Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
Año y medio después de renunciar a su cargo, el exfiscal Néstor Humberto Martínez reapareció esta semana en estrados judiciales. Pero no para litigar como abogado, sino para asumir un rol en el que pocas veces ha sido visto: declaró como testigo en una investigación de la Procuraduría. En la tras escena de la aparición de Martínez hay denuncias de irregularidades en un proceso del más alto nivel en la Fiscalía, pesquisas por posible acoso laboral y supuestos funcionarios extralimitados. El blanco de las acusaciones es quien fuera una de sus funcionarias más destacadas de su administración: Luz Ángela Bahamón, actual delegada contra las Finanzas Criminales en la Fiscalía de Francisco Barbosa.
(Lea también: La acusación de la Fiscalía contra las cabezas de CIJ Gutiérrez)
Martínez entró a la audiencia virtual de la Procuraduría en la mañana del pasado 14 de diciembre, sostuvo su cédula ante la cámara para identificarse y contestó el cuestionario del procurador. Todas las preguntas estaban relacionadas con un expediente que fue muy sonado en las semanas que antecedieron a su renuncia, en mayo de 2019. El de la comercializadora de oro CIJ Gutiérrez. En el marco de una gran ofensiva contra la minería ilegal, su administración capturó a decenas de comerciantes de varias compañías relacionadas con este negocio. “Mientras un kilo de coca puesto en Nueva York vale US$25.000, un kilo de oro vale US$42.000”, advirtió en ese entonces, comparando este negocio con el narcotráfico.
En esa afrenta a la comercialización de oro ilegal cayó CIJ Gutiérrez, una empresa paisa, responsable del 26 % de las exportaciones de este metal precioso en Colombia, con más de 130 años en el mercado, que en Medellín ha sido conocida como Fundición Gutiérrez. El 12 de abril de 2019, Luz Ángela Bahamón, entonces directora contra el Lavado de Activos, anunció en una rueda de prensa la captura de 11 personas, supuestamente vinculadas con un carrusel de proveedores que habría permitido que CIJ Gutiérrez pasara por legales alrededor de $2,4 billones de sus ventas en la década anterior. Fueron capturados el representante legal, el revisor fiscal, el contador y varios comerciantes.
(Le puede interesar: Jueza anuló la actuación de la Fiscalía en el caso de CIJ Gutiérrez)
“La comercializadora conformó un carrusel de proveedores alrededor de ella, sin capacidad económica o fachadas, empresas o personas con muchísimo dinero circulando, pero con bajos niveles de utilidad”, anunció Bahamón ante cámaras y micrófonos. Mientras tanto, en Medellín, un fiscal especializado en lavado de activos imputaba a los 11 sindicados. El funcionario no solicitó enviarlos a la cárcel mientras avanzaba el proceso penal, sino que pidió medidas menos restrictivas de la libertad, lo que, al parecer, desató la ira de Bahamón. Al cabo de unas horas, y en medio de la audiencia, al fiscal especializado le quitaron el caso y en su lugar pusieron a una fiscal de la ciudad.
Un par de semanas más tarde, al funcionario judicial le notificaron que había sido trasladado al Cesar. En el búnker, irse de una dirección especializada a una seccional es visto como un castigo. Y no sería el único supuesto desquite de Bahamón con el fiscal especializado. Documentos, chats y declaraciones que hoy revisa la Procuraduría darían cuenta de que la remoción del fiscal de ese caso y su posterior “descenso” fue la gota que rebosó la copa. Detrás de estos hechos hay otros más graves que llevaron al Ministerio Público a abrirle una investigación a Bahamón en noviembre de 2020, “por presunto acoso laboral y extralimitación de funciones en el caso CIJ Gutiérrez”.
