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El río Anchicayá, que fluye a través de los farallones de Cali, Valle del Cauca, es el hogar de comunidades afrodescendientes que dependen directamente de la fuente hídrica y del entorno natural que este ecosistema brinda. La vida cultural, social, económica, recreativa y ancestral de alrededor de 6.000 personas depende del entorno que hoy consideran está en peligro. El río está en una situación de vulnerabilidad por cuenta de la Central Hidroeléctrica del Bajo Anchicayá, una obra construida hace más de 70 años que trajo estragos al ecosistema. El caso llegó a la Corte Constitucional, y con dos tutelas buscan que se declare el río como sujeto de derechos y que sean indemnizados.
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Ambas solicitudes ante el alto tribunal vinculan al megaproyecto hidroeléctrico fue construido con el fin de que el sedimento (arena, lodo o arcilla) del embalse fuese removido periódicamente, generando buen funcionamiento del medio ambiente y el ecosistema. Para evitar la contaminación con este tipo de sustancias se debían llevar a cabo unos procedimientos que estaban estipulados en normas ambientales. Para julio de 2001, la empresa de Energía del Pacífico (Epsa) inició las actividades de mantenimiento sin tener en cuenta los procedimientos ambientales y alrededor de 500 mil metros cúbicos de sedimentos cayeron al río Anchicayá. Es decir, residuos que se acumularon durante más de 40 años.
El vertimiento de esas sustancias, según el Ministerio de Ambiente y la Corporación Regional del Valle del Cauca, generó un desequilibrio en la fauna silvestre y en el ecosistema acuático por la turbiedad en las aguas que terminó afectando las comunidades en su cotidianidad. Afectó la preparación de los alimentos, el aseo diario, el lavado de la ropa y, sobre todo, la pesca, que es la base de su nutrición. Aunque hubo evidencia de la afectación, las entidades no ordenaron erradicar ese riesgo y tomaron acciones al reconocer la vulneración. Las actividades por parte del Ministerio de Ambiente se mantuvieron activas durante un tiempo.
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La Defensoría del Pueblo analizó la situación de las comunidades que están en la ribera y consideró que las acciones no subsanaron la afectación. La población afro, al ver que no había solución para el problema ambiental, decidió presentar una tutela por daño al medio ambiente y afectación al derecho a la vida y al ambiente sano. Su solicitud se basó en que se reconociera al río Anchicayá como sujeto de derechos, que se designaran guardianes del río, que hubiese una comisión con acompañamiento internacional para emitir un informe técnico sobre la vida útil de la hidroeléctrica y la existencia de un riesgo de colapso de la represa.
También pidieron amparar los derechos a la salud, la vida digna, el saneamiento ambiental, entre otros, de las comunidades afros que viven en la ribera. En primera y segunda instancias se negaron las pretensiones de la comunidad, pero instaron a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), al Ministerio de Ambiente y a la Procuraduría hacer seguimiento sobre la estabilidad de la Hidroeléctrica de Anchicayá. Con las negativas de por medio, este primer caso llegó a la Corte Constitucional.
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A la par de la tutela, las comunidades también presentaron una acción de grupo con la que pretendían ser reparados económicamente. En primera y segunda instancias fue fallada a favor de las comunidades. Epsa tenía que indemnizar, pero un proceso de reliquidación de la empresa fomentó que la entidad no cumpliera con la responsabilidad del pago. Por el contrario, presentaron un recurso para dejar sin piso esa decisión y el Consejo de Estado le dio la razón. El fallo de 2021 no solo dejó por fuera a muchos miembros de la comunidad en materia de indemnización, sino que además redujo el valor de la misma.
Contra esa decisión, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica y el Ministerio de Ambiente presentaron una tutela que es acompañada por las comunidades. La intención es básicamente dejar sin piso la decisión del Consejo de Estado y recibir la indemnización. Así las cosas, el panorama en la Corte Constitucional es el siguiente: en el despacho del magistrado Antonio José Lizarazo reposa la acción de tutela que busca que se declare el río Anchicayá sujeto de derechos, y en el despacho de la magistrada Natalia Ángel Cabo está la tutela que pide tumbar la decisión del Consejo de Estado, que dejó por fuera de la indemnización a algunos miembros de las comunidades ribereñas.
Aunque la discusión del tema ha estado en la agenda del día del alto tribunal, hasta el momento no se ha registrado decisión en ninguno de los dos casos. Esta no es la primera vez que la Corte aborda un debate de ese calibre. En 2016, por primera vez, el alto tribunal declaró el río Atrato como sujeto de derechos. En su momento lo reconocieron como tal porque su protección, conservación, mantenimiento y restauración mantienen la vida, la economía y el espacio ancestral de varias comunidades que dependen de la fuente hídrica.
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No obstante, si bien las directrices de la Corte fueron claras, más de cinco años después de emitida la sentencia las comunidades hicieron un llamado porque, al parecer, la protección se quedó plasmado solo en el papel. El río Atrato, por lo general, está contaminado por la minería ilegal, la deforestación y la basura. Aunque los magistrados de la Corte designaron a siete organizaciones locales como “representantes legales del río” y a 14 de sus miembros como sus “guardianes”, encargados todos de velar por su protección, es poco lo que se ha hecho alrededor de proteger el río como base de la seguridad alimentaria de las comunidades que se concentran en esa zona.
Ese antecedente es el que tiene el alto tribunal para definir la situación del río Anchicayá. Si bien ya existe una jurisprudencia en Colombia alrededor de declarar un río sujeto de derechos, también tienen de presente que las iniciativas dadas poco y nada han contribuido a las comunidades ribereñas. La puja entonces está alrededor de ello, y será el alto tribunal el que concluya si el río Anchicayá corre con la misma suerte que el Atrato.
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