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En este tiempo, las autoridades han condenado a dos de los responsables del hecho. Sin embargo, no han podido reconstruir el Palacio, lo que ha generado un dolor de cabeza para los caleños, un viacrucis que no cesa.
Y todo apunta a que falta mucho para que el Palacio quede listo. Ayer el viceministro de Justicia, Miguel Samper Strouss, sostuvo que “hace algunos años, el Consejo Nacional de Estupefacientes había adjudicado recursos por el orden de los $13.000 millones para que se completara la obra que tanto ha pedido la ciudadanía de Cali, como es el Palacio de Justicia. Sin embargo, a la fecha no se han solicitado estos recursos que estaban asignados” y que, por ello, esos dineros fueron destinados a otros fines.
El viceministro dijo que las necesidades de la Rama Judicial son tan diversas y apremiantes que “la verdad es que no se entiende cómo, teniendo la posibilidad de gastar estos recursos para construir este palacio, se hayan desaprovechado y se haya perdido esa oportunidad”.
En este obra ya se han invertido $60 mil millones. En noviembre del año pasado, las autoridades inauguraron la Torre B de este complejo; no obstante, los funcionarios judiciales que trabajaban en ese lugar antes del bombazo no han podido regresar a sus antiguas oficinas, debido a fallas en el sistema de ascensores de la torre. En lo que respecta a la Torre A, faltan por lo menos $5 mil millones para agilizar las obras de esta estructura, que —en el mejor de los casos —sería inaugurada a mediados del próximo año.
Desde 2011, la Contraloría ha advertido sobre posibles irregularidades en estas obras y sobre la posibilidad de un millonario detrimento patrimonial por cuenta de las ya mencionadas demoras. En su momento, esta entidad calificó como desfavorable la gestión administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, el encargado de las obras.
En varias ocasiones ha habido protestas por cuenta de las demoras. “Se está dando un detrimento patrimonial de la Rama Judicial, pues se está pagando una gran suma mensual por no ocupar esas instalaciones. Lo que falta en relación con lo que hay que hacer es mínimo, pero la desidia de quienes deben controlarlo es enorme”, le dijo Fernando Grueso, presidente de Asonal Judicial Seccional Cali, a El País el pasado 8 de octubre.