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La Fundación Forjando Futuros, la cual hace más de una década hace seguimiento al proceso de restitución de tierras, entregó su más reciente balance sobre el trabajo del Gobierno en manos de la Unidad de Restitución. La fundación, antes dirigida por Gerardo Vega, hoy director de la Agencia Nacional de Tierras, reconoce en el trabajo del nuevo gobierno los pasos iniciales de lo que podría ser un gran cambio, sin embargo, aclara que la meta real por compensar el despojo histórico nacional parece estar a años luz. Después de 13 años del nacimiento de la Unidad, solo se ha logrado restituir el 4,9% de toda la tierra despojada identificada por las instituciones del Estado.
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Sin embargo, Forjando Futuros encontró que durante el primer año del gobierno de Gustavo Petro se han logrado resultados como el aumento en las sentencias de restitución, que dependen del trabajo de los jueces y magistrados. Mientras en el último año del presidente Iván Duque se logró tener 1.391 sentencias, que hacen las veces de título de propiedad en los casos de restitución, en el primer año de Petro la cifra llegó a 1.689. De hecho, en los cuatro años de la anterior administración, nunca se llegó a tal cifra.
De otro lado, la fase administrativa de la restitución de tierras mejoró. Para entender ese concepto, el lector debe saber que el proceso de restitución se divide en tres fases: administrativa, judicial y posfallo. La primera, inicia cuando la Unidad de Restitución estudia y acepta una solicitud de reclamación de una víctima del conflicto. Con ella se crea una demanda que pasa a etapa judicial, para ser resuelta por los jueces. Dependiendo del resultado, la etapa de posfallo les corresponde a distintas instituciones del gobierno, para garantizar diversos derechos relacionados con el regreso a tierras despojadas, como el acceso a la educación o a la salud.
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Regresando a la fase administrativa, Forjando Futuros encontró que, durante toda la presidencia de Iván Duque, su Unidad de Restitución negó solicitudes de reclamantes hasta en un 71%. En 2022, por ejemplo, la cifra quedó en 65%. En contraste, el primer año del gobierno Petro logró que las negaciones se redujeran en un 35%. Como lo ha explicado Giovanni Yule, director de la Unidad, incluso se revisaron negaciones de la administración anterior, para darles un nuevo impulso ante la justicia.
Asimismo, Forjando Futuros hizo hincapié en la necesidad de aprobar el proyecto de Ley que busca que la Unidad de Restitución tenga funciones jurisdiccionales y resuelva, por vía de resolución, los casos en los que no haya opositor. Es decir, donde los jueces y magistrados no tiene que valorar el esquema de defensa de un actor que está en el territorio solicitado. Según Forjando Futuros, el 70% de los casos no presenta oposición, por lo cual, es necesario aprobar de inmediato el proyecto de ley. La urgencia está, además, en el represamiento casi absoluto que existe en la etapa judicial, que debería demorarse solo 120 días, pero que en la gran mayoría de los casos toma mucho más tiempo.
Po último, Forjando Futuros celebra que Yule haya ordenado cerrar la oficina de asuntos minero-energéticos, que bajo la premisa de revisar a profundidad casos en los que tengan intereses compañías de esos sectores, terminó entorpeciendo las solicitudes de las víctimas de la guerra. Además, la fundación aboga por un cambio de paradigma en el que la Unidad de Restitución no necesite el concepto positivo de la Fuerza Pública para entrar a los territorios de interés, pues ese filtro tendría represados hasta 17.000 casos de personas que esperan respuesta.
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Para entender a profundidad las cifras, El Espectador habló en entrevista con Rafael Valencia, profesional del Área Jurídica de la Fundación Forjando Futuros. Esto fue lo que respondió:
¿Como interpretar este crecimiento en número de sentencias en perspectiva con el avance real en restitución?
En términos generales, las sentencias son la culminación de todo el proceso de restitución. Ahí se materializa el derecho como tal. Se rescata el avance que se ha dado en el aumento y número de sentencias, esto a cargo de los magistrados y jueces. Sin embargo, sigue siendo motivo de preocupación el avance que se da en la etapa administrativa, que tiene que ver con los funcionarios de la Unidad de Restitución.
Entendemos que es el primer año de gobierno del presidente Petro, se ha buscado cambiar la metodología y propender por mayor calidad en los estudios y en los avances en la etapa administrativa. Pero sigue siendo motivo de preocupación.
Basándonos en la cifra del 4,9%, ¿si las cosas siguen así, verá un avance significativo?