(Le puede interesar: Oro de minería ilegal, el nuevo frente de batalla para la Fiscalía)
En el proceso se describen, entre otras, presuntos seguimientos ilegales a directivos de la comercializadora de oro, presiones por lograr capturas como fuera y en el menor tiempo posible, y supuestas órdenes de la entonces directora contra el lavado de activos a investigadores del CTI, saltándose al fiscal especializado que llevaba el caso. El procurador que investiga a Luz Ángela Bahamón busca establecer si sus conductas “fueron persistentes, reiteradas y demostrables y si fueron dirigidas a intimidar, desmotivar o causar un perjuicio laboral o inducir a renuncia” al fiscal del caso y si afectaron su “autonomía e independencia”, el expediente.
El 3 de noviembre de este año, para aclarar uno de los hechos más graves por los que es en investigada Bahamón, la Procuraduría le pidió a la Fiscalía copia de todas las órdenes de trabajo —a Policía Judicial— que se dieron entre septiembre de 2018 y mayo de 2019 en el caso CIJ Gutiérrez, así como los informes que rindieron los investigadores del CTI que cumplieron esas órdenes y las actas de las audiencias de judicialización. Esto pues, según el expediente, la alta funcionaria habría impartido órdenes a los investigadores a pesar de saber que, como directora contra el lavado de activos, no tenía funciones sobre los casos de sus fiscales. Apenas podría sugerir en un comité jurídico el camino a seguir.
(Lea también: La caída de una de las grandes exportadoras de oro en Colombia)
Entre las pruebas está un informe que detalla seguimientos a las cabezas de CIJ Gutiérrez hacia marzo de 2019, cuando el fiscal especializado al frente del caso no estaba en Colombia, pues había sido enviado en comisión a Texas (Estados Unidos). El documento dice que las labores de “verificación tendientes a la ubicación” de los investigados se realizaron en “cumplimiento a instrucción verbal” impartida por quien sería la mano derecha de Luz Ángela Bahamón en la dirección contra el lavado de activos. Se trata de la coordinadora de Policía Judicial de esa dependencia, Luz Cenid Arenas, quien también está siendo investigada por la Procuraduría.
Según el expediente, cuando el fiscal volvió de Estados Unidos se encontró con que el equipo de investigadores que tenía asignados para el caso no estaba en Bogotá pues había sido enviado a labores de seguimiento que él nunca ordenó. Y, aún más grave, las órdenes no tendrían la aprobación de un juez de control de garantías, con lo cual, al parecer, se “ordenaron a la Policía Judicial, de manera verbal, labores de inteligencia que están prohibidas para la Fiscalía”, explicó el fiscal del caso en la denuncia que hoy estudia la Procuraduría. Entre las pruebas que analiza el Ministerio Público también está una grabación en la que, según se describe en documentos del proceso, se escucha a la entonces directora dar órdenes a los investigadores.
Si bien Bahamón le pidió a la Procuraduría no tener en cuenta esa prueba, pues la grabación la hicieron sin su consentimiento, el Ministerio Público contestó que lo evaluaría más adelante en el proceso. Asimismo, existe una constancia escrita de dos funcionarios de la Fiscalía en la que aseguraron que la entonces directora contra el Lavado de Activos les pidió retirar una serie de informes investigativos que no fueron ordenados por el fiscal del caso, sino por Luz Cenid Arenas, mano derecha de Bahamón. En medio de este ambiente, el fiscal que llevaba la investigación ha referido que recibió presiones de Bahamón para imputar a los primeros 11 capturados sin tener toda la investigación y documentos listos.
Supuestamente, esas presiones venían también del entonces delegado para las Finanzas Criminales, quien era el jefe inmediato de Bahamón. En marzo de 2019, la cabeza de la investigación, quien denunció estas presuntas irregularidades, pidió las órdenes de captura contra los directivos de CIJ Gutiérrez, en medio del “afán” y “desorden” que había en el expediente. Posteriormente, durante la imputación de cargos, en el búnker de la Fiscalía se enteraron de que el funcionario no había pedido enviar a los sindicados a la cárcel. Supuestamente, en ese momento, recibió una llamada del delgado para las Finanzas Criminales, quien le dijo que era una “posición institucional” pedir la detención preventiva en cárcel.
