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Vive Digital, que incluye el proyecto de Kioskos Digitales, fue uno de los programas bandera de la administración de Juan Manuel Santos para llevar internet y conocimiento sobre nuevas tecnologías a la mayoría de los municipios del país, incluyendo aquellos en los que los operadores telefónicos no tenían servicio. Como parte de este proyecto, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) contrató con Fonade para que se hiciera cargo de 908 puntos del programa.
Este contrato fue firmado el 4 de diciembre de 2015 y, para su cumplimiento, el Fonade contrató a cinco consorcios. Uno de los requisitos que tenía este convenio entre las dos entidades públicas, era que los desembolsos de dinero por parte del MinTIC se iban a desarrollar a medida de que el Fonade reportara el avance del proyecto y justificara los dineros desembolsados.
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Según reveló MinTIC, la entidad alcanzó a hacerle 4 desembolsos al Fonade, sin que este último hubiera si quiera legalizado el 50% de los recursos entregados hasta el momento. Por eso, en febrero de 2017, el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade) dejó de recibir los dineros del Ministerio de Tecnología de la Información. Sin embargo, el Fondo Financiero garantizó el pago a los contratistas del programa Vive Digital hasta noviembre de 2017.
Ante el presunto incumplimiento de una de las condiciones del contrato, el MinTIC inició acciones legales administrativas para finalizar el convenio adquirido con el Fonade. Esta medida judicial se dio bajo el argumento del incumplimiento por parte de la última entidad frente a la justificación de los recursos desembolsados. Aunque fue radicada a finales de 2017 ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el proceso dio muchas vueltas hasta que en octubre de 2019 se remitió a los juzgados civiles del circuito de Bogotá, bajo el argumento de que el Tribunal no era competente para manifestarse.
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De igual manera, a comienzos de 2018, el Ministerio, en ese momento en cabeza de David Luna, presentó una denuncia ante la Fiscalía frente a las posibles irregularidades cometidas por el Fonade. MinTIC fundamentó la acción penal en que la entidad denunciada “no ha logrado legalizar la totalidad de una partida de recursos desembolsados, por el orden de los $92.000 millones de pesos, y en que al parecer existen sobrecostos en la contratación derivada adelantada por dicho organismo”.
Por otro lado, y a pesar de no recibir el dinero por parte del Ministerio de Tecnologías de la Información, Fonade continuó con la ejecución del contrato, sin importar que se quedó sin recursos en noviembre de 2017. Los contratistas continuaron con el servicio, enviándole a la entidad financiera los recibos de cobro, que, a la misma vez, este último remitía al supervisor del contrato. A pesar de esto, el MinTIC siguió negando los desembolsos.
Sin pagos por el servicio prestado, a finales de 2017 y comienzos de 2018, los contratistas le avisaron al Fonade que era imposible continuar con el servicio y que “la desconexión e interrupción de los servicios era inminente”. Tras esta advertencia, el 16 de mayo de 2018, quedaron 642 puntos Vive Digital desconectados y sin el servicio de tutores, parte esencial de la instrucción tecnológica de poblaciones históricamente abandonadas.
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La acción causó gran controversia y se unió a los escándalos del Fonade por presuntas irregularidades en su administración, reportadas por la Controlaría en enero de 2018. En ese momento, el Ministerio de las Tecnologías de la Información reconoció que se habían pausado los pagos ante las posibles faltas cometidas por el Fonade “porque el contrato no lo permite” y el deseo de “garantizar el buen uso de los recursos públicos”. Durante varias semanas, la disputa entre ambas entidades fue parte de la agenda de los principales medios del país, hasta que esta se llevó nuevamente a los estrados.
El 22 de mayo de 2018, el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo interpuso una acción popular en contra del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones bajo el argumento de que la cartera violaba el derecho e interés colectivo al acceso y uso de las tecnologías de la información y comunicación de las poblaciones donde los kioscos digitales habían sido desconectados por falta de pago. Esta violación era supuestamente responsabilidad del MinTIC ya que ante la negativa de desembolsar los recursos, las empresas que prestaban el servicio no habían continuado con el servicio.
Entre las pretensiones de la demanda presentada por el Fondo estaba que el Ministerio asumiera con sus recursos la reconexión inmediata de los Puntos Vive Digital apagados y que se siguiera con la capacitación en Tecnologías de la Información realizadas en estos puntos, cursos que habían sido suspendidos ante la falta de pago a los tutores. Para el Fonade, la suspensión de estos puntos había llegado a afectar por los menos a 69.000 personas. Asimismo, se pidió que, como medida cautelar, el Ministerio desembolsara los dineros que había dejado de pagar desde febrero de 2017, para que, de igual manera, el Fonade pudiera pagarles el dinero adeudado a los contratistas.
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Además de la supuesta violación de los derechos a las poblaciones donde se suspendió el servicio de los Puntos Vive Digital, Fonade argumentó que la acción del ministerio no tenía razón de ser ya que ningún ente judicial había emitido medida cautelar o fallado sobre las supuestas irregularidades en el contrato entre el MinTIC y Fonade.
La demanda fue radicada en mayo de 2018 ante el Tribual Administrativo de Cundinamarca, pero fue inadmitida el 17 de septiembre de ese mismo año, bajo el argumento de que no se habían agotado las instancia antes de empezar un proceso administrativo. Esta acción judicial fue presentada nuevamente el 9 de octubre de 2018. Sin embargo, su admisión tardó más de un año y solo hasta el 11 de diciembre del 2019 se accedió a su estudio y se le dio traslado a la medida cautelar. Y estas acciones apenas fueron notificadas el 13 de enero de este año.
Mientras la acción judicial era estudiada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. El MinTIC (representado por el FonTIC) y ENTerritorio (nombre con el fue rebautizado el Fonade tras el escándalo de corrupción por múltiples hallazgos de la Contraloría) han venido realizando varias mesas de concertación para encontrarle solución a las “controversias jurídicas” entre las dos partes por el contrato de los Puntos Vive Digital. El Espectador conoció que estas negociaciones se extendieron en 2019 hasta diciembre y, para ese momento, no se había llegado a una concertación final .
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Por otro lado, cerca de 400 tutores siguen reclamando el dinero adeudado luego de que los contratistas no pudieron seguir pagándoles por su labor, debido al lío entre ambas entidades estatales. Mientras que el MinTIC señalaba como responsable al Fonade de esos dineros, ENTerritorio aseguró que la responsabilidad laboral era de cada uno de los contratistas puesto que el convenio laboral con los tutores lo habían realizado estas empresas.
En medio de esta disputa, y a pesar de ser un programa del gobierno de Juan Manuel Santos, la actual administración del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones anunció el pasado diciembre que actualmente en el país hay 7,832 Kioscos activos, los cuales se les había dado en su mayoría continuidad tras el fin de los convenios de operación, que venían de la anterior administración.
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