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Desde hace años, sin tregua, la justicia, la comunidad científica y poblaciones chocoanas le han solicitado urgentemente al Estado colombiano que le ponga freno a la grave crisis ambiental que sufre el río Atrato por la desbordada minería ilegal de oro que se desarrolla en este vital afluente que atraviesa al Chocó. Ni siquiera una histórica sentencia de la Corte Constitucional —emitida en 2016, que declaró al río como sujeto de derechos para que el Estado lo protegiera— ha podido parar una desbordada explotación ilegal de recursos que grupos criminales han propiciado contra el río y tiene a miles de personas que viven a sus orillas al borde de una crisis de salud pública.
Ante el problema, como estrategia de supervivencia, 1.600 habitantes del municipio de Atrato, ubicado a menos de una hora de Quibdó, se enfrentan en los estrados judiciales ante varios organismos estatales. Lo que piden es que el Estado los repare económicamente por las graves afectaciones que han sufrido por lo que describen como envenenamiento del río. Según los cálculos del expediente conocido por El Espectador, en caso de ganar el pleito, serían cerca de $220.000 millones los que tendría que pagarles a los atrateños que hacen parte de esta acción judicial, que avanza en el despacho de la magistrada Adriana Bernal Vélez, del Tribunal Administrativo de Antioquia.
Esta gran autopista fluvial ha sido contaminada en los últimos años por organizaciones ilegales que usan el mercurio como un método expedito para separar el oro de los sedimentos. Ese afán por recaudarlo, dice la acción judicial, terminó afectando la salud de decenas de comunidades que subsisten en torno al río Atrato, el cual funge tanto de ruta comercial y de transporte, como de proveedor de agua y alimentos. Es decir, que los atrateños, además de sufrir la presencia de los grupos armados (Clan del Golfo y la guerrilla del ELN), deben soportar los estragos ambientales que dejan esas organizaciones criminales por la extracción ilegal de oro a través del mercurio.
Esta sobrediagnosticada tragedia, que también ha contaminado el río Amazonas y otros en el Bajo Cauca, ha posicionado a Colombia como el tercer país que más libera mercurio en el mundo. Según el escalafón de la Organización Mundial de la Salud (OMS), al país solo lo superan China e Indonesia y, desde 2016, Colombia se mantiene en este listado, a pesar de que este compuesto químico fue prohibido en 2018 en todo el país. Ante la incapacidad del Estado colombiano de parar este complejo escenario ambiental, desde junio de 2022, los atrateños vienen contándole al Tribunal Administrativo de Antioquia las desgracias ambientales y de salud pública que sufren desde hace casi dos décadas.
Inundados con mercurio
Lo que denuncia esta comunidad chocoana es que, desde 2006, en su territorio empezó la explotación minera ilegal e irracional en la cuenca del río Atrato, así como en otras cuencas secundarias como la quebrada doña Josefa, Yuto y Puente de Paimadó, entre otras, por extranjeros, situación similar a lo que sucede en el Bajo Cauca antioqueño. En concreto, brasileños, quienes son los dueños de los denominados “dragones”, unas enormes máquinas utilizadas para extraer oro del lecho de los ríos. Como en el departamento de Antioquia, estos foráneos trabajan con los grupos armados para lavar activos y financiar sus acciones criminales.
Esas acciones contaminantes, dice la demanda, han ocasionado “graves erosiones que pueden generar deslizamientos, turbidez y contaminación de las aguas y de los peces, piscinas azulescas por el mercurio (foco de zancudos de la malaria), como lo reseñan los informes de las autoridades locales”. Por ejemplo, en 2008, el Plan de Desarrollo del Atrato alertó que esta minería ilegal ocasionaba la pérdida de sus selvas. Esa desbordada presencia de mercurio en el Atrato generó que varias especies de peces, principal alimento de las comunidades que viven a la orilla del río, consuman mercurio; este envenenamiento puede generar malformaciones, ceguera y pérdida de la memoria, entre otras graves dolencias.
