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La mina de oro más grande en toda Colombia, ubicada en zona rural de Buriticá (Antioquia) y con capacidad para producir 9,1 toneladas anuales de ese mineral precioso, representa desde este año un problema de proporciones internacionales para Colombia como nación. La multinacional china Zijin Continental Gold demandó ante un tribunal internacional al país por no proteger su inversión en el municipio antioqueño, por la cual pagaron derechos de explotación por USD $1.000 millones en 2020. Los túneles de la mina están cada día más invadidos por mineros ilegales, en su mayoría pobladores regionales que sobreviven con el negocio del oro y la plata. A esas personas, el Clan del Golfo las controla, extorsiona, obliga a trabajos forzados y les pone control armado, afectando a los empleados, contratistas y, en definitiva, la operación de la multinacional china.
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Zijin Continental Gold demandó al país ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Se trata de un prestigioso tribunal ante el cual multinacionales de la talla de WOM, Samsung, Movistar y mineras como Glencore o RedEagle, radican demandas contra países por lo que consideran graves fallas en la protección de sus inversiones, las que suelen ser multimillonarias. Para dar un ejemplo, cuando Colombia prohibió la minería en el páramo de Santurbán, en 2016, le cayeron un puñado de demandas de inversionistas extranjeros, en su mayoría canadienses, que reclamaron expropiación y trato injusto e inequitativo por parte de Colombia. El Espectador conoció los detalles del caso y el documento con el cual Zijin Continental Gold espera que el país sea condenado a pagar hasta USD$430 millones por el caso Buriticá.
Los chinos se sienten estafados, desprotegidos y poco escuchados. Ante el CIADI explicaron como antecedente que, en 2011, el Ministerio de Minas y Energía del gobierno de Juan Manuel Santos sedujo a empresarios de todo el mundo para que invirtieran específicamente en Antioquia durante la Asociación de Prospectores y Desarrolladores, celebrada en Canadá. En la convención minera más importante de las Américas, Colombia puso en el mostrador internacional a la subregión occidente antioqueña por su potencial minero y ofreció estabilidad legal, política y económica. Santos buscaba darle más velocidad a, cómo su gobierno lo dijo, la “locomotora minero-energética” que entre 2002 y 2010 le había significado el 25,9% de la entrada de capital al país, según investigó Zijin.
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En ese contexto, en 2011, los canadienses de Continental Gold, empresa que luego sería comprada por Zijin, lograron que la secretaría de Minas de Antioquia combinara todos sus derechos mineros en una sola concesión en la jurisdicción de Buriticá. La mina más grande de Colombia, ubicada en un municipio de apenas 364 kilómetros cuadrados, asentado casi en la cúspide de una de las tupidas montañas que se unen con las del Bajo Cauca al oriente y con las que se encaminan al Urabá hacia el norte. Buriticá es en sí mismo una mina de oro, pues a excepción de las zonas de reserva forestal, casi todas sus hectáreas tienen solicitudes o títulos mineros adjudicados. Zijin compró los derechos de explotación en 2021, un año después, Colombia le aprobó una expansión y, con ello, se suponía que el inversionista tenía todo listo para su negocio.
Al contrario de lo que se esperaba, como se diría de manera metafórica, no todo lo que brilló fue oro. “Aunque Colombia indujo y se benefició de estas inversiones sustanciales, posteriormente ha violado las expectativas que formaron la base sobre la cual el demandante decidió invertir en el país, y en particular, ha fallado en cumplir sus promesas de apoyo y protección”, se lee en la demanda. Es un dato exacto afirmar que los mineros ilegales se están tomando la concesión de Zijin Continental Gold. Ante el tribunal internacional, el inversionista sostiene que perdieron el control de su operación. El 100% del túnel Yaraguá, el 40% del túnel Rampa Sur y el 30% del túnel Higabra. En este último está establecida la mayoría de las instalaciones de apoyo, incluyendo el campamento, las oficinas administrativas y las plantas de procesamiento y tratamiento del oro.
La intervención de los mineros ilegales es tal que, durante 2023, Zijin registró más de 90.000 detonaciones de personas que no tienen ningún derecho sobre la mina. El año pasado, los ilegales amenazaron a Zijin con más de 2.000 explosiones y tiroteos bajo tierra. “Los datos sugieren que alrededor de 100 toneladas de explosivos fueron utilizados por los mineros ilegales durante ese año para volar rocas y liberar los minerales auríferos en las áreas subterráneas”, se lee. La tendencia continuaría en 2024, pues las cuentas, a corte de mayo, van en 50.000 detonaciones ilegales y más de 750 tiroteos y otros ataques armados. El inversionista reporta 11 ataques directos a personal de la mina, entre ellos el asesinato de dos contratistas, en un atentado que dejó otras 14 personas heridas el año pasado.
