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El magistrado Milton Chaves es presidente del Consejo de Estado, una de las tres altas cortes del país, desde el pasado 23 de enero. Aunque lleva en la corporación desde 2017, este año ese alto tribunal tiene en sus manos una decisión que podría limitar los poderes de la Procuraduría. En entrevista con El Espectador, el magistrado habló sobre los retos de su presidencia, las relaciones con las otras ramas del poder, la independencia de la justicia y lo que harán para decidir si revisan o no las sanciones de la Procuraduría a funcionarios de elección popular como alcaldes o gobernadores.
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¿Cuáles han sido los principales retos que ha encontrado desde su llegada a la presidencia del Consejo de Estado?
En general nosotros hemos trabajado y avanzado mucho en temas de tecnología, pues la idea es mantener los temas de tecnología. Ya estamos manejando solo procesos electrónicos, prácticamente, la idea es mantener ese tipo de temas y que el Consejo de Estado tenga esa función de supremo tribunal de lo contencioso administrativo. La idea es mantener las cosas que se han hecho y crecer a partir de lo que se ha venido haciendo. Me interesa mucho en este año enfocarme en el bienestar de los empleados de la jurisdicción contenciosa administrativa, porque eso redunda en el usuario de la administración de justicia. Finalmente es el usuario el que se va a ver beneficiado en general por el buen trato y las buenas condiciones que tengan todos los funcionarios.
¿Qué incluye ese bienestar que usted dice?
Incluye que haya Internet, que haya unas instalaciones adecuadas, que haya buenos equipos y en general estamos avanzando bastante bien en eso. Aquí en el Palacio de Justicia estamos en obras de cableado para mejorar el Internet, tenemos próximamente la entrega de un edificio nuevo que nos va a permitir ubicar a 400 empleados del Consejo de Estado, estamos muy pendientes de todas las necesidades que tienen en las regiones, en los tribunales administrativos, en los juzgados; que si bien yo no tengo ni ordenación de gasto ni nada de eso, pero la idea sí es transmitirle al Consejo Superior de la Judicatura todas las necesidades. Tenemos un diálogo sumamente fluido, cordial, con el Consejo Superior de la Judicatura, lo que nos ha permitido avanzar mucho en todos estos temas realmente.
¿Cuáles son los temas prioritarios para el Consejo de Estado este año?
Aquí tenemos una tarea de resolver todos los casos lo más pronto posible. Aquí llegan miles de casos difíciles, porque si el caso es fácil, tenga la seguridad que no llega el Consejo de Estado. Permanentemente, casi que semanalmente, hay decisiones muy importantes que se están tomando. Algunas puede que sean de más prensa que otras, pero tengan la seguridad que todas tienen mucha importancia. Estamos en cada una de las secciones en aras de resolver pronto los procesos judiciales que aquí se plantean en los temas tributarios, en los temas laborales, en los temas electorales, en los temas de responsabilidad del Estado, en temas ambientales, temas de propiedad… en fin. Estamos aquí con un ánimo de resolver rápido y de manera correcta todos los conflictos que aquí se están planteando. Cada caso tiene una complejidad grandísima y tanto en las secciones como en la Sala de Consulta, como en la Sala Plena, estamos permanentemente resolviendo todas esas situaciones.
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Este año la Rama Judicial y el poder Ejecutivo han tenido algunos momentos tensos, sobre todo lo que ha sido referente a la elección de fiscal general por parte de la Corte Suprema de Justicia. Cuando se presentó lo que los magistrados de la Corte Suprema llamaron “asedio” en el Palacio de Justicia, ustedes mostraron su apoyo a esa corte. ¿Cree que ha habido presiones sobre la justicia y que se esté tratando de vulnerar su independencia?
La independencia judicial en este momento está totalmente a salvo. Las personas que están tanto en las altas cortes como en los juzgados y tribunales, son personas absolutamente independientes. La forma como se llega a la jurisdicción, tanto a nivel de juzgados, como a nivel de altas cortes, garantiza una imparcialidad y autonomía absoluta. Obviamente que cuando uno toma decisiones alguien queda disgustado. Pero de allí a que eso vaya a interferir con la independencia y autonomía de la Rama Judicial, hay un trecho muy largo. A través suyo quiero mandarle un mensaje a la ciudadanía, que la independencia y la autonomía judicial están totalmente garantizadas.
Ese mensaje se lo envía a la ciudadanía, ¿a las demás ramas del poder quiere decirles algo también?
En general nosotros tenemos una relación cordial con todas las ramas del poder público. Este es un sistema de pesos y contrapesos: las cortes tenemos la función de controlar al Congreso, y el Congreso de controlarnos a nosotros. Hay una relación cordial con todas las ramas del poder público. En eso no hay ninguna conflictividad y menos por parte de la jurisdicción contenciosa administrativa.
Los presidentes de la Corte Suprema y la Corte Constitucional han tenido la oportunidad de reunirse con el presidente Gustavo Petro y con el presidente del Congreso, ¿usted ya se reunió con ellos?
No, pero seguramente me veré esta semana con el presidente Petro, porque se posesionan cuatro nuevos consejeros de Estado. Seguramente allá nos vemos, siendo yo presidente del Consejo de Estado, porque en otros escenarios hemos tenido otras oportunidades de encontrarnos. Entre tanto, yo he venido hablando con el ministro de Justicia, tuve un encuentro con el ministro de Hacienda. En fin. La relación es muy fluida en general.
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¿Qué han hablado en esas reuniones con los ministros?
Al ministro de Justicia le conté que no íbamos a participar en la comisión de reforma a la Justicia. Le conté que estábamos muy a la expectativa de esperar a ver cuál era la propuesta que se iba a hacer en esa iniciativa y que en el entretanto no íbamos a participar. El ministro fue muy comprensivo, me dijo que entendía perfectamente la situación y que me iba a estar contando cómo se iba a ir desarrollando el trabajo de esa comisión de reforma a la Justicia.
