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Las revelaciones sobre la red de corrupción que involucraría a miembros del Ejército y a mandos de la disidencias de alias “Calarcá” tienen un efecto profundo, más allá del escándalo que toca a poderosos funcionarios: mientras algunos uniformados al parecer facilitaban información, logística y protección para su movilización, las disidencias aprovecharon ese pacto de no agresión para rearmarse y fortalecer su control territorial. Las pruebas reveladas por Noticias Caracol evidenciarían que la organización armada utilizó la mesa de diálogo con el gobierno para ganar tiempo y ventajas militares. Para Gerson Arias, analista de la Fundación Ideas para la Paz, ese crecimiento criminal no solo fractura la confianza de las instituciones y debilita la apuesta de paz, sino que deja a las comunidades en medio de esos entramados ilegales.
¿Cuál es el impacto de estas redes de corrupción entre miembros del Estado y de los grupos armados? ¿Cómo podemos aterrizar esas gravísimas evidencias con lo que pasa en el territorio?
Creo que llamaría la atención sobre dos puntos importantes. El primero es sobre la confianza de la ciudadanía en las instituciones y en la salida negociada del conflicto. Lo que termina demostrando este hecho, además de los errores críticos de diseño que tiene la paz total, es que definitivamente la forma en que se han conducido y desarrollado estas mesas de negociación no está generando confianza ni credibilidad en la opinión pública. La otra dimensión tiene que ver con qué va a pasar con esas mesas hacia adelante. Para la gente que está en los territorios esto ha significado una detención de la confrontación entre la fuerza pública y estos grupos disidentes, por tanto, lo que está en juego también es la pregunta de qué va a pasar si se detiene esta mesa, aunque lo veo poco probable.
Muchos han señalado que esto no es un escándalo nuevo y se han recordado las épocas del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y las Convivir. ¿Esto debería restarle importancia a que hoy siga sucediendo este fenómeno en el país?
Esta no es una situación inédita en todo el sentido de la palabra. Han existido hechos de corrupción, entramados entre institucionalidad legal y grupos armados ilegales. Pero en este caso actual hay variables importantes para analizar. Por ejemplo, definitivamente tenemos una conducción de un proceso de negociación que tiene particularidades porque no es un proceso ordenado ni blindado jurídicamente. Además, hay dos servidores públicos que están hablando, no como negociadores ni autorizados por el gobierno, sobre unas asuntos muy graves como crear una empresa de seguridad privada fachada (al parecer para que los disidentes pudieran mover armas y dinero).
Al final del día estamos volviendo a revivir esta situación en el gobierno de Gustavo Petro, que dijo que iba a eliminar todo eso. Lo que no debe pasar es que con un cese al fuego o cuando se autorice a unas personas para ser negociadores, se impida que la justicia, la inteligencia y la fuerza pública sigan persiguiendo la comisión de delitos. Es válido que se suspenden las órdenes de captura para ir a una mesa a hablar de paz, como ocurrió en este caso, pero si se va a una mesa y se utiliza esta fachada para hacer planes militares y expansivos, realmente lo que hay que decir es que esto no lo blinda un cese al fuego o unas autorizaciones.
¿A qué se refiere?
Lo que estamos viendo hoy es que definitivamente tenemos un desorden en términos de cómo se están llevando a cabo estos procesos. Cuando hay desorden, aparece la corrupción. Lo que conocimos, gracias al trabajo periodístico de Noticias Caracol, es que las disidencias de “Calarcá” estaban diciendo: “Esto no va a funcionar, esto va a fallar y por tanto vamos a aprovechar la mesa para expandir y seguir haciendo negocios criminales”.
Otra cuestión tiene que ver con cómo realmente uno puede estructurar un proceso en donde vaya midiendo las voluntades de los grupos armados para garantizar que, en efecto, se está sentado con alguien que se está tomando en serio la negociación. Lo que estamos viendo acá, más allá del hecho de corrupción, que es muy grave, es que en todos estos dispositivos, chat, computadores, había mucha información de lo que ellos siguen haciendo: introduciendo armas al país, fabricando sus propias armas, negociando con el narcotráfico y en negocios de minería ilegal. Realmente deberíamos preguntarnos si existe o no voluntad del grupo para tratar seriamente su posibilidad de una desmovilización o un desarme. El Espectador entrevistó a “Calarcá” en meses pasados y decía que la desmovilización y el desarme no estaban en el horizonte.
El presidente Gustavo Petro ha sostenido desde su discurso cero tolerancia con la corrupción, pero ahora se conoce este caso que también golpea su paz total, aunque él lo desconoce sin pruebas. ¿Cree que al mandatario le hicieron falta reglas claras o mano dura en su apuesta de paz, especialmente en este proceso con las disidencias?
Diría que le hicieron falta tres cosas. Por un lado, tener la posibilidad de apersonarse directamente de los procesos. Ahora hay que preguntarse si el Presidente tiene la capacidad de tener información precisa sobre lo que está ocurriendo en estas mesas o simplemente se encuentra con estas sorpresas. Además, el gobierno no ha tenido reglas ni condiciones para ir midiendo este avance. Por otro lado, ¿cuál es el horizonte que tienen estas mesas, si no hay capacidad de direccionar desde la Presidencia? No hay capacidad de colocar reglas o líneas rojas. El debate que vamos a tener en mayo o en junio es que todos los grupos armados van a decir “sí, quiero hacer la paz, pero no quiero desmovilización y desarme”. Eso no lo va a aceptar ninguna campaña presidencial o ningún presidente electo que llegue en 2026.
¿Cree que el Presidente va a tener en su objetivo continuar con esta mesa de diálogo, aún teniendo en cuenta la ofensiva total que ha puesto en marcha, principalmente sobre otra disidencia como la de “Mordisco”? ¿Usted no cree que eso podría pasar con Calarcá?
Lo veo muy difícil. Creo que gran parte del capital político en estos temas de construcción de paz, y si se quiere de seguridad, está endosado a estas mesas de negociación. Gran parte de lo que necesita el presidente para mantener ese horizonte de negociación va a depender de la existencia de estas mesas. En ese sentido, hay solo dos que están funcionando: la de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y la del Estado Mayor de Bloques y Frente, que es la de “Calarcá”. Además, hay tres limitaciones muy grandes. Por un lado se ha desmontado la capacidad de inteligencia contra estos grupos y no existe capacidad de confrontación aérea suficiente y sostenible para hacer este tipo de operaciones. Además, los grupos armados tienen la capacidad de movilizar, instrumentalizar a la población para hacer asonadas e impedir el avance. Al final, la paz total resultó más que un fin en sí mismo: se convirtió más en un medio para la disputa política.
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