Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
Stiven Córdoba Salazar usó la misma ropa para atacar a sus víctimas: pantalón y capa amarilla impermeable para protegerse de la lluvia. Les dijo, a través de redes sociales, que trabajaba en una mina y podía regalarles oro si se encontraban con él en una cita en Quibdó, Chocó. Unas viajaron desde Medellín a esa ciudad, y otras eran residentes de la capital del departamento, donde las transportó en su motocicleta a sitios despoblados. Allí las intimidó con arma blanca, les robó sus pertenencias y las atacó sexualmente. El dato de su ropa no fue menor. Cuatro mujeres denunciaron lo ocurrido y, con los detalles que les contaron a las autoridades, la Fiscalía logró identificar a Stiven Córdoba Salazar, quien ya fue judicializado y se encuentra preso en una cárcel del país.
El caso del hombre de la capa amarilla es apenas uno de los 23 asaltantes sexuales seriales que la Fiscalía logró identificar, entre 2021 y 2023, por hechos como tocamientos no consentidos, violaciones, palabras morbosas, comentarios sexuales o soeces, entre otros. En un trabajo liderado por el Grupo de Trabajo de Violencia de Género, en cabeza de la fiscal Luisa Obando, el ente investigador consiguió ponerles nombres y apellidos a los victimarios de 77 víctimas que habían denunciado violencia sexual. La clave estuvo en los detalles de sus relatos, pues su contenido les permitió a los fiscales establecer patrones criminales de los delincuentes en serie que estaban al acecho en varios departamentos. El caso más grave ocurrió en Pasto, Nariño, en donde un solo hombre violentó sexualmente a 16 mujeres.
Le podría interesar: Soacha: investigan presunto caso de abuso sexual de menor de edad en jardín infantil
Quienes denunciaron lo ocurrido les contaron a los investigadores dos circunstancias en particular: la primera, que el hombre les ofreció un servicio de transporte, pero las terminó llevando a lugares oscuros y despoblados, donde las intimidó diciendo que era un guerrillero del ELN y les robó sus pertenencias. Y la segunda, que el asaltante tenía un olor característico que las mujeres lograron describirle a los investigadores. Ambas pistas permitieron elaborar un patrón criminal que llevó a la Fiscalía y la Policía a identificar y judicializar a un hombre de 34 años como responsable de abuso sexual, hurto y amenazas en contra de 16 mujeres. Otro de los casos más aberrantes ocurrió en Santander, en donde han sido capturados siete abusadores sexuales seriales en tres años.
Soldado habría abusado de una niña de ocho años en Norte de Santander
De acuerdo con los datos de la Fiscalía, entre 2021 y 2023, en este departamento fueron víctimas 17 mujeres, dos niñas y tres niños. Los hallazgos y la identificación de los agresores no son fortuitos. En diálogo con El Espectador, Luisa Obando, quien además es la delegada para la Seguridad Territorial, explicó que la metodología en estas investigaciones ha sido concertada a través del Grupo de Género de la Fiscalía, cumpliendo una orden impartida por el fiscal general, Francisco Barbosa: no repetir el caso de Luis Alfredo Garavito, el asesino y violador de menores de edad, cuyas víctimas se calcula que fueron más de 200, y priorizar y avanzar en todos los casos de género y violencia intrafamiliar que reposan en la Fiscalía. Con esa instrucción clara, Obando y su equipo de trabajo se pusieron manos a la obra.
Desde 2021, agregó la fiscal, el Grupo de Género les ha puesto la lupa a los casos en entornos educativos, deportivos y en territorios indígenas. También a los ataques de ácido y, por último, a las denuncias de abusadores seriales. “Para nosotros fue clave fundamental entender el modus operandi de estos depredadores sexuales, porque sabíamos que no eran personas que atacan una sola vez, sino que generalmente repiten su comportamiento y utilizan los mismos engaños, los mismos medios de transporte e incluso la misma ropa, como en el caso del hombre de la capa amarilla”, sostuvo Obando. Por eso, la metodología en las investigaciones le permitió a la Fiscalía establecer otro dato clave: la incidencia de agresores que ofrecen servicios de transporte informal.
