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Lo que ocurrió el pasado sábado 21 de marzo en el patio 2 -o el “patio de los paisas”-de la cárcel de máxima seguridad de Cómbita no fue una riña cualquiera. Ese día, hacia las 2 de la tarde, un hombre, cuya identidad no se conoce aún, atacó a Alejandro Mazo Pulgarín con un arma cortopunzante hecha de manera artesanal, probablemente dentro de la misma prisión. Algunos de sus compañeros de celda reaccionaron y mataron al agresor. La Fiscalía ya anunció que “inició investigación por estos hechos”, pero, más allá de esclarecer responsabilidades sobre quién mató a Mazo, lo que se empieza a indagar son las implicaciones de su muerte.
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Mazo Pulgarín no era un recluso del montón: era Titi, el jefe de Los Pachelly, una banda de crimen organizado que, por años, ha azotado con su violencia a Bello, “el patio trasero de Medellín”, como lo describe una fuente cercana al Concejo de ese municipio. Es un pueblo pequeño que hace parte del Valle de Aburrá y no pasa de los 600.000 habitantes, en el cual el tema del narcotráfico es tan grave que más de una vez ha sido militarizado. La última fue el pasado 6 de marzo, antes de que las autoridades pasaran a enfocarse solo en el nuevo coronavirus, que en Colombia ya registra 470 casos y cuatro muertes, según el Instituto Nacional de Salud.
Ese 6 de marzo, luego de un consejo de seguridad que lideró el propio ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, se ordenó la presencia de las fuerzas militares en tres sectores específicos de Bello: Niquía, Bellavista y Pachelly, justamente el sitio donde nació la banda que lideraba Titi. “El Ejército Nacional y la Policía realizarán una intervención especial contra la extorsión conocida como puerta a puerta en Bello, se darán a conocer los resultados de esta acción especial y de choque en los próximos 60 días”, anunció entonces el ministro Trujillo. Para las autoridades, es posible pensar que el COVID-19 y la orden de cuarentena ayudó en sus propósitos.
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Otra característica de las bandas de Bello es su conexión con los antiguos grupos paramilitares: Alejandro Mazo Pulgarín, por ejemplo, estuvo en las filas del Bloque Centauros de las autodefensas, el cual comandaba Miguel Arroyave -asesinado en 2004 por sus propios hombres- de la mano de Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario. Este último, luego de darle la espalda al proceso de desmovilización paramilitar, fundó las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o, para las autoridades, el Clan del Golfo. El año pasado, grafitis de las AGC aparecieron por todo Bello y desde entonces se habla de su llegada al municipio.
Las autoridades, hasta la fecha, no han confirmado por completo la presencia de las AGC en el Valle de Aburrá. Lo que temían era que entrara a la guerra que ya venían librando los Pachelly contra otros dos grupos temidos en Bello: El Mesa y Niquía. Todas son bandas que se dedican a la extorsión, al microtráfico, a los préstamos gota a gota e, incluso, a cobrar a quien “ose” construir un edificio nuevo. Titi estaba en Cómbita porque, según la Fiscalía, a pesar de haber terminado de pagar una condena en 2016 por fabricación, tráfico o porte ilegal de armas de fuego y concierto para delinquir, salió de la cárcel para volver a sus andanzas.
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La Sijín de la Policía lo capturó por primera vez el 15 de agosto de 2013. Para esa época, las denuncias de habitantes de Bello por “vacunas”, extorsiones, desplazamientos y homicidios inundaban la sede local de la Fiscalía y la Policía. Los delitos que siguió cometiendo al salir de la cárcel fueron la prueba para las autoridades de que Titi nunca dejó de ser parte de los Pachelly, ni siquiera tras las rejas. En 2019 fue detenido en una finca en San Carlos (Antioquia) y, según la Fiscalía, su banda ya no solo operaba en Bello: tenía influencia también en Girardota, Copacabana y Medellín.
Desde 2018, antes de que Titi fuera nuevamente enviado tras las rejas, arreció una fuerte pugna entre los Pachelly y El Mesa, otro combo pesado de Bello. El asunto era delicado que el propio presidente Iván Duque fue hasta Bello, encabezó un consejo de seguridad, ordenó construir un batallón y pidió el traslado de decenas de policías e investigadores judiciales. La medida, sin embargo, sirvió de poco. En 2019, en Bello se superaron los 120 homicidios y el municipio tuvo su año más violento en la última década. La guerra entre los Pachelly y El Mesa ha sido a muerte y, aunque al parecer hubo una tregua desde octubre de 2010, esta se habría acabado en febrero pasado.
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Con ese pacto de no agresión convivieron los presos del patio 2 de Cómbita hasta el pasado 21 de marzo, cuando un hombre, en una operación kamikaze, entró con un arma rústica al sitio de reclusión de Titi para matarlo y para terminar él también, inevitablemente, sin vida. La Fiscalía ya anunció investigaciones al respecto. Lo que urge en Bello, más allá de que se sepa quién fue el interno que asesinó a Titi mientras este se encontraba bajo la tutela del Estado, es la desarticulación de todos los grupos ilegales que allí son ley. Aunque sus habitantes, lo que más temen ahora, son las retaliaciones que vendrán tras la muerte de este jefe de los Pachelly.
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