Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
Evaristo Tegría, primer abogado indígena U’wa, está en el clímax de su carrera en el Derecho. Su nombre será historia, pues se trata del primer indígena nacional cuya demanda llegó ante Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Tegría hablará en audiencia, para el continente, sobre cómo la justicia colombiana no habría protegido a los U’wa, quienes reclaman ser autónomos en su territorio ancestral, pero marcado por la guerra y la intervención petrolera. Este 25 y 26 de abril, la Corte IDH escuchará a los U’wa y al Estado, en un expediente que podría ser hito.
En contexto: Pueblo indígena U’wa será escuchado por la Corte IDH en demanda contra el Estado
Tegría aboga por el Resguardo Unido U´wa, un territorio de 352.000 hectáreas, reconocido solo hasta 1999, rodeado por Arauca, Boyacá, Santander, Casanare y Norte de Santander. Los U´wa son históricamente protectores del nevado del Cocuy, en cuyas faldas sus autoridades ancestrales cumplen con tradiciones aún más antiguas que la colonia española. Pero, hacia la frontera con Venezuela, padecen la presencia de un Eln que se hace fuerte entre los árboles y ríos, y también de las concesiones a petroleras que plantaron infraestructuras de explotación.
Las raíces del caso que llegó a la Corte se remontan a 1994. Por ese entonces, el abogado Tegría recién cursaba cuarto semestre de Derecho en la Universidad Libre. El Gobierno lo llamó, a través de los Ministerios del Interior y de Ambiente. Lo recuerda como si hubiese sido ayer, mirando las montañas que rodean el Resguardo Unido U’wa, en zona rural de Cubará (Boyacá), donde vive la mitad de su población indígena. Hace casi dos décadas, le dijeron que la multinacional estadounidense Occidental Petroleum Corporation (OXY) estaba interesada en explorar Cubará, pues había la probabilidad de encontrar petróleo.
Antecedentes: “El Estado vulneró los derechos del pueblo indígena u’wa”: CIDH
Tegría les contó a los indígenas, pero la respuesta fue negativa, por las afectaciones a una tierra que, en su tradición, se regula sola y no necesita intervención. Aun así, Tegría estuvo dispuesto a escuchar de nuevo al Gobierno en 1995, en una reunión en Arauca. Se supone que era el proceso de consulta previa para explorar el Bloque Samoré, ubicado en el nororiente boyacense. “En esa reunión, nosotros le explicamos al Gobierno que no estábamos de acuerdo con el proyecto petrolero por los impactos culturales y territoriales que iban a afectar la pervivencia del pueblo U’wa”.
El abogado recuerda que la respuesta oficial fue: ‘Nosotros no venimos acá a que ustedes digan si sí o no quieren. Nosotros venimos acá es porque es nuestra obligación informarles a ustedes qué es lo que va a hacer el gobierno colombiano”, le dijo a El Espectador. Tiempo después, Tegría escuchó por televisión que, al final y a pesar de su negativa, el Gobierno le había entregado licencia ambiental a OXY para la exploración del Bloque Samoré. Lo recuerda abriendo sus brazos en clara señal de decepción. La Defensoría se negó y presentó una tutela que, dos años después, fue resuelta por la Corte Constitucional a favor de las comunidades.
En ese fallo, el alto tribunal obligó al Gobierno a hacer una verdadera consulta. Pero un mes después de esa decisión, el Consejo de Estado declaró la legalidad de la licencia. Todo quedó en un limbo jurídico que OXY aprovechó para la exploración y que obligó a Tegría a llevar el caso ante el sistema interamericano. Hoy en ese bloque se encuentra el campo de gas Gibraltar, que desde 2008 abastece los hogares de Bucaramanga, Cúcuta y a municipios santandereanos y antioqueños. Se invirtieron $97 millones de dólares y el Estado ubicó una guarnición del Ejército a pocos metros, donde los perros ladran a quien se acerque y donde definitivamente huele a gasolina.
Lea: Los u’was no quieren a Ecopetrol en sus territorios ancestrales
La infraestructura, a cargo de Ecopetrol, además, es la materialización física de la pelea de los U´wa ante la Corte IDH. Todo un edificio de extracción de hidrocarburos en medio de la selva ancestralmente U’wa, donde jamás el Estado tuvo permiso indígena para intervenir, ni mucho menos para otorgar a una multinacional.
