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Para magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), no hay duda de que en el cementerio de Dabeiba (Antioquia) fueron a parar 49 civiles asesinados por miembros del Ejército y presentados como bajas en combate. La contundencia de esta afirmación quedó escrita en el documento con el que imputan crímenes de guerra y de lesa humanidad a 10 militares. Es una decisión sin precedentes, porque es el primer caso de la JEP en el que no había investigaciones previas de la justicia ordinaria y porque los dichos de los uniformados fueron comprobados con lo que hallaron expertos forenses en las fosas comunes.
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El Espectador conoció la imputación completa de la Sala de Reconocimiento. En el documento se reconstruye, con base en testimonios y cotejos forenses, el horror de los falsos positivos que tuvo lugar entre 1997 y 2006, y que permaneció enterrado hasta 2019 en el cementerio del municipio antioqueño, conocido como “La puerta de Urabá”. Aunque la justicia ordinaria no tenía idea de lo que ocurría, militares encontraron en el cementerio el lugar perfecto para esconder a sus muertos. Medicina Legal ya individualizó 49 cuerpos y, de manera inédita, tras ser identificados, la JEP ya entregó ocho cuerpos de víctimas a sus familiares.
El informe sostiene que hay al menos dos elementos inéditos en este caso. En primer lugar, la investigación tuvo su génesis en declaraciones de comparecientes: militares que, arrepentidos, le contaron a la JEP de la macabra práctica que tuvo lugar en Dabeiba. Segundo, porque estos aportes de verdad luego fueron verificados por antropólogos forenses, médicos e investigadores, quienes entrevistaron a locales y excavaron tres zonas de interés en el cementerio Las Mercedes. Sus hallazgos les permitieron establecer a los magistrados de la JEP que no hay duda de que allí fueron enterrados civiles asesinados por militares.
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Como en otras investigaciones de falsos positivos, la JEP estableció tres patrones para el caso de Dabeiba. El primero de ellos establece que las víctimas fueron campesinos de la región que fueron asesinados por un “prejuicio” de ser cercanos a la guerrilla. El segundo señala que los muertos eran personas ajenas al territorio, y que fueron llevadas a esa zona desde Turbo y Medellín, bajo promesas falsas, todo para que el Ejército pudiera reportar “resultados operacionales”. Y el tercer patrón, quizás el más novedoso, es que la Fuerza Pública utilizó un cementerio municipal para desaparecer a sus víctimas.
Los hallazgos forenses en Dabeiba
En 2019, mientras era interrogado por falsos positivos cometidos en otra región del país, William Capera Vargas le dijo a la JEP que tenía información sobre el cementerio de Dabeiba. Los magistrados lo escucharon y sus declaraciones fueron el punto de partida para que la Sala de Reconocimiento estableciera unas señales de interés para intervenir en el camposanto. Estos datos luego fueron ampliados con entrevistas a otros testigos y militares que acudieron a la justicia especial. En diciembre de ese mismo año, la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), que tiene facultades de policía judicial, realizó las primeras excavaciones.
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La JEP halló 29 fosas comunes a lo largo del cementerio, lo que llevó a que las excavaciones se extendieran durante 2020 y 2021. Sin embargo, con base en las declaraciones de militares, que confesaron el modus operandi de sus crímenes, los antropólogos forenses solo exhumaron cuerpos que cumplieran ciertas características. Por ejemplo, que estuvieran dentro de contenedores plásticos, que evidenciaran lesiones causadas con arma de fuego, que tuvieran amarres, mordazas o algún elemento que evidenciara una muerte violenta, o que en las fosas hubiera prendas que tuvieran ciertas características.
Lo que encontraron los peritos al excavar el cementerio de Dabeiba comprobó lo que habían dicho los militares. Por ejemplo, Capera aseguró que en los falsos positivos en los que él participó enterraron a sus víctimas en bolsas plásticas que les suministraba el municipio. El documento de imputación dice: “Este tipo de relatos de los comparecientes coinciden plenamente con los hallazgos técnico-forenses, pues la UIA, al realizar las exhumaciones, presentó hallazgos en bolsas de color negro (también blanco) en el interior de las fosas comunes que fueron intervenidas”. La bolsa blanca hallada, incluso, tenía impreso, y todavía visible, el logo de la Policía.
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Asimismo, Capera confesó que vistieron a sus víctimas como guerrilleros antes de enterrarlos y hasta con uniformes militares. El documento señala: “Hallazgos forenses, como la insignia del Batallón Contraguerrilla Arhuacos, prueban homicidios y desapariciones de campesinos por prejuicio insurgente y las inconsistencias en las prendas de vestir o las ataduras, vendas y mordazas encontradas en las fosas corroboran los relatos sobre asesinatos producidos por agentes de la Fuerza Pública contra miembros de la población civil en estado de indefensión, asociados al traslado de personas ajenas a Dabeiba”.
Además, las pesquisas comprobaron que hubo intenciones de ocultar los crímenes cometidos en el camposanto. Por ejemplo, se constató que el cementerio Las Mercedes fue alterado en un proceso de “embellecimiento” que el propio Ejército ofreció hacer. Asimismo, la JEP se encontró con que no existen archivos operacionales de las unidades militares involucradas en estos crímenes, pues en 2007 se quemaron en un incendio y, simplemente, no hay registro de ellos en el Ministerio de Defensa. Por último, aunque hubo denuncias en la Procuraduría, la Fiscalía y la justicia militar sobre estos casos, nunca se avanzó en la investigación.
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Por estos hechos, la JEP llamó a reconocer responsabilidad a Capera, a los coroneles (r) Edie Pinzón, David Herley Guzmán, Efraín Enrique Prada y Jorge Alberto Amor, además de los suboficiales Yair Leandro Rodríguez, Hermes Mauricio Alvarado, Levis de Jesús Contreras, Fidel Iván Ochoa y Jaime Coral. Los 10 imputados tendrán un mes para que decidan si aceptan estos hechos y encaran a sus víctimas o se van a un juicio luego del cual podrían enfrentar hasta 20 años de cárcel. Según la JEP, se trata de los máximos responsables de esta macabra práctica de falsos positivos y ocultamiento en el cementerio de Dabeiba.
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