¿Por qué no van a participar?, la Corte Suprema sí tiene sus delegados para ese tema.
La Corte Suprema sí tiene interés en que haya una reforma al Código de Procedimiento Penal, al Código de Procedimiento Laboral. Por nuestra parte, hemos tenido una legislación relativamente reciente. Hace menos de 10 años se aprobó la reforma al Código de Procedimiento Administrativo que nos ayudó mucho en descongestión. Hace tres años se aprobó la ley 2080 de 2021, que también nos ayudó con temas como el expediente digital. Entonces, en este momento, nosotros estamos en un proceso de evaluación de esas reformas recientes. Estamos a la expectativa de qué propuestas oficiales se van a hacer, qué propuestas realmente se van a plantear al Congreso, pero en el entretanto estamos esperando.
Cuando haya propuestas en firme, miraremos qué propuestas son y ya veremos si las apoyamos o no las apoyamos, si opinamos o no opinamos, en fin. Pero ya esperaremos a que haya realmente una luz, una propuesta de reforma a la Justicia.
¿Tienen líneas rojas que no moverían en tema de posibles propuestas?
Como no hay todavía una propuesta concreta de parte del Gobierno Nacional y es una lluvia de ideas, no tenemos certeza si eso se va a coger o no se va a coger. Es muy difícil, en abstracto y sin saber, opinar sobre algo que tal vez no va a ser. No hemos hablado de líneas rojas aún, porque todavía no hay propuestas claras de lo que se quiere reformar o no se quiere reformar.
El año pasado el Consejo de Estado anuló la elección de varios alfiles políticos del actual Gobierno por doble militancia, como Roy Barerras o Alexander López Maya. ¿Eso afectó en algo la relación con el Congreso o con el Gobierno?
Cualquier decisión judicial se toma en derecho y puede que haya alguien que quede disgustado, alguien que quede contento, pero en general son decisiones que se toman conforme a la Constitución y la ley. Podrán criticarlas y todo, pero hay que cumplirlas. Eso no es motivo de división. Por el contrario, hace parte de la autonomía judicial, de la independencia judicial, de la separación de poderes, una muestra adicional de que todas esas garantías están presentes en nuestro Estado actualmente.
El Consejo de Estado tiene en sus manos decidir si revisa o no las sanciones de la Procuraduría a funcionarios de elección popular. Por ahora algunas salas han decidido revisar las sanciones, otras no, ¿cuándo van a tomar una decisión de fondo que unifique este tema?
Desde el año pasado la Sala Plena decidió tomar un caso para unificación y estamos ya trabajando en ello. La semana pasada se tomó la decisión de trámite y de impulso del proceso, y yo creo que más pronto que tarde se va a llevar el proyecto a sala y lo vamos a discutir con mucho cuidado, sabiendo la importancia y la trascendencia que tiene esa decisión. La idea es que haya certeza, el ánimo de una sentencia de unificación es precisamente que haya seguridad jurídica, que haya certeza que todos los que potencial o realmente se vean afectados con cualquier tipo de esas decisiones tenga absoluta claridad de cómo el Consejo de Estado interpreta esa normatividad. Tengan la seguridad que yo creo que más pronto que tarde la Sala Plena tomará una decisión al respecto.
¿De cuánto tiempo estamos hablando?
No pongo un tiempo de muerte para eso. Nosotros hemos mejorado muchísimo al interior del Consejo de Estado en los procedimientos. Esos temas de que un caso que llegaba a la Sala Plena se demoraba años en salir, es historia. Eso ya no pasa. Nosotros tenemos unas salas especiales que nos ayudan a evacuar los procesos y conformadas por los mismos integrantes de la Sala Plena y eso hace que los procesos anden mucho más rápido, por eso esto no va a ser una decisión de años. No puedo darle un día, porque haría mal en hacerlo de esa manera, pero sí le garantizo que va a ser los mismos tiempos razonables que se tome esa decisión, advirtiendo, además, toda la trascendencia y la importancia. Son decisiones colegiadas, no es uno solo el que toma la decisión. Aquí son decisiones de 27 consejeros de Estado que garantizan además que haya diferentes puntos de vista diferentes y criterios sobre el derecho, que garantizan que la respuesta sea correcta. Con toda seguridad, no nos vamos a demorar con ese tema.
¿Y usted qué considera que es lo correcto?, ¿basarse en lo que ya está escrito o debe abrirse un nuevo debate sobre ese tema?
La decisión que se va a tomar en la Sala Plena va a ser conforme a las normas vigentes. De ahí no nos podemos salir. Nuestra función escencial es hacer cumplir la Constitución y la ley y la decisión va a ser en ese sentido. Si la Constitución y la ley marcan una cosa, así lo haremos. Hay muchas interpretaciones que se han dado, la idea es precisamente zanjar esas discusiones y fijar una decisión que va a tener una obligatoriedad de ahí en adelante para los casos de sansiones a funcionarios de elección popular. Necesariamente basándonos en lo que está escrito.
Con decisiones tan importantes para tomar, ¿cuál es el sello que quiere dejar en el Consejo de Estado como su presidente?
A mí me interesa es mantener una cantidad de cosas que tienen que ver con la autonomía e independencia de la Rama Judicial, desde los jueces hasta el Consejo de Estado. En general que haya estímulos y bienestar para todos nuestros colaboradores. De todos modos, nuestra función es solamente ser voceros de la jurisdicción contenciosa administrativa y llevar la voz del Consejo de Estado en distintos escenarios, teniendo en cuenta nuestra función judicial y consultiva.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Jhordan C. Rodríguez
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