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“Expreso mi cercanía a la comunidad de San José de Apartado, en Colombia. Hace pocos días fueron asesinados una joven y un niño”. La frase es de nada menos que del papa Francisco quien, desde la plaza de San Pedro en Roma, envió un mensaje a esta población del Urabá antioqueño durante la misa del Domingo de Ramos. Los hechos que recordó el sumo pontífice ocurrieron el pasado 19 de marzo, luego de que la propia comunidad denunciara que, desde hace semanas, han recibido amenazas de hombres armados que pertenecerían al Clan del Golfo.
Las palabras del papa Francisco permiten recordar la historia de esta comunidad que lleva décadas tratando de evitar que la guerra siga acabando con sus vidas y con el proyecto de sus habitantes de permanecer en la tierra que les pertenece. Todo comenzó el 23 de marzo de 1997, cuando un grupo de campesinos del corregimiento de San José Apartadó, de la mano y asesoría del padre Javier Giraldo, se declaró neutral frente al conflicto y decidieron no cooperar, directa o indirectamente, con grupos guerrilleros o paramilitares, y tampoco con las Fuerzas Militares.
Con esa posición política frente al conflicto, nació la Comunidad de Paz de San José de Apartado. Con gobierno propio y autonomía para tomar decisiones, la declaración de neutrales les valió un par de años de tranquilidad, mientras el territorio seguía sumido en una guerra sanguinaria entre guerrilleros y paramilitares. La dicha acabó el 21 de febrero de 2005, cuando hombres armados ingresaron a la comunidad y asesinaron a sangre fría a cuatro adultos, un adolescente y tres niños –entre ellos una pequeña de 5 años y uno de 2– en las veredas Mulatos Alto y La Resbalosa.
Los hechos se conocieron como la masacre de San Jose de Apartadó y la justicia ya logró probar que los responsables fueron miembros del Ejército, en alianza con el bloque paramilitar Héroes de Tolová, al mando de Uber Darío Yánez, uno de los hombres de confianza de alias Don Berna. Desde que ocurrió la masacre, el gobierno de entonces, al mando de Álvaro Uribe Vélez, criticó a la comunidad y cuestionó que no permitieran la presencia del Ejército en la zona. Sin embargo, poco tiempo después se supo que fueron sus propios hombres quienes dispararon contra los civiles.
La operación que terminó en la masacre de la Comunidad de San José de Apartadó
En febrero de 2005, la Brigada VXII del Ejército expidió la misión táctica Fénix para “proteger” a la Comunidad de San José de Apartadó, en el Urabá antioqueño. El teniente coronel (r) Orlando Espinosa Beltrán ordenó a cuatro pelotones patrullar la zona. Sin embargo, terminaron aliándose con paramilitares del bloque Héroes de Tolová con el fin de localizar supuestos campamentos subversivos. Ocurrió todo lo contrario. Asesinaron con machete a Luis Eduardo Guerra, a su hijo de 11 años y a su esposa. Fueron retenidos, interrogados y torturados cerca del río Mulatos.
“Sobre el medio día del 21 de febrero de 2005, los paramilitares se encontraron con una casa que creyeron ocupada por guerrilleros y la atacaron con armas de fuego. En esa acción murieron Alejandro Pérez y Sandra Milena Muñoz. Después del ataque, revisaron la residencia y hallaron con vida a dos niños, Natalia (cinco años) y Santiago (dos años) Tuberquia Muñoz. El padre de los niños, Alfonso Tuberquia hizo presencia minutos después e intentó proteger la vida de sus hijos, pero los paramilitares desatendieron sus llamados y lo ejecutaron junto a su hija e hijo con el uso de armas cortantes”, explicó la Jurisdicción Especial para la Paz.
Ninguno de los militares reportó la muerte de los miembros de la comunidad y, por el contrario, continuaron con su patrullaje como si nada hubiera pasado. Solo hasta 2019, la Corte Suprema de Justicia condenó a seis uniformados por su responsabilidad en la masacre. Los responsables fueron: el coronel (r) Orlando Espinosa Beltrán; el mayor (r) José Fernando Castaño López; los sargentos (r) Henry Agudelo Cuasmayán Ortega y Ángel María Padilla Petro; y los cabos Ricardo Bastidas Candia y Sabaraín Cruz Reina.
“Los miembros del bloque Héroes de Tolová de las Autodefensas Unidas de Colombia dieron muerte a ocho civiles, so pretexto de que se trataba de guerrilleros, y en fosas comunes enterraron los cuerpos de unas de las víctimas, mientras que los de otras los dejaron ocultos entre la vegetación. Los militares que aceptaron patrullar la región simultáneamente con los integrantes de las AUC, estuvieron cerca de los sitios donde ocurrieron las muertes cometidas por éstos, y aun cuando se enteraron de ese accionar de los ilegales no reportaron la ocurrencia de los respectivos decesos”, explicó la Corte Suprema en la condena.
