada de Santa Marta, sobre las cuales han perdido todos sus derechos. Esto ha puesto en jaque su seguridad y soberanía alimentaria; les ha imposibilitado trabajar en sus actividades productivas, acceder a los recursos que ofrece el territorio, además de afectar los ecosistemas y lugares sagrados. Sin dejar de lado los homicidios, torturas, desapariciones forzadas, actos de violencia sexual y siembra de minas que han vulnerado gravemente los derechos de dos comunidades que, además, son sujeto de una protección especial que durante décadas les ha sido esquiva por parte del Estado.
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Eso es, en últimas, lo que está en juego en los dos procesos que ahora tienen en sus despachos los jueces de tierras de Santa Marta. Las demandas podrían beneficiar a más de 150 familias, es decir, a más de 1.000 indígenas. Pero el reclamo no termina con la devolución de las 16.743 hectáreas. La URT también pide que se ordene una reparación integral que les permita recuperar la autonomía y el gobierno que la guerra les arrebató, así como proteger y restaurar el territorio ancestral, sus sitios sagrados y los ecosistemas que los rodean. Después de más de cuatro décadas de guerrillas, paramilitares, desplazamientos y abandono estatal, los jueces deberán decidir si la reparación consiste únicamente en devolverles un territorio o en garantizar que puedan volver a habitarlo, gobernarlo y protegerlo como lo hicieron sus ancestros.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Gustavo Montes Arias
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