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Zijin, señala la demanda, se cansó de utilizar todos los recursos disponibles en la ley colombiana para proteger su propiedad y sus derechos exclusivos. Adjuntó documentación que prueba que ha iniciado más de 100 procesos administrativos de desalojo de mineros ilegales ante la Alcaldía de Buriticá, la secretaría de minas de Antioquia y la Agencia Nacional de Minería (ANM). En cartas enviadas directamente al presidente Petro, han alertado al alto gobierno de que más de 4.000 mineros ilegales le están sacando hasta 1,5 toneladas de oro mensuales. Advierten que, de hecho, Colombia está perdiendo millones de dólares por concepto de autorretenciones, regalías, impuesto de renta y por robo de material explosivo y accesorios de voladura, en ese orden por rubro económico y por más de USD$100 millones anuales.
El gobierno de Colombia
El inversionista chino dejó ver su incomodidad con la llegada del presidente Gustavo Petro al poder, a quien señala de proponer “vehementemente una agenda anti-minera”. Adjuntan una comunicación pública de noviembre de 2021, cuando el máximo mandatario estaba en campaña y propuso comprar concesiones mineras en Buriticá, para desarrollar la pequeña y mediana minería en manos de la gente de Antioquia. “Duque y Uribe entregaron el territorio antioqueño a mineras transnacionales depredadoras”, dijo en un tweet, en 2021. Ahora, en la época medular de su presidencia, Petro le ordenó al Ministerio de Minas radicar un proyecto de ley para reformar el Código Minero en la actual legislatura. Entre las ideas gubernamentales está crear nuevas categorías para diferenciar a quienes se dedican a esta economía y de esa manera focalizar programas de formalización de pequeños mineros.
Zijin había anunciado desde el año pasado su intención de iniciar un arbitraje. Ello obligó a Colombia a enfocar esfuerzos para llegar a una solución que no implicase llevar el caso a la justicia, con la coordinación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje). El gobierno Petro tuvo varias reuniones con el inversionista para cumplir sus expectativas de seguridad en el territorio. El Espectador conoció que, según el gobierno, Colombia nunca estuvo, ni está dispuesto a arriesgar una sola vida inocente al interior de la mina, para proteger la inversión y combatir con fuego la minería ilegal. Bajo tierra están pobladores que sobreviven de esa economía y mineros ilegales controlados por el Clan del Golfo, en asociación con grupos como La Oficina de Envigado, el cual usa como escudos humanos a quienes pican la montaña.
Este diario solicitó un concepto sobre la seguridad en la mina de Zijin al Ministerio de Defensa, el cual respondió que en el municipio “se encuentran desplegados dos mil hombres del Ejército Nacional para abordar la problemática de la minería ilegal. Realizar un megaoperativo no representa una solución viable pues pondría en riesgo la vida de mineros, quienes, a pesar de ser informales, no pertenecen a organizaciones ilegales como el Clan del Golfo. Hay operaciones en esta zona con la presencia de la unidad de élite de carabineros de la Unimil y el batallón del Ejército que asegura el área. El gobierno tiene un compromiso indeclinable con los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y la protección de la vida”, apuntó.
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Asimismo, la cartera de Defensa explicó que, entre agosto de 2022 y junio de 2024, por motivos de minería ilegal ha realizado 11 capturas. En ese término ha intervenido 442 minas ilegales y ha incautado cuatro unidades de maquinaria amarilla, 3,1 kilos de oro y 21 kilos de mercurio, el cual es utilizado para separar el mineral en cuestión de las rocas o piedras en las que se encuentra. Por su parte, la secretaría de Seguridad de la Gobernación de Antioquia le respondió a este diario que “para articular el trabajo y responsabilidades de cada institución, se instaló un Puesto de Mando Unificado permanente” y que ese departamento “no tiene la Delegación Minera desde el pasado 31 de diciembre de 2023, por lo tanto, no puede ejercer labores de legalización, fiscalización y control”.
