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El peligroso escenario que se vive desde hace varios meses en la frontera entre Colombia y Venezuela cada tanto vuelve a ser noticia cuando alcanza picos de violencia. Como en las últimas semanas en las que las autoridades de ambas partes reportaron la muerte en combate y capturas de fichas claves del bajo mundo en esta extensa zona limítrofe por donde el tráfico de drogas y el contrabando son el negocio más lucrativo y del que distintos grupos criminales se disputan el control de los pasos ilegales.
Por ejemplo, en los departamentos cercanos a la frontera hace pocas horas la Fiscalía y la Policía capturaron a un ciudadano venezolano que es requerido por una corte de los EE.UU por delitos de narcotráfico. Se trata de Jorge Dorante, alias Conejo Zanahoria, fue capturado en la vía que de Bucaramanga conduce a Cúcuta. De acuerdo con las autoridades norteamericanas, Conejo Zanahoria se encargaría de controlar las rutas de salida de cocaína desde el estado de Falcón, al norte de Venezuela. Al parecer, recibía los cargamentos de narcos colombianos, los guardaba en predios que tenía en la zona costera y, luego, los embarcaba en lanchas rápidas hacia Curazao, Puerto Rico y República Dominicana.
Morffe señala que desde la salida de Venezuela de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) en 2011, la frontera dejó de ser un espacio que había servido de bisagra para la integración de los dos países y que tuvo su principal atributo en el crecimiento del intercambio comercial, teniendo como principal epicentro, las ciudades de Cúcuta y San Antonio en los 80 y 90, para luego convertirse en espacios violentos y de pugna por parte de diferentes grupos armados. Lo más grave de esta presencia armada en la región, dice el politólogo, es el deterioro institucional que se ha mostrado en la frontera ante la mirada complaciente del Estado venezolano.
“Tras la pérdida de apoyo por parte del Estado a los planes y programas que se enmarcaban en la CAN para los espacios fronterizos venezolanos, la presencia del Estado venezolano fue suplantada por actores violentos que buscan el control social, político y de las incontables economías ilegales a lo largo de los 2.219 kilómetros de territorio que los separa de Colombia. Si bien antes de 2013 y la llegada de Maduro a la presidencia, la presencia de grupos armados eran hechos notorios en la frontera, las acciones unilaterales de cierre de frontera, la desatención de los programas de desarrollo regionales y el posicionamiento de grupos irregulares afectos al gobierno venezolano, son hechos que han signado el quehacer diario de quienes tienen que lidiar con hechos violentos sin el apoyo de las autoridades.
Entender como el ELN quien no tenía una presencia prominente en regiones como la frontera Táchira-Norte de Santander antes de 2013, y la llegada de los llamados “Colectivos” a partir de 2017, son hoy, actores prominentes de hechos violentos en la frontera.
En efecto, la legitimidad de las instituciones del Estado venezolano se ha visto solapada o suplantada por un control social informal que realizan estos grupos armados, no solo en los pasos ilegales (trochas), sino en las poblaciones en las cuales impactan las dinámicas fronterizas. Observar cómo los grupos violentos accionan en presencia de organismos del Estado venezolano, dan muestra de la complacencia y sumisión de quienes tienen como deber, velar por los derechos de los ciudadanos en la frontera. Este quiebre institucional, por ende, estimula desconfianza de los ciudadanos ante las autoridades y entre los mismos ciudadanos, promoviendo de igual forma una impunidad de motiva más hechos de violencia.
El politólogo venezolano también remarca la existencia de 250 trochas identificadas en el estado Táchira y 180 en el estado Zulia (Venezuela) donde los grupos armados controlan cualquier economía paralela o actividad que se realiza en las mismas. Además, según el director de Gobernar, denotan el rol que están jugando estos actores armados, siempre bajo la mirada complaciente o en complicidad de las autoridades venezolanas. En colaboración con el ELN, grupos colectivos como “Colectivo del Pueblo”, “Colectivo Ezequiel Zamora”, y “Colectivo Che Guevara” por citar algunos, han promovido acciones de control a lo largo de poblaciones como Ureña y San Antonio en el estado Táchira (Venezuela).
“Mas hacia el Norte, los otrora grupos armados o llamados GAO del conflicto colombiano, pugnan por el control de territorios claves a lo largo de la región del Catatumbo, logrando acceder con facilidad al territorio venezolano en una frontera invisibilizada por su porosidad geográfica y la débil institucionalidad venezolana”, señala Morffe en diálogo con este diario. Y añadió que
“Entender que la institucionalidad de un Estado no recae solamente en la presencia de instituciones u organismos, sino en su accionar con criterios de eficiencia y eficacia en el cumplimiento de sus propósitos, conlleva a mostrar rasgos negativos sobre el comportamiento de las instituciones del Estado venezolano como Fiscalía, Defensoría, Alcaldías, Cuerpos de Seguridad por citar algunos, quienes han dejado de cumplir su función de control y regulación, no solo por omisión, sino por las cifras extraoficiales que muestran un crecimiento sostenido de la violencia e impunidad en las regiones fronterizas”, concluye Morffe.
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