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Durante los dos años y medio en los que Néstor Humberto Martínez ocupó el cargo de fiscal general, hubo un fantasma de nombre Odebrecht que no lo desamparó ni un momento. Aunque no siempre fue de público conocimiento su relación con la empresa corrupta, gran parte de su período estuvo marcado por las constantes peticiones para que se apartara de los expedientes, por los cuestionamientos de su falta de transparencia por no haberle advertido a la Corte Suprema de Justicia de sus asesorías legales en el pasado al Grupo Aval, principal socio de la multinacional brasileña en el proyecto Ruta del Sol 2, ni de su participación en la firma de un documento clave que terminó bajo la lupa dentro del escándalo.
A poco más de cien días del inicio de la administración del sucesor de Martínez, Francisco Barbosa, la película pareciera estar repitiéndose. Pero en lugar de Odebrecht, el caso a la sombra del nuevo fiscal es el conocido con el nombre de la “Ñeñepolítica” (cuya hipótesis por confirmar o descartar es si se cometieron delitos electorales justo antes de la segunda vuelta electoral de 2018 en la que Iván Duque resultó elegido presidente), la génesis de este nuevo escándalo político y judicial que dio de qué hablar, la semana pasada, fue la captura de dos investigadores de la Policía que interceptaron las llamadas del ganadero José Ñeñe Hernández en las que se habría evidenciado el delito electoral. Según la Fiscalía, los uniformados interceptaron ilegalmente números que no tenían que ver con el caso.
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Aunque la noticia no tenía relación con la investigación por presuntos delitos electorales, el hecho revivió un debate que arrancó con la posesión de Barbosa, en enero de 2020, y se intensificó cuando se hicieron públicas las llamadas interceptadas, en marzo de este año: la relación entre Barbosa y Duque. Ambos fueron compañeros en la Universidad Sergio Arboleda y mantienen su amistad hasta hoy. “Duque era el del carro y Barbosa era el de las tareas”, dice el portal La Silla Vacía. Abogados y académicos han expresado su preocupación por la cercanía de los dos hombres más poderosos del país, y ahora, con la “Ñeñepolítica” a sus espaldas, los mismos expertos han señalado que el fiscal debería declararse impedido.
La presión para que se aparte del caso ha tomado fuerza. Barbosa, al igual que Néstor Humberto Martínez en su momento, ha dicho que no se va a declarar impedido, que a la Fiscalía no le corresponde investigar al presidente de la república y “que los fiscales son autónomos en la Fiscalía General y yo no soy el fiscal instructor en ese caso concreto”. Exactamente el mismo argumento que sostuvo Martínez hasta sus últimos días en la Fiscalía acerca de Odebrecht. Pese a que ambos se aferran al mismo poste, la Corte Suprema de Justicia ya fue clara en el asunto y, como se sabe, a finales de 2018 apartó a Néstor Humberto Martínez de casos claves de Odebrecht y nombró a un fiscal ad hoc para que siguiera con las pesquisas.
(En contexto: Hallazgos y tropiezos del fiscal “ad hoc” en el caso Odebrecht)
Y este es uno de los puntos en el caso de Barbosa también se empieza a parecerse. Organizaciones como Dejusticia y Transparencia por Colombia le pidieron al alto tribunal que nombre a un fiscal diferentes en los casos que tengan que ver con el Ñeñe Hernández. Y, con una reciente recusación en contra de Barbosa, la petición está calando entre los magistrados. Fuentes cercanas al alto tribunal le contaron a este diario que varios de ellos han sostenido conversaciones informales con sus colegas para llevar el caso a la Sala Plena. Tienen claro que no van a permitir que suceda lo mismo que con Martínez y Odebrecht y quieren, en sus propias palabras, “frenar el toro antes de que salga al ruedo”.
Los juristas que quieren llevar la idea formalmente con sus compañeros sostienen que la designación de un fiscal ad hoc en el caso de la multinacional brasileña logró probar que sí hubo irregularidades en el trabajo que hizo la administración de Martínez en el caso de Odebrecht. Recordaron, por ejemplo, que su Fiscalía se demoró más de un año en activar las órdenes de captura en contra de los exdirectivos de la constructora, Marcio Marangoni, Amilton Hideaki y Eder Ferracuti, cuando ya ninguno estaba en el país. Este último alcanzó en ese tiempo a cerrar dos CDT con más de $900 millones. Y también está el caso de Gina Parody y Cecilia Álvarez, exministras de Educación y de Transporte, respectivamente, a quienes los fiscales de Martínez les archivaron una investigación.
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El equipo del fiscal ad hoc, Leonardo Espinosa, encontró suficientes pruebas para seguir adelante y reabrieron el caso de las exministras. La Corte Suprema supo de todos los hallazgos y tropiezos del fiscal Espinosa cuando recibió el trabajo de la Fiscalía Martínez. Y, también por estos antecedentes, quienes quieren promover la idea de sacar a Barbosa del caso del Ñeñe Hernández saben que el tiempo juega en su contra, pues no quieren que el expediente siga avanzando bajo su administración y que las consecuencias sean similares a las que encontró Espinosa. En contra de Barbosa hay otros dos elementos: el primero, que las elecciones en el alto tribunal son procedimientos que toman semanas, incluso meses.
Y el segundo, que fueron ellos mismos los que eligieron a Barbosa, pese a que desde el comienzo se sabía de su estrecha relación con el presidente Duque (al igual que sabían de los contratos de Martínez con el Grupo Aval antes de llegar a la Fiscalía). Sabían de sus épocas en la universidad y también que Barbosa lo acompañó en su campaña para después aterrizar en la Consejería Presidencial de Derechos Humanos en donde, referenció La Silla Vacía, se adaptó a lo que el presidente quería; “él siempre se adapta. Es flexible”, dice la publicación del 31 de enero de este año. En la Fiscalía el clima es tenso frente a la posible retirada de Barbosa de los casos, pues saben bien que el tema del Ñeñe Hernández es de la más alta importancia.
(En contexto: El audio completo que originó el escándalo de la “Ñeñepolítica”)
Y “quitarle el caso de sus manos sería como quitarle el juguete favorito a un niño de tres años. Además del berrinche, sería un golpe a su ego, que sabemos es bien grande”, expresó a este diario un fiscal delegado ante la Corte. Uno de los magistrados consultados por este diario agregó: “No nos podemos permitir otro golpe a nuestra capacidad de elección ni a nuestra credibilidad con el país, que ya está críticamente lastimada, no solo por el episodio con Martínez, sino también por la crisis que vivimos el año pasado cuando, al tratar de elegir a nuestros propios magistrados, nos quedamos sin quórum, todo por discusiones y peleas internas. Esta vez debemos estar a la altura del momento”. La Corte Suprema de Justicia tiene la última palabra.
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