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Un juzgado especializado de Restitución de Tierras de Montería, acaba de devolver a su dueño el predio Los Campanos, en Valencia (Córdoba), el cual estuvo en manos del paramilitarismo durante los años noventa e inicios de este siglo. Carlos*, el campesino hoy beneficiado, adquirió el terreno gracias a una donación fraudulenta que realizaron los jefes paramilitares del clan Castaño. Este fue uno de los casos de los cientos de campesinos en Córdoba y Urabá que, por medio de la fundación fachada Funpazcor, recibieron 10.000 hectáreas. Luego, el grupo paramilitar los despojó violentamente.
Sobre el predio de Carlos, ese pacto fraudulento se hizo mediante un escritura pública del 31 de diciembre de 1991, otorgada por una notaría en Montería. Luego, en 1998, el hoy restituido campesino, fue despojado de Los Campanos “como consecuencia de la presión y coacción por parte de la señora Sor Teresa Gómez Álvarez, quien asumió la representación y gerencia de Funpazcor, manifestándole que debía entregarles las tierras. Este, por temor a las represalias, acató dicha orden, aduciendo que firmó un papel en blanco”. Gómez Álvarez es la hermana de crianza de los hermanos Castaño y quien fue condenada en dos oportunidades por los desplazamientos forzados que le generó a campesinos como Carlos.
En septiembre de ese año, el predio pasó a ser de Rogelio Antonio Zapata Vanegas, quien luego se lo vendió a Onel María de la Cruz Pinto. Estos dos hombres han sido mencionados en otros procesos de restitución de tierras en Córdoba como dos de las personas que habrían servido de testaferros del grupo paramilitar. A su vez, los jueces han compulsado copias en contra de ellos para que la Fiscalía investigue su presunta relación con Sor Teresa Gómez y el jefe paramilitar alias Monoleche. Finalmente, en diciembre de 2001, el predio terminó en manos de Kenia Susana Gómez Toro, esposa del jefe paramilitar Carlos Castaño y última propietaria inscrita del predio.
El contexto del despojo
Desde 1990 a 1994, con la desmovilización de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) y luego de la guerrilla del EPL la violencia en esta región descendió drásticamente, gracias a los sucesivos gestos de paz entre los grupos armados, dice el juzgado de restitución de tierras. “A esto lo acompañó el anuncio de Fidel Castaño de un cese al fuego unilateral y la creación de Funpazcor, entidad esta que anunció una reforma agraria integral, que consistiría en entrega de tierras a los campesinos de la región, acompañada de asistencia técnica y financiación”, dice la sentencia conocida por este diario.
En abril de 1997, nacen las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), conformada por más de 10 organizaciones armadas a lo largo de todo el país y lideradas por Carlos Castaño. Durante su accionar criminal empezaron a atacar a los grupos guerrilleros y dejaron una estela de muerte y despojos indiscriminados a la población civil. “Carlos Castaño y Don Berna consolidaron el poder económico y político de las Auc, quienes junto a sus nuevos líderes y socios decidieron repartirse las propiedades del fallecido Fidel Castaño, irónicamente estos se sirvieron de Funpazcor para desmontar y reversar las adjudicaciones que habían hecho” en Córdoba y Urabá.
A su vez, el despacho de restitución dice que en 1998 las Auc vivieron un proceso de “narcotización” de la mano de Don Berna, quien compró algunos frentes paramilitares en Córdoba, “lo que lo convirtió en la persona más poderosa en la región, así empezó a comprar las tierras a los parceleros bajo presión. Don Berna invirtió allí las ganancias del narcotráfico y reverso la reforma agraria que había montado Fidel Castaño en la región, y los campesinos que habían resultado beneficiados con esa reforma les tocó recibir el dinero que les dio Don Berna y muchos de ellos regresaron a los cinturones marginales alrededor de Montería la capital del departamento de Córdoba”.
Todos los despojos, dice el despacho, se dieron aproximadamente entre 1997 y 2001 y que personas cercanas a Sor Teresa Gómez, entre ellos alias Monoleche y Remberto Álvarez, empezaron a correr la voz que “había que devolverle las tierras al patrón, porque las necesitaba”. Además, los parceleros debían acudir a múltiples reuniones que estos citaban en los municipios de Valencia y Montería, incluso, algunos manifiestan haber recibido cartas firmadas por la misma Sor Teresa. “Así fue como la mayoría aceptó, sin ofrecer mayor resistencia, debido al temor por las posibles represalias, los pocos que se opusieron fueron amenazados, a otros los obligaron a firmar papeles en blanco”.
Un consorcio
En este proceso también se vinculó al consorcio Gran Tierra Energy Colombia, como concesionaria de un contrato de exploración y producción de hidrocarburos que se superpone con el predio Los Campanos. «Por lo anterior y considerando que son las compañías quienes pueden con claridad ofrecer información acerca de las actividades y los lugares exactos donde se están realizando las mismas, exhortamos al despacho para que requiera a la compañía Gran Tierra Energy Colombia LTD, situación que conllevaría a tener una información más detallada acerca de las operaciones que se están realizando en dicha área y consecuentemente determinar en qué partes de ella se efectúan», pidió la Agencia Nacional de Hidrocarburos .
El abogado de Gran Tierra Energy Colombia, Kevin Calvo Anillo, aseguró que “El Contrato de Exploración Y Producción de Hidrocarburos denominado entre la empresa que representa y la empresa Perenco, haciendo parte del Consorcio Gran Tierra Energy-Perenco y la ANH, se encuentra en proceso de devolución ante esta última y como consecuencia de esto, la compañía que represento no está realizando ni realizará actividades propias de exploración y producción de hidrocarburos en el predio objeto de restitución los Campanos”. además pidió que se desvinculara de este proceso a su cliente.
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