Hay que rescatar que en este primer año hay mayores canales de comunicación con la Unidad de Restitución. Ellos han socializado los objetivos que pretenden en este cuatrienio con respecto a las metas. Entendemos que este año se han realizado los ajustes necesarios para mejorar en la calidad de los resultados. Si bien a hoy estas cifras preocupan, somos optimistas desde las organizaciones que esto va a cambiar en los cuatro años. La meta que va en 4,9% es de un objetivo que se propuso el gobierno nacional, en la administración del presidente Juan Manuel Santos, y ese ha sido el parámetro que hemos seguido y que seguiremos siguiendo.
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Encontramos que la administración de Yule ha hecho un gran esfuerzo por tomar más solicitudes y revisar las que se negaron nuevamente para impulsarlas, ¿por qué el nivel de negación era tan alto en el gobierno Duque?
Desde las organizaciones también hemos estado atentos al porcentaje de negaciones, que representan una negación de acceso a la justicia de las víctimas que esperan una resolución respecto al conflicto de tierras. Las cifras que se manejaron en el anterior periodo del presidente Duque eran preocupantes porque estaban rondando porcentajes del 65% o 70% y lo que implicaba que solo un 30% de las solicitudes que se presentaban llegaban al sistema de registro.
Celebramos que esa cifra se haya revertido, creemos que para el primero periodo del presidente Petro ha bajado al 35%. Entendemos, desde las organizaciones, no se tenía tan en cuenta en el cumplimiento de las metas que la Unidad llevara solicitudes al sistema de registro. Incluso la restricción contaba como meta cumplida. Es decir, las cifras por delante de los derechos. Eso ha sido un cambio que celebramos.
Tampoco podríamos pensar que todo está saliendo bien…
Por supuesto. Nosotros destacamos tres puntos que de manera expedita deben darse al interior de la Unidad para garantizar la celeridad y la materialización de los derechos a restitución. Estamos hablando de la restitución en materia administrativa. Creemos que es una lucha en la que desde tiempo atrás hemos dado la pelea. Entendemos que una gran opción para garantizar la celeridad es que la Unidad tenga funciones jurisdiccionales y pueda llevar hasta el final aquellos procesos donde no hay opositores. Hasta el momento son los jueces quienes dirimen eso, pero podrían ser atribuciones que la Unidad podría tener. Ese es un cambio en la Ley de Víctimas que se está discutiendo en el Congreso.
Como segunda medida, la eliminación de la microfocalización. Desde la Fundación ha sido un caballito de batalla expresar que darle el poder de decidir a la Fuerza Pública cuando se puede hacer una entrega material de predios u otras tareas administrativas, ha limitado la actuación de la Unidad en muchos territorios. Celebramos que se haya expedido el decreto 1623 del mes pasado, de octubre, que establece que la Unidad puede definir cuando entrar a un territorio sin la necesidad del concepto de la Fuerza Pública.
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Y, por último, se necesita la aplicación de más métodos tecnológicos como drones, la teledetección y sistemas satelitales para la medición de predios. Los métodos que se dan en este momento no permiten que el trámite administrativo avance, en la medida que se espera desde las víctimas del conflicto. Son puntos que no son imposible y la misma Unidad conoce estas estrategias.
Pero ¿si no es con Policía o Ejército cómo entramos al Urabá o a Córdoba?
Es evidente que la capacidad de la Fuerza Pública no se encuentra en cuanto a número de personal para realizar las actividades que requiere la Unidad y la misma misionalidad de las instituciones de la Fuerza Pública. Se han explorado opciones en las que las víctimas y organizaciones en territorios, coordinan con la Unidad sobre las condiciones en territorios para desarrollar las actividades de restitución. Hemos llamado la atención en que la Unidad no ingresa al territorio, pero tenemos otras instituciones como la Unidad de Víctimas o la Agencia Nacional de Tierras, que sí han podido ejercer sus actividades.
El problema no tiene que ver con la voluntad de la Unidad de Restitución, sino con estos conceptos de seguridad que se emiten desde la Fuerza Pública, que no siempre están en sintonía con el contexto que se da en el territorio. No desconocemos las dinámicas del conflicto y como es fluctuante en el tiempo, pero precisamente la idea es que otro tipo de organizaciones civiles puedan participar de esas dinámicas y que la Unidad pueda leer esos conceptos, más aún cuando esas personas están directamente en el territorio y pueden garantizar el acompañamiento.
El informe no menciona el número de jueces o magistrados, pero sí establece el cuello de botella en la etapa judicial, que depende de ellos y ellas. ¿Por qué no se menciona algo al respecto?
En este momento creemos que efectivamente hay un retroceso y una congestión judicial en los despachos, pero precisamente hacemos hincapié en lo que tiene que ver con la etapa administrativa. Consideramos que estas tres medidas que antes mencioné, que estarían a cargo de la Unidad, redundarían en que los jueces y magistrados puedan ocuparse de estos procesos en los que hay opositores, donde sí hay una controversia por la titularidad de la tierra.
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