La novela del caso Carlos Mattos

Hoy, con varios abogados, un juez y funcionarios judiciales presos, la pugna de Mattos por defender sus intereses añade un nuevo capítulo. Aunque sin nombres propios, a raíz de una publicación que lo señaló de poseer un bien en España, adquirido a través de una sociedad panameña, el fiscal Martínez expresó que en su lucha contra la corrupción no lo detendrán ni las chuzadas, ni las publicaciones patrocinadas en Colombia y el exterior, ni los seguimientos que, según él, le hicieron en España.

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En el fondo de sus comentarios está el caso Mattos. Con una particularidad: cuando se inició la pelea, en septiembre de 2015, de los coreanos y Mattos, entre los distintos grupos de abogados que asesoraban al empresario colombiano en diferentes áreas estaba el bufete de Néstor Humberto Martínez, DLA Piper Martínez Neira. Incluso, cuando Martínez llegó a la Fiscalía en agosto de 2016, su hijo, Néstor Camilo Martínez, continuó como uno de los defensores de Mattos.

Sin embargo, ante la evolución de los hechos, Néstor Camilo Martínez y la mayoría de abogados de Carlos Mattos renunciaron el 29 de septiembre de 2016 a asesorarlo. Entre tanto, el fiscal Martínez anunció que el ente investigador tenía evidencia documental de posibles irregularidades en la manipulación de una tutela en la pelea del caso Hyundai. Ante las críticas por su nueva postura, Martínez dijo que no se declararía impedido porque el proceso no estaba en su despacho.

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Hasta 2014, el negocio de Mattos con la coreana Hyundai Motor Company iba a pedir de boca. Pero los dilemas de la devaluación del peso y la competencia de otras marcas asiáticas llevaron a los coreanos a buscar una salida. Entonces apareció la empresa Neocorp, propiedad del magnate ecuatoriano Juan Eljuri, que presentó una propuesta más ambiciosa y se quedó con el negocio que Mattos manejaba desde 1992. De inmediato, Mattos planteó una demanda en febrero de 2016.

Con el argumento de haber realizado enormes inversiones para posicionar la marca, Carlos Mattos pidió una indemnización cercana a las $770.000 millones. Como era de esperarse, los coreanos se negaron a pagar esa suma. Entonces vino el hecho inesperado. A los dos meses, en abril de 2016, el juez sexto civil del Circuito de Bogotá, Reinaldo Huertas, dictó una medida cautelar ordenando que, mientras se resolvía la demanda, solo Mattos podía distribuir vehículos Hyundai en Colombia.

A pesar de que la decisión parecía ceñirse a una pelea entre privados, en su columna de la revista Semana, el periodista Daniel Coronell puso en tela de juicio la medida cautelar del juez y cuestionó la celeridad con que actuó para vetar el ingreso de 9.143 carros por parte de Neocorp, que quedaron estancados en zonas francas del país. Además, Coronell destacó que una semana después de su decisión, el juez Huertas se había comprado un carro nuevo pagando $73 millones de contado.

La denuncia la interpuso el abogado Jaime Lombana, en representación de Neocorp. Pese a que Mattos y los coreanos zanjaron su disputa en noviembre de 2016 por un valor inferior al que pedía el primero, la Fiscalía siguió con su investigación contra el juez Huertas. Producto de esta pesquisa, a mediados de 2018 no solo cayó preso el juez, sino otras seis personas, cinco funcionarios de la Rama Judicial que direccionaron la tutela, y el abogado que le ayudó a Mattos.

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Este último resultó ser Luis David Durán, quien ante las evidencias en su contra optó por confesar. Dio detalles de cómo a principios de 2016 repartió entre $120 millones y $150 millones en sobornos para los funcionarios judiciales y que el pago al juez Huertas para que decretara las medidas cautelares fue por $2.000 millones. En ese momento, en junio de 2018, a Carlos Mattos se le enredó la pita, pero como tiene nacionalidad española, permanece en ese país a la espera del desenlace del caso.

La Fiscalía ha intentado imputarle cargos a Mattos en dos ocasiones. La tercera está prevista para el próximo 3 de octubre. Sin embargo, su defensa, a través de una publicación en los principales diarios del país, sostuvo que la Fiscalía quiere convertir una disputa civil en un proceso penal y que Mattos no ha podido comparecer ante la justicia porque está enfermo por depresión. Además alega errores de procedimiento y que su cliente debe ser citado en una sede judicial en España.

En contraste, la Fiscalía insiste en que es una estrategia de Mattos para dilatar el proceso. Y la evidencia de que sigue adelante con el caso fue la detención el pasado jueves del abogado Alexandre Philip Vernot, quien, según la Fiscalía, fue a la cárcel Modelo a nombre de Mattos para visitar al detenido Luis David Durán y ofrecerle US$2 millones a cambio de que guardara silencio y cesara su proceso de colaboración con la justicia.

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Al tiempo que Vernot fue imputado por soborno, delito del que se declaró inocente, reapareció el periodista Gonzalo Guillén, quien a principios de semana había publicado una investigación en la que señaló al fiscal Martínez de esconder bienes en España y tener una sociedad en Panamá. Guillén aseguró que, antes de publicar su nota, consultó a Vernot sobre sus contenidos, y que le parece “el enredo más miserable” que su denuncia la envuelvan en un tema que nada tiene que ver.

En medio de la pelea pública que libran el fiscal Martínez y el periodista Guillén se interpreta que cuando el primero dice que no se detendrá ante ninguna forma de conspiración, al parecer se refiere al caso Mattos. Entre tanto, en cuatro días, la Fiscalía imputará cargos al empresario Carlos Mattos, el mismo que hace unos años contrató a Néstor Humberto Martínez para que lo representara en su pelea contra los coreanos.