En el siguiente mapa nos podemos ubicar espacialmente. En naranja claro, el territorio del Resguardo Unido U´wa. Al norte se ve la linea por la cual pasa el oleoducto Caño Limón – Coveñas, en amarillo. También la line del gasoducto Gibraltar, en violenta. Mapa de Earth Rights International, con información pública:
Lo que estudia la Corte IDH
Tegría es profesor de un internado U’wa ubicado en El Chuscal (Cubará), adaptado a la estética indígena tras el abandono de los jesuitas, quienes el siglo pasado invirtieron en un edificio para intentar fallidamente convertirlos al catolicismo. Niños juegan microfútbol, mientras el famoso pájaro Sirirí hace lo suyo. Tegría saca a la luz sus documentos. Dice tener los títulos coloniales que dicen que los U´wa tienen derechos territoriales hasta en Venezuela. Y tiene, por su puesto, el informe que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le envió a la Corte IDH, en 2019, cuando alertó que la justicia internacional podría condenar al Estado colombiano por no garantizar la consulta previa.
“El Estado no cuenta con legislación que regule debidamente la consulta. A pesar de estas graves omisiones, varios de los proyectos iniciaron en su implementación, sin haber obtenido el consentimiento del pueblo U’wa”, señaló la Comisión, poniendo en evidencia el problema de fondo de este crucial expediente judicial. Y en su puntada final, le recomendó al Estado adoptar una ley de consulta previa. La abogada Laura Posada, de Earth Rights International, presente en El Chuscal, considera que el caso es una oportunidad para eliminar un patrón evidenciado en Colombia y otros países de América: “La presencia de empresas extractivas y su trabajo conjunto con Fuerzas Armadas de los Estados, en contra de esa posibilidad que deberían tener los indígenas para decidir libremente qué es lo que puede suceder en sus territorios”.
Antecedentes: Comunidad u’wa se toma la planta de gas de Gibraltar
Yessica Prieto, de Crudo Trasparente, una oenegé que vela por la trasparencia de la industria petrolera, señala que “el resultado de la Corte IDH va a permitir que en Colombia los procesos de consulta previa puedan adelantarse de manera más adecuada con los pueblos indígenas. Se podría determinar cuál debería ser ese involucramiento y esa garantía que el Estado va a dar a los procesos de consulta previa”, señaló. Los U’wa dependen de la Corte IDH para resolver lo que llevan años alegando en Colombia: la protección y soberanía sobre su territorio, y el respeto por el derecho que tienen de definir quiénes pueden entrar a su tierra.
El petróleo
En Cubará no solo opera el campo de Gas Gibraltar. Bajo el municipio y partes del Resguardo Unido U’wa, desde los años 80 pasa el oleoducto Caño Limón – Coveñas: la infraestructura de hidrocarburos más potente del oriente del país, que trasporta hasta 205.000 barriles de crudo al día. Los indígenas exigen a la Corte IDH alejar también esa infraestructura porque representa una grave violación contra la naturaleza. Según Daris Cristancho, profesora de la comunidad, ese líquido debe siempre permanecer en el subsuelo, pues la tradición dicta que se trata de la sustancia que le da la energía y vitalidad a la tierra para mantenerse con vida.
Entre otras de las peticiones U’wa a la justicia internacional está mantener la plena autonomía sobre los recursos del subsuelo de su territorio. Un problema por resolver porque, según la Constitución, lo que hay allí, incluyendo el petróleo, es propiedad exclusiva de la Nación. De hecho, ante el sistema interamericano, Colombia se pronunció diciendo que el derecho a la propiedad colectiva no es absoluto y que “las autoridades siempre preservan la competencia para adoptar una decisión final sobre la realización del proyecto”. Ante la tensión entre indígenas y Estado, la sentencia de la Corte IDH también podría marcar un hito en cuanto a derecho sobre el subsuelo.
