La nueva estrategia del Estado

Con un sigilo de estudiantes dentro de una biblioteca, en los últimos meses el Gobierno colombiano ha concentrado sus esfuerzos en hacer una especie de “borrón y cuenta nueva” con la defensa que presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso del Palacio de Justicia, en la que se aseguró que no hay desaparecidos ni se cometieron torturas o ejecuciones extrajudiciales. Luego de que se conocieran los argumentos esgrimidos por el agente Rafael Nieto Loaiza, el Gobierno quedó atrapado entre una afilada espada y una pared de piedra: por un lado, había la necesidad de respaldar a quien se contrató para defender al Estado. Pero, por el otro, se hacía evidente que esa posición era insostenible.

Mantener a Nieto Loaiza en el cargo representaba una enorme dificultad. Presentarse ante la Corte Interamericana a exponer que quienes desaparecieron después del asalto del M-19 y de la actuación del Ejército eran una especie de ‘invento’, a pesar de los pronunciamientos de la justicia colombiana en los últimos 28 años, era un sinsentido que a ciegas conduciría a la Nación a una condena. Decidir en qué orilla pararse, se ha vuelto una carrera contrarreloj para el Gobierno, que el próximo 7 de octubre deberá enviar a sus delegados ante la Corte. Buscando enderezar el camino, según pudo establecer El Espectador, hace un par de meses se conformó una comisión de expertos, integrada por abogados de ligas mayores.

El grupo está conformado por Eduardo Cifuentes, exmagistrado de la Corte Constitucional y exdirector de la división de derechos humanos de la Unesco. Le siguen Carlos Arturo Gómez Pavajeau, exviceprocurador de la era Edgardo Maya. Juana Acosta, subdirectora temática de la oficina del Alto Comisionado para la Paz y excoordinadora del grupo de litigio internacional en derechos humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores. Julio Sampedro, director del departamento de Derecho Procesal de la facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Javeriana. Alexei Julio, también doctor en Derecho y magistrado auxiliar de la Corte Constitucional. Y cierra el listado Adelaida Nieto.

Cuando la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado reunió a estos seis personajes, les entregó a cada uno un paquete con miles de hojas que contenían todas las decisiones que se han tomado alrededor de este complejo proceso. Ese paquete incluía las —al menos— diez condenas contra la Nación por las omisiones que generaron la desaparición de personas en el Palacio. Incluía también procesos penales y sentencias a militares, y las 349 páginas que envió Nieto Loaiza a la Corte. Se espera que, a más tardar  en septiembre, esa comisión entregue un documento con las recomendaciones finales de cómo debe asumir el Estado su defensa ante la Corte, que abordará el tema en Ciudad de México entre el 7 y el 11 de octubre.

Un interrogante que sigue en el aire es la influencia que los militares puedan estar ejerciendo sobre la estrategia de defensa del Estado. Cuestionamiento razonable si se tiene en cuenta, por un lado, que los argumentos de Nieto Loaiza coincidían casi en todo con los que han usado los militares procesados por los 11 desaparecidos en tribunales nacionales. Y por otro lado, que el candidato de los ministerios de Defensa, del Interior y de Relaciones Exteriores para ser agente de la Nación en este proceso, Jorge Ibáñez, afirmó que a su nombramiento se le habían atravesado militares activos como el comandante de las Fuerzas Militares, Alejandro Navas, y uniformados en retiro, como el condenado Alfonso Plazas Vega.

Adriana Guillén asegura que “el estamento militar no ha tenido ninguna injerencia en el trabajo que se adelanta. Por el contrario, es respetuoso de la autonomía de la Agencia de Defensa”. Por cuenta de unas cláusulas de confidencialidad que firmaron con la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, los miembros de la comisión no pueden revelar detalles de sus labores. El Espectador, sin embargo, logró hablar con algunos de ellos para establecer que, en efecto, los militares no están participando en las discusiones y que tampoco les habían impuesto defender la tesis de Nieto Loaiza: “No nos condicionaron nada. Sólo nos pidieron entregar un trabajo del que estemos convencidos desde nuestra perspectiva profesional”.

El contrato firmado con Rafael Nieto Loaiza, firmado el 21 de septiembre de 2012 por un valor de $406 millones, sigue vigente. Sin embargo, este diario pudo conocer que sería cancelado en cuestión de semanas. Y fue precisamente un miembro del comité de expertos el invitado a suceder a Nieto: el penalista Julio Andrés Sampedro Arrubla. El Espectador se comunicó con él y, aunque confirmó la oferta, aseguró que por razones de confidencialidad no podía señalar si iba a aceptarla. “La Agencia viene trabajando desde diciembre de 2012 en la estrategia de defensa del país en el mencionado caso. Dicha estrategia se maneja con el mayor rigor y seriedad, ya que se pretende una defensa integral y digna del Estado”, expresó Adriana Guillén.

¿Admitirá Colombia en México a los desaparecidos? La Nación se encuentra en una apretujada situación: mientras el documento que Nieto Loaiza envió a la Corte en noviembre de 2012 aseguraba que los desaparecidos eran una falacia, decenas de fallos emitidos por jueces nacionales han señalado lo contrario. Nieto Loaiza aseveró también que Carlos Horacio Urán no había sido ejecutado extrajudicialmente por agentes del Estado, cuando la justicia colombiana apenas está indagando este hecho. Un integrante de la comisión de expertos le dijo a este diario que falta mucho por leer y examinar. Un colega suyo, no obstante, expresó: “Aún nos falta terminar el estudio que estamos haciendo. Pero es evidente que no se puede tapar el sol con un dedo”.

Los familiares de los 11 desaparecidos, que fueron quienes presentaron la demanda ante el Sistema Interamericano, creen que es inminente una condena contra el país por este asunto. “El Estado colombiano está trabajando arduamente para mitigar los efectos e impactos negativos de un posible fallo condenatorio”, replicó Adriana Guillén.

Los desaparecidos del Palacio de Justicia

Once personas permanecen desaparecidas desde la toma y recuperación del Palacio de Justicia en 1985. Ellas son Carlos Augusto Rodríguez, Cristina Guarín Cortés, David Suspes Celis, Bernardo Beltrán Hernández, Héctor Jaime Beltrán, Lucy Amparo Oviedo, Gloria Estela Lizarazo, Luz Mary Portela, Norma Constanza Esguerra, Gloria Anzola e Irma Franco. Siete eran trabajadores de la cafetería; tres, visitantes ocasionales, y Franco, guerrillera del M-19.

El general (r) Jesús Armando Arias Cabrales y el coronel (r) Alfonso Plazas Vega fueron condenados por su responsabilidad en estas desapariciones. Plazas Vega ha asegurado que Irma Franco sí fue desaparecida, pero que él no tuvo nada que ver. El Espectador reveló en mayo pasado, además, que la Fiscalía ya no tenía “dónde más buscarlos”. Los militares siempre sostuvieron que sus restos habían sido conducidos al Cementerio Sur de Bogotá, pero los análisis forenses no respaldan esa afirmación.