Un caso de lesa humanidad
Cuando la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) arrancó sus labores, después de la firma del Acuerdo de Paz en 2016, cientos de miembros de la Fuerza Pública tocaron sus puertas para poder acceder a sus beneficios y salir de la justicia ordinaria. Para muchos, y en términos prácticos, entrar a ese sistema podía significar quedar en libertad. Ese fue el caso de varios militares que estaban siendo procesados por su responsabilidad en la masacre de San José de Apartadó.
Uno de ellos fue el teniente coronel (r) Espinosa Beltrán, quien le pidió a la JEP que lo dejara libre, no solo porque consideraban que los hechos por los cuales fue investigado, juzgado y condenado en la justicia ordinaria ya prescribieron, sino porque, a cambio de verdad, podía acceder a ese beneficio. Sin embargo, la JEP no solo le negó la petición, sino que elevó el expediente a crimen de lesa humanidad, por lo cual el Estado está en la obligación de investigar tales crímenes para siempre.
El teniente coronel en retiro llevó su caso a la JEP en 2019. Le fue sustituida la prisión en cárcel por una reclusión en unidad militar. A principios de 2021 hizo cuentas sobre las reglas contempladas en el Código Penal y consideró que, como ya pasaron 10 años desde que lo acusaron, podría quedar en libertad por prescripción de la acción penal. Si embargo, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP le negó la petición. A la misma conclusión acaba de llegar la Sección de Apelación, la cual elevó los delitos investigados a crímenes de guerra y de lesa humanidad.
“La dignidad humana, la vida, la integridad y la sociabilidad pacífica fueron gravemente ultrajados por motivos políticos que anularon la condición humana de las víctimas. Por ello, constituyen una muestra del mal radical que lesionó a la humanidad representada en la población en San José de Apartadó en 2005. Bajo ese marco interpretativo, las conductas imputadas al señor Espinosa Beltrán deben ser declaradas crímenes de guerra y de lesa humanidad y, por tanto, imprescriptibles”, señaló la Sección de la JEP.
Para tomar su decisión, la JEP encontró que la comunidad en San José de Apartadó ha sido históricamente vulnerada por las fuerzas de seguridad del Estado. Para 2000, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reportó al menos 47 asesinatos en las mismas condiciones de la masacre de 2005. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), en 2012, estableció que hubo una “línea de conducta”, tras diversos eventos de asesinatos, torturas y desapariciones forzadas.
Amenazas sin tregua
El padre Javier Giraldo, organizaciones de derechos humanos y líderes sociales han denunciado, desde 2005, que la violencia contra la Comunidad de Paz de San José de Apartado jamás ha parado. Las autoridades no tienen cifras consolidadas, pero desde ese momento se han registrado desplazamientos, amenazas, homicidios y varios casos de violencia sexual. Todos los hechos los conocen, no solo la justicia colombiana, sino también el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, pero la zozobra sigue permanente en la comunidad.
La situación ha alcanzado momentos críticos nuevamente por la alta presencia del Clan del Golfo en la zona. Desde hace al menos tres años, la comunidad ha denunciado que este grupo de origen paramilitar lanzó una campaña bajo el nombre: “No Más Comunidad de Paz”, cuyo objetivo es realizar montajes judiciales contra los principales líderes de esta comunidad, además de acabarla por completo. A través de ella, hasta un contratista de la Alcaldía estaría buscando testimonios para incriminar a sus miembros con grupos guerrilleros.
Además, estructuras ilegales también estarían comprando tierras cercanas a la Comunidad y realizando patrullaje sin “ser molestados por nadie”. El caso más reciente fue el asesinato ocurrido esta semana. Las autoridades ya identificaron a las víctimas: Nallely Sepúlveda y Edison David. El crimen coincidió con la visita del presidente Gustavo Petro y varios delegados de su gobierno a la zona. Sin embargo, la comunidad denunció que el Estado había demorado más de 17 horas en llegar a hacer el levantamiento de los cadáveres.
“Hace dos días, todo el gobierno estuvo allí en Apartadó y nos reunimos con miembros de la comunidad en la Asamblea Popular. A nuestro regreso asesinaron dos miembros más de la comunidad. Fuerzas oscuras quieren reeditar el paramilitarismo en el noroeste del país”, declaró el presidente Petro. Mientras se adelantan las investigaciones, las primeras hipótesis apuntan a que los responsables serían miembros del Clan del Golfo, el mismo que durante esta semana le pidió pista al gobierno Petro para entablar una negociación de paz.
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