Antecedentes: Indígenas U’wa se toman pozo petrolero para presionar diálogo
El recorrido de los recursos
Aunque el campo de gas Gibraltar funciona desde 2008, recién el año pasado la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) determinó su real ubicación en el departamento de Boyacá. Había una pelea entre Cubará y el municipio de Toledo, en Norte de Santander, por ver cuál jurisdicción asumía lo que significa la explotación de ese hidrocarburo. Con un 99,5 % de certeza queda en Cubará. La alcaldesa, Aura Tegría Cristancho, hija de la profesora Daris Cristancho, señala que a pesar de que era evidente la presencia de Gibraltar en su tierra, únicamente la vereda con ese nombre ha tenido el gas que se extrae a pocos metros de la cabecera municipal.
“Dirá la gente del centro del país: ‘¡Claro! Cubará tiene 20 años explotando gas, debe tener el gas más barato del país. Pero la realidad es que lo tiene Bucaramanga y las grandes ciudades a las que se lleva en un tubo. Es algo ilógico que Ecopetrol no haya priorizado al municipio en todas estas décadas”, dijo en entrevista. Cubará, que tiene su propia planta de gas, curiosamente, trae la gran mayoría del Casanare. Y los U’wa, que son más de la mitad de la población del municipio, no reciben ni gas, ni tampoco las regalías porque están congeladas en una cuenta en disputa con Norte de Santander, según la alcaldesa.
Las únicas regalías que entran a Cubará, refiere la Alcaldía, son las que Ecopetrol entrega por el paso transversal de Caño Limón – Coveñas. Dinero que entra en una bolsa común para atender a campesinos e indígenas. El Espectador buscó a la petrolera, que designó la vocería a Cenit, la empresa encargada de trasportar el petróleo y reparar los constantes ataques de los grupos armados. Sin embargo, su respuesta se limitó a explicar que han trabajado “en armonía con el modelo de relacionamiento directo con el entorno a través del desarrollo del cooperativismo, el diálogo constante con las comunidades y la inversión socioambiental”. Y que, en la última década, se identificaron 432 conexiones ilícitas al oleoducto y 455 atentados. Once de ellos han ocurrido en 2023.
Para hablar de atentados, la profesora Cristancho lleva al equipo de este diario a la vereda Campo Alegre, al oriente de Cubará. Uno de los caminos por donde transitan los indígenas de la familia U´wa de Rotarbaría quedó hecho pedazos. Solo hay rocas ahumadas y árboles hechos trizas alrededor de un cráter. El Eln estuvo aquí hace apenas dos semanas y su objetivo fue, como lo ha hecho durante décadas, explotar una de las estaciones del oleoducto Caño Limón – Coveñas. “El oleoducto debería estar fuera de nuestro resguardo, para que la vida de nuestras comunidades y autoridades no se afecte”, dice un indígena testigo del incidente. Dos vacas murieron.
El Centro de Investigación Popular (Cinep) sostiene que los estallidos en cuatro décadas de funcionamiento del oleoducto suelen ser un mensaje. Ecopetrol reporta más de 1.500 explosiones desde los años 80, que para el Gobierno deberían tomarse como la propaganda del Eln de que “seguimos aquí”. Mucho más en época de negociaciones de paz, con el Gobierno Petro, cuando los guerrilleros buscan hacerse fuertes en territorio para hablar con contundencia en Cuba. Pero, son los U’wa y los campesinos que viven cerca al oleoducto quienes, entre esa disputa entre rebeldes y Estado, sufren las consecuencias en carne propia. 167 muertos desde el 2.000.
Guerra. Petróleo. Consulta previa. Cosmovisión. La comunidad U’wa se juega el todo por el todo ante la Corte IDH. Lo que pueda resolver esta instancia internacional podría ser trascendental para su lucha de décadas por el respeto de sus derechos, pero igual de importante serían las consecuencias para el Estado colombiano que, como lo reafirmó la CIDH, no ha protegido a este pueblo indígena. Además de las tensiones entre los derechos de los U’wa, este debate también traería serias implicaciones para el gremio petrolero en el país, cuyos negocios dependen del campo de gas Gibraltar y el oleoducto Caño Limón-Coveñas. Lo que pase en las audiencias de esta semana será clave para la decisión que tomará la Corte IDH.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Conoce más