El 12 de abril de 2019, antes de que terminaran las audiencias, al fiscal le quitaron el caso, con una resolución firmada por María Paulina Riveros, entonces vicefiscal. El desorden y afán descritos por el fiscal, más las presuntas irregularidades cometidas por Bahamón, tuvieron efectos en el proceso. En octubre de 2020, la justicia anuló todo lo que se había avanzado en el expediente de CIJ Gutiérrez, desde la fase de imputación. “Se debe decretar la nulidad desde la audiencia en la que se formuló imputación, porque ese acto de comunicación no cumplió con los requisitos que se exigen de él”, declaró el juzgado cuarto especializado de Medellín en su decisión. En otras palabras, el caso contra los implicados volvió prácticamente a ceros.
En su defensa, Luz Ángela Bahamón ha sido insistente en que nada extraño pasó en el expediente. Ya rindió versión libre y en el proceso ha intentado demostrar que nunca hubo presiones por motivos oscuros, sino porque se trataba de un tema priorizado por Néstor Humberto Martínez, entonces fiscal general. Por ejemplo, la funcionaria ha entregado chats para mostrar cómo era su trato con el fiscal del caso y resoluciones firmadas por el exfiscal Martínez en 2018 y 2019, en las que se detallan los expedientes que serían priorizados para esos años. En ambas oportunidades, aparece el caso CIJ Gutiérrez.
La alta funcionaria pidió, además, que declarara un exalto funcionario de la Fiscalía para demostrar el “seguimiento constante y permanente” que hacía del expediente. Y, por las mismas razones, pidió que se llamara a Néstor Humberto Martínez. Según le dijo a este diario una fuente cercana al proceso, el exfiscal general “habló maravillas de ella” el pasado 14 de diciembre. Hasta cuando le preguntaron por los inconvenientes que ha tenido este proceso, con nulidades y desorden de por medio. Martínez se refirió a uno, hasta ahora, desconocido: reveló que por esas fechas llegó información a su despacho de que había interceptaciones por parte de la comercializadora a funcionarios de la Fiscalía para impedir actuaciones en su contra.
Consultado por este diario, el abogado de Bahamón, Edgar Rondón, dijo que no se referiría a las pruebas que han sido recabadas, pues todavía son reservadas. Sin embargo, explicó que “todas y cada una de las pruebas que ha tenido en cuenta la Procuraduría las ha pedido la defensa, salvo un testimonio que solicitó el quejoso (el fiscal)” porque están convencidos de que tienen cómo demostrar que las denuncias no son más que mentiras. Además, dijo que un elemento de peso es la trayectoria de la curtida funcionaria en la Fiscalía: tiene 19 años de experiencia y ha ocupado cargos directivos bajo la batuta de tres fiscales generales distintos.
(Lea también: FinCEN Files: las millonarias transacciones de CIJ Gutiérrez)
Además del expediente en la Procuraduría, en la oficina de control interno de la Fiscalía abrieron otra indagación disciplinaria contra Bahamón en 2020. En noviembre de ese mismo año, y pese a que al avance del proceso en el búnker, Barbosa nombró a Bahamón delegada contra las Finanzas Criminales, tras la súbita renuncia de Ana Catalina Noguera. Desde entonces, no se ha sabido del proceso de control interno. En la misma Fiscalía hay otra indagación preliminar andando contra la alta funcionaria, esa sí penal, y en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial hay otro proceso en su contra.
En noviembre pasado, el Ministerio Público amplió por seis meses la recolección de pruebas. Bahamón y Arenas podrán continuar aportando documentos y evidencias para defenderse. Si hacia mayo de 2022, o antes, la Procuraduría encuentra mérito, podría llamarlas a juicio disciplinario. En medio de estos líos, quedó una investigación del más alto nivel que fue, incluso, comparado por el mismo Néstor Humberto Martínez, como uno que factura cifras similares al negocio del narcotráfico. La pelota está en el campo de la justicia para decidir el futuro de esta curtida abogada, que tiene acceso a las investigaciones más importantes del país. Y también está en manos del fiscal Barbosa y su administración decidir si se suma al apoyo que le dio el exfiscal Martínez con su declaración o si, por el contrario, le da la espalda.
Conoce más