Entre mototaxis, hurtos y la investigación
En 12 de las denuncias de víctimas de violencias sexuales que permitieron identificar a 23 asaltantes sexuales seriales hubo otro dato clave: todas ellas habían tomado un servicio de transporte, como mototaxi, vehículo particular o taxi, antes de ser atacadas. En el Cauca, por ejemplo, nueve mujeres y una niña menor de edad denunciaron ser víctimas de un mototaxista. Lo que logró comprobar la Fiscalía y la Policía es que se trató de un solo hombre que, entre el 11 de noviembre de 2021 hasta el 3 de septiembre de 2022 ofreció servicios de transporte a sus víctimas, pero las terminó llevando a zonas despobladas para abusar de ellas. Como si fuera poco, en uno de esos hechos el hombre habría violentado a una mujer en frente de sus hijos.
Lejos de estigmatizar a los mototaxistas, el llamado de expertos consultados por este diario es a que las autoridades regulen este tipo de servicios de transporte o al menos exista un método para controlar y vigilar los antecedentes de quienes manejan estos vehículos. Ahora bien, otro de los patrones claves que lograron establecer las autoridades para llegar a la identificación de los abusadores seriales fue uno más complicado de determinar. ¿El problema? Que muchas de las víctimas habían denunciado hurtos o amenazas, pero no tocamientos o abusos sexuales. Sin embargo, bajo las instrucciones del Grupo de Género de la Fiscalía, los investigadores pudieron establecer, por ejemplo, que durante un robo sucedían violencias sexuales que las mujeres no estaban reportando.
Que en estos casos los fiscales hayan logrado entender el contexto de las denuncias por las mujeres es lo que expertas han pedido desde hace años. “La Fiscalía asigna los casos dependiendo del delito: si ocurre un robo, el caso cae en manos de un fiscal especializado en hurto, pero cuando ocurre un hurto, pero también hay otras conductas que pueden implicar delitos sexuales, algunos funcionarios dicen que eso debe denunciarse aparte, porque no es de su competencia. No ven el contexto completo. Es importante que se den cuenta de que el tema de prevenir, mitigar y sancionar la violencia contra la mujer no es un asunto de competencia, sino algo que nos debe importar a todos”, explicó Mariana Botero Ruge, coordinadora de la Clínica Jurídica contra la Violencia Intrafamiliar y de Género de la Universidad del Rosario.
Para María Camila Correa Flórez, profesora de derecho penal de la Facultad de Jurisprudencia del Rosario, las investigaciones por violencia de género siempre “necesitan un análisis en contexto por parte de los investigadores y aplicar el enfoque de género, una petición que ya la Corte Suprema de Justicia ha reiterado. No hay que olvidar que las denuncias sobre agresiones sexuales son difíciles para las mujeres, porque o no les creen o les archivan sus casos al no encontrar pruebas evidentes de la conducta o porque la Fiscalía clasifica mal el delito que se debe investigar”. La abogada agregó que ante situaciones como esta “aumenta el subregistro de casos, pues muchas veces el sistema revictimiza a las mujeres, no les creen y por eso prefieren no acudir a la justicia”.
Botero Ruge agregó otra reflexión clave: “El problema no es el medio de transporte. El problema es que, cuando hay una inacción del Estado a regularlo o para garantizar los derechos de las mujeres, eso es un incentivo para los agresores, que terminan ocupando otros espacios. Estas agresiones no solo ocurren en Transmilenio o en los buses, sino en mototaxis y en vehículos de las plataformas digitales. La violencia termina siendo una situación que permea todos los ámbitos de movilidad. Cuando es tan difícil denunciar y que se materialicen las investigaciones, pues en últimas las autoridades terminan enviando un mensaje equivocado: como no hay consecuencias a esos abusos, pues pueden seguir ocurriendo”.
Consciente de los temores y las dificultades que existen a la hora de denunciar, la Fiscalía en todo caso hizo un llamado para que las víctimas de este tipo de violencia se acerquen a las autoridades para que puedan iniciar las investigaciones pertinentes. También pidió el fortalecimiento de las campañas para prevenir este tipo de casos, insistiendo en que deben empezar desde casa. Por ahora, en los 23 casos de delincuentes sexuales seriales, el esclarecimiento va por buen camino. La justicia ya condenó a tres de ellos a 29 años de cárcel, ocho más están en juicio y el resto ya fueron imputados por el delito de acceso carnal violento y están a la espera de que su caso avance; además, 21 fueron recluidos en centros carcelarios de todo el país, incluyendo a Córdoba Salazar, el hombre de la capa amarilla.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Conoce más