La defensa del Estado
La manera en que Colombia se defenderá de esta demanda está en manos de la Andje. Su nuevo director, el exconsejero César Palomino, le respondió a El Espectador que “se contratará una firma de abogados extranjera” para coordinar la estrategia de la Agencia. Zijin Continental Gold, por su parte, es representada por la firma White & Case, la cual defendió a RedEagle en la demanda que perdió este año por el páramo de Santurbán y que también defiende a la multinacional española Telefónica (Movistar), en otro multimillonario pleito relacionado con el espectro electromagnético en el país. El director encargado de defensa internacional de la Andje, Giovanny Vega, agrega que la acción del Estado va hasta donde inicia el riesgo de los mineros ilegales. El costo humano está en constante evaluación.
“Colombia hizo un esfuerzo muy grande en informarle a los inversionistas chinos que el problema de Buriticá no se va a resolver con operaciones militares. Aunque, históricamente se han hecho las que han pedido. La novedad que tiene este expediente es que sin duda es el primer caso donde el estándar de protección que reclama el inversionista tiene que interpretarse a la luz de un conflicto armado iniciado por el Clan del Golfo”, explicó Vega. Fuentes que conocen el arbitraje de inversión, pero que prefieren reservar su nombre para no verse impedidas en casos ante el CIADI, establecen que para Colombia será crucial demostrar que ha hecho todo lo que está en sus manos por proteger la inversión de Zijin y probar la legitimidad de no poner en riesgo a los civiles en esa tarea.
El costo humano
¿La mina de Buriticá es una inversión de alto riesgo? Esa es otra de las aristas de este caso. Como establece Óscar Yesid Zapata, investigador de la Fundación Sumapaz, el municipio no es precisamente un paraíso. Desde 2010, se ha reportado el control territorial por parte del Clan del Golfo, el cual tenía la zona en disputa con las últimas facciones de las FARC que se desmovilizaron en 2016. Desde entonces, “la violencia en Buriticá se debe a la expansión del Clan, gracias a esos paramilitares en los noventa y principios del 2000 controlaron la región y que dejaron una capacidad instalada. Es un fortín económico, político y territorial, por ser un corredor estratégico en el departamento y porque la mina es toda una fuente de financiación”, expresó Zapata.
Sobre la minería ilegal dentro de las montañas no hay estudios en Colombia, sin embargo, la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (Unodc), en su último informe sobre explotación de oro en orillas y lechos de ríos (aluvión) establece que Antioquia es el segundo departamento más depredado. El informe es de 2022 y confirma que, desde 2014, Antioquia tiene registros de explotación de oro ilegal y sostenida, bajo la modalidad de aluvión, en más de 37.000 hectáreas. “La minería ilegal tiene todos los parámetros para ser considerada un problema internacional, porque crea unas condiciones propicias para el delito en el entorno local y crea condiciones para el tráfico de cocaína”, señala Leonardo Correa, coordinador del Área de Análisis, Monitoreo e Innovación de la Unodc.
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Andrea Agudelo, jefa del Área contra los Delitos Económicos de la Unodc, agrega que en departamentos como Antioquia “los mineros artesanales que trabajan las minas o los ríos, cuando van a la compraventa de oro, siempre piden el recibo. Con base en el total, el Clan del Golfo les cobra un porcentaje que puede ser entre cinco millones y 100 millones al mes. Y se asocian para el lavado de dinero con organizaciones como La Oficina, Los Pachelly y Los Mesa, que tienen sus negocios en la región. Y no solo eso. La maquinaria de extracción ilegal de oro se mueve por tierra, por las carreteras que los grupos armados mismos han forjado y por las que cobran una extorsión. Es un negocio altamente lucrativo que tiene el agravante de que el producto final es legal, a diferencia de la droga”.
Las consecuencias de esta economía ilegal se viven como un verdadero infierno. “Los intereses ilegales en torno al proyecto de Zijin se han intensificado y el Clan del Golfo ha llevado a cabo operaciones en el territorio. La comunidad ha visto perturbada su tranquilidad debido a la llegada no autorizada de este grupo a reuniones comunitarias. Se imponen con armas y establecen normas de convivencia, reglas, sanciones y amenazas de muerte a líderes sociales”, señaló una fuente de la región cuya seguridad es crítica, como para todo aquel que denuncie la forma en que los armados se enriquecen con Buriticá. Así las cosas, Colombia entra a defenderse de una demanda multimillonaria, buscando probar que hace cuanto puede por proteger los intereses de Zijin, sin descuidar la vida de los pobladores. Todo esto, aguantando el bochorno por haber perdido presencia estatal ante el Clan del Golfo, que goza su época de El Dorado en la montaña cedida a los chinos inversionistas.
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Jhoan Sebastian Cote Lozano
jcote@elespectador.com
@SebasCote95
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