La JEP abre sus puertas para que las autoridades revisen su contratación

Las controversias políticas y jurídicas que han rodeado a la actuación de la Jurisdicción Especial para la Paz en las últimas semanas no son pocas. En medio de las dudas sobre si se objetará la ley estatutaria que necesita para funcionar, fue capturado un fiscal de apoyo de la Unidad de Investigación y Acusación y se han hecho cuestionamientos sobre algunos de las contrataciones de personal en esa justicia especial. Este sábado, la JEP anunció que le abrió las puertas a los organismos de control para que vigilen los procesos de contratación que se han hecho.

En oficios enviados a la Procuraduría y a la Contraloría General, la JEP solicitó que se haga un ejercicio de vigilancia preventiva sobre los procesos de contratación que se han realizado desde 2018 a la fecha. ¿La razón? “(…) Que se despeje cualquier duda sobre la legalidad y transparencia con la que se ha adelantado” dichos procesos. La JEP afirmó que tiene el convencimiento “de que ha actuado transparentemente”.

|| Con la convicción de que ha actuado transparentemente y con estricto apego a la ley, la @JEP_Colombia le pidió a la Procuraduría General (@PGN_COL) y a la Contraloría General (@CGR_Colombia) visitas especiales para revisar su contratación.

— Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) 9 de marzo de 2019 Pero ¿qué contratos han sido cuestionados? El origen de esta polémica es un reclamo que hizo la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, por la contratación por $50 millones de Miguel Samper Strouss, exdirector de la Agencia Nacional de Tierras a finales de 2018. Ante el cuestionamiento por la cifra, la Secretaria Ejecutiva de esa justicia Especial, María del Pilar Bahamón, señaló que el contrato cumplió todos los requisitos legales.

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Bahamón dijo que el contrato no fue por siete días, como dijo inicialmente la congresista Valencia, sino por 40 días. A este, se suma otra controversia ya que, en el pasado, Samper contrató en la Agencia Nacional de Tierras a Harold Enrique Linares, hermano de la presidenta de la JEP, Patricia Linares. Y porque la propia Bahamón fue jefe de Harold Linares en la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC). Y en días pasados se cuestionó la contratación de Juan Pablo Rozo, quien fue ministro encargado de Tecnologías de Información en el gobierno de Juan Manuel Santos.

Las peticiones de la JEP fueron firmadas por Bahamón. En la entregada a la Procuraduría, afirmó que tiene total disposición para “rendir informes y suministrar la documentación que considere necesarios, así como atender las visitas y diligencias que estime a bien ordenar”. Además, hizo una petición formal a la Procuraduría para que acompañe un proceso de selección objetiva que está en curso actualmente.

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Y en el oficio a la Contraloría, Bahamón solicitó “que se adelanten las actuaciones de vigilancia y control fiscal a que haya lugar frente a la gestión contractual cumplida por esta Jurisdicción, sin perjuicio de la auditoría de cumplimiento a la JEP por la vigencia 2018 instalada el pasado 21 de enero”. Bahamón aseguró además que la JEP insistirá en una tarea de construcción de confianza, “para lograr el propósito de reconciliación y construcción de una nueva sociedad en donde el conflicto ya no sea el protagonista”.