Además, advierten los demandantes, la situación se hace más grave, pues el servicio de acueducto, que le permite a la comunidad obtener el agua para el consumo humano y la preparación de alimentos y aseo personal, es obtenida del río Atrato. “Ese líquido, como es de público conocimiento, está contaminado con altos índices de mercurio y los niveles de turbiedad del agua, lo que dificulta aún más el proceso de potabilización del agua”, agregaron los demandantes. Una evidencia de que las comunidades están hasta el cuello de mercurio fueron los estudios toxicológicos y epidemiológicos que ordenó la Corte Constitucional en 2016; pero los pacientes recibieron los resultados ¡cuatro años después!
Con evidencia científica en mano, los pobladores evidenciaron que los niveles de mercurio en su sangre eran superiores. Habitantes de Quibdó empezaron a entender por qué tenían ciertas enfermedades. Además, en 2022, un estudio publicado por Elsevier, una prestigiosa editorial neerlandesa de asuntos científicos, reveló que las especies de peces en el río Atrato tenían alarmantes niveles de mercurio. “La contaminación de las aguas ha modificado las condiciones de existencia de las comunidades al no poder utilizar las aguas por estar contaminadas por la minería ilegal ni poder consumir los peces por estar contaminados con mercurio”, insisten los demandantes.
En el recurso que estudia el Tribunal Administrativo de Antioquia, los 1.600 habitantes fueron claros con la situación que viven: “La contaminación nos cambió el modo de vivir, al no poder bañarnos en el río porque las enfermedades (rasquiña, picazón, infecciones vaginales y enfermedades de la piel) han causado daños irreparables a la población, afectando sustancialmente su vida de relación con el medio ambiente, violentando de manera visible y flagrante derechos colectivos y del ambiente”. Pese a las evidencias y a que la Corte Constitucional ha dicho que la contaminación del río es tan grave que el Estado debe protegerlo a como dé lugar, la defensa del Gobierno presentó un particular argumento ante el tribunal.
En un documento de 23 páginas, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado afirmó, en pocas palabras, que la demanda de los atrateños no tiene pruebas que determinen que las entidades demandadas —los ministerios de Ambiente y Minas y Energía, la Agencia Nacional de Minería, el municipio de Atrato y la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó (Codechocó)— habían incumplido sus labores y permitieron el avance de la minería ilegal de oro. Fuentes cercanas al proceso le contaron a este diario que no se han podido realizar los estudios y otras pruebas que darían más peso a la acción judicial, ya que no hay recursos para ponerlas en marcha, pero indican que la grave situación que viven este y otros municipios del río Atrato salta a la vista.
“Sobre la posible valoración de las fotografías que fueron allegadas al proceso por los demandantes, que pretenden demostrar la ocurrencia de hechos como las consecuencias de la explotación minera en toda la extensión del municipio de Atrato y la disminución en la calidad de vida de sus pobladores, debe decirse que, con estas, no es posible determinar técnicamente tales afectaciones, pues solo son capaces de exponer una realidad generalizada que ha sufrido el municipio en cuestión; sin embargo, como medio probatorio no tiene mérito alguno porque no existe certeza de que correspondan a los daños causados por parte de las entidades demandadas”, aseguró la Agencia ante la magistrada Bernal Vélez.
Otro argumento que esgrimieron los abogados del Estado y causó indignación entre los demandantes es que “resulta evidente que los accionantes no reúnen una causa común más allá de estar ubicados geográficamente en el extenso municipio de Atrato, pues pareciera que se confunde el hecho de pertenecer a un territorio con notables dificultades socioeconómicas con el hecho de ser afectados colectivamente por la misma causa y, en consecuencia, sufrir los mismos perjuicios”. Así las cosas, esta acción judicial colectiva es analizada por el Tribunal Superior de Antioquia y se espera que durante este año determine, en primera instancia, si el Estado se hizo el de la vista gorda ante la tragedia ambiental.
Por David Escobar Moreno
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