La ONU difunde su informe anual de DDHH

En 2006, una de las mayores preocupaciones fue el tema de las ejecuciones extrajudiciales atribuidas a miembros de la Fuerza Pública. Según anotaba el informe de ese año, los casos reportados eran civiles que se presentaban como muertos en combate, los autores alteraban la escena del crimen y los hechos los investigaba la justicia penal militar.

Es por eso que ahora esta misma entidad reconoce que en 2007, en las en "las más altas esferas civiles y militares" se adoptaron disposiciones para evitar la persistencia de estos asesinatos inculpados a la Fuerza Pública. "Las autoridades han reconocido que conductas tan graves como las ejecuciones extrajudiciales no proporcionan ventaja militar alguna", reza el documento.

Entre las medidas que se tomaron está el despliegue de asesores jurídicos operacionales, el fortalecimiento de controles internos y la instrucción para que los militares, en las escenas del crimen, protejan las pruebas para la Fiscalía. No en vano el lema de 2008 para las Fuerzas Armadas es "año del fortalecimiento del respeto por los derechos humanos".

Además, para apoyar estos lineamientos, en La Fiscalía se creó una subunidad especializada para la investigación de ejecuciones extrajudiciales. Sin embargo, la oficina de Derechos Humanos de la ONU solicita de ese organismo y de los de control un mayor compromiso, anotando que es necesario invertir más en recursos económicos y técnicos.

Esta agencia, apoyada en los informes de la OEA sobre el proceso de con los paramilitares, observa "con preocupación" el resurgimiento de una estructura armada ilegal en el Meta, Vichada, Guaviare y Nariño. Reconoce el avance de la justicia colombiana al haber abierto investigaciones contra 45 congresistas y al haber condenado a 18 de ellos, pero afirma que "continúan existiendo serios problemas estructurales" y que el sistema penal acusatorio debe contribuir a la reducción de la impunidad.

Sobre el paramilitarismo, el informe resalta dos cuestiones. La primera es el gran reto que enfrenta la Fiscalía cuando tiene 1.057 versiones libres en sus archivos y registra 121.547 víctimas. La segunda, que aproximadamente 19.000 integrantes de las Autodefensas no se acogieron a la Ley de Justicia y Paz y aún no tienen investigaciones penales en su contra.

En su discurso, el representante (e) de esta dependencia de la ONU, Javier Hernández, resaltó (a propósito de la marcha del 6 de marzo) lo importante que es visibilizar a las víctimas. "Todas las agencias de la ONU respaldan cualquier manifestación legítima, porque las víctimas no son sólo el número de muertos sino una sociedad herida", expresó el funcionario.

En el reporte de 2006, se solicitó a las autoridades encargadas de cumplir la Ley 975 de 2005 aplicar los mecanismos requeridos para que las víctimas accedieran a sus derechos de verdad, justicia y reparación. Sin embargo, luego de un año, "la persistencia de obstáculos para su plena aplicación (de la Ley de Justicia y Paz) son motivo de incertidumbre", dice el informe de 2007.

"No son todos los que están ni son todos los que son", manifestó Rodríguez para explicar que si bien este es un documento que expone a grandes rasgos los principales problemas en materia de derechos humanos en Colombia, algunos no tuvieron todo el desarrollo que ameritaban. Las minas antipersonal (el año pasado, Colombia fue el segundo país en el mundo que reportó mayor número de heridos por estos artefactos) son un buen ejemplo.