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La historia entre la abogada Natalia Bernal y la Corte Constitucional empezó en 2019, cuando la jurista interpuso dos demandas en contra de todas las excepciones en las que se permite abortar en el país. Ella cree firmemente en que la vida empieza desde la concepción y, en ese sentido, ha presentado recursos judiciales en busca de que las leyes en Colombia protejan a toda costa la vida de los no nacidos. Sin embargo, la alta corte tiene una postura distinta a la de la abogada y, tras no favorecer sus peticiones, las partes entraron en un conflicto que viene caminando. (Lea también: Habla la abogada que reabrió debate sobre el aborto en la Corte Constitucional)
Las diferencias entre la abogada y los magistrados llegaron a tal punto de que la Sala Plena del alto tribunal ordenó que Bernal fuera investigada disciplinariamente por presentar recursos infundados e irrespetuosos y, por otro lado, la abogada denunció a los tres togados de la Corte Constitucional que intervinieron en sus recursos ante la Cámara de Representantes del Congreso. Pero, ¿Cómo llegaron las partes a ese punto? Para empezar, Natalia Bernal acudió a la Corte con dos demandas con las que básicamente pretendía tumbar las tres reglas que hoy en día permiten el aborto.
El objetivo de Bernal era derogar los artículos del Código Civil que determinan que la vida comienza al nacer y los del Código Penal que tipifican el delito del aborto salvo las tres excepciones: cuando representa peligro para la vida o para la salud -física y/o mental- de la mujer; cuando hay una grave malformación del feto que haga inviable su vida; y cuando sea producto de una violación, incesto o inseminación no consentida. Sin embargo, en marzo de 2020, luego de un largo debate, con ponencia del magistrado Alejandro Linares, el alto tribunal determinó rechazar las pretensiones de la abogada y terminó dejando intactas dichas normas.
El caso es que Bernal no se rindió. Dos meses después de que se conocieran los fallos que no la favorecieron, presentó una nueva demanda contra el Código Civil en la que afirmaba que se debía reabrir el debate sobre la personalidad jurídica del que está por nacer. Incluso, en esa ocasión, señaló que “se deben mantener las penas para castigar el delito y debe haber mayor eficacia en la política criminal para erradicar el aborto inseguro”. El caso quedó en manos de la magistrada Diana Fajardo quien, luego de revisar la acción, determinó que la demanda parecía estar atacando la decisión de la Corte que avaló las tres causales del aborto legal y que ello ya era cosa juzgada.
Entonces, esa demanda tampoco prosperó. Pero lejos de rendirse, el 14 de mayo del año pasado, Bernal presentó su nuevo escrito tras corregir la demanda inicial. Pero una vez más, no encontró aprobación de la Corte. La magistrada Fajardo concluyó que su escrito no subsanaba los problemas de la demanda y que sus argumentos fueron incomprendidos. Pero, entre el primer y segundo pronunciamiento de Fajardo, Bernal ya había movido su siguiente ficha: una nueva demanda (la cuarta) contra el artículo 122 del Código Penal que tipifica el aborto.
Aseguraba la abogada que permitir la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales pone en riesgo la vida, la dignidad, la salud, la integridad física y psicológica de la madre gestante y del que está por nacer. Entre sus argumentos está que el Estado no garantiza los derechos de “los niños” que están por nacer, que imponer dolor a un “ser viviente” es una forma de tortura y que el aborto inducido se practica discriminando a los “seres indefensos en gestación”. El turno de evaluar las peticiones de Bernal fue para el magistrado José Fernando Reyes quien rechazó la posibilidad de evaluar la demanda. (Le puede amenazar: Abortar en Colombia: entre los prejuicios y la pesadilla burocrática)
Al igual que Fajardo, el togado resolvió que la demanda no cumplía con los requisitos que estas acciones deben suplir para ser admitidas. Entre sus argumentos, dijo que la demanda era contradictoria porque, por un lado, la abogada decía que “no reprocha” que se pueda abortar en las tres causales, pero luego afirmaba que debía ser penalizado todo aquel que practique o colabore en estos procedimientos. En resumen, todas las acciones de Bernal ante la Corte Constitucional han tenido un desenlace poco alentador para la abogada que, en 2019, decidió intervenir en otro proceso judicial que pretendía objetivos completamente opuestos a los suyos.
Se trata de la demanda del movimiento de mujeres Causa Justa que, desde la otra orilla, piden que el aborto deje de ser un delito en el país. Este caso aterrizó en el despacho del magistrado Antonio Lizarazo (quien había participado en las decisiones que no la favorecieron), a quien Bernal recusó, sin éxito. La ponencia para negar esa recusación fue de la magistrada Gloria Ortiz quien, además de negar la petición de la abogada, compulsó copias a la Comisión de Disciplina Judicial para que investigue “las solicitudes irrespetuosas, amenazantes o infundadas” de la jurista hacia los magistrados.
Y es que, luego de que se le negaran las demandas, Bernal interpuso una lluvia de recusaciones, nulidades negadas y hasta denuncias contra los magistrados que intervinieron en sus procesos fallidos. El 29 de enero de 2020 la abogada presentó ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes una denuncia en contra de los magistrados Alejandro Linares, Antonio José Lizarazo y Gloria Stella Ortiz por injuria y calumnia “acusándome sin prueba alguna y con el agravante de haberlo hecho ante medios de comunicación, de haber consignado en mis documentos radicados en la Corte Constitucional amenazas, expresiones irrespetuosas contra los magistrados”.
El segundo argumento de la abogada es que los togados ordenaron una investigación disciplinaria en su contra sin pruebas por faltas que, asegura, nunca cometió. Además, “por haber adulterado los argumentos originales y auténticos de mi autoría, consignados en mi acción pública de inconstitucionalidad legítimamente interpuesta por mí misma (…) por haber ocultado material probatorio de carácter científico médico que aporté en mis actuaciones judiciales demostrando ante la entidad jurisdiccional, daños físicos y psicológicos provocados por abortos legales en población vulnerable y por haber utilizado indebidamente mis acciones públicas de inconstitucionalidad para debatir y evaluar pretensiones muy diferentes a las mías”.
En su denuncia contra los magistrados, la abogada negó tajantemente que en algún momento hubiera transmitido expresiones injuriosas y, mucho menos, violentas como amenazas contra los funcionarios de la Corte. Asegura que en ningún momento ha escrito en documentos de su autoría entregados a la corporación insultos, ni ha tenido un lenguaje irrespetuoso. “Una acusación tan grave de ese tipo, de manera pública, proveniente de una entidad pública del Estado en perjuicio de un administrado sin suministrar pruebas, es una falta extremadamente grave”, indicó.
Otra de las quejas de la abogada es que, según documentos de la Corte, la sentencia de una de sus demandas fue anunciada como sentencia en firme el 2 de marzo de 2020, pero que la misma estuvo en espera de documentos y firmas hasta el 20 de octubre de ese año. “Cuando una sentencia está en firme por decisión judicial auténtica ya tomada, el proceso no puede seguir abierto recibiendo documentos y recolectando firmas por un tiempo excesivamente largo fuera del legalmente exigido. Los funcionarios deben explicar esto pues ellos mismos están violando sus propias normas y reglamentos con esta irregularidad”, señaló la abogada agregando que justificar esto con la pandemia no es de recibo toda vez que los términos judiciales se restablecieron en julio de 2020.
Por otro lado, Bernal argumentó que se desacreditaron intencionalmente pruebas científicas que ella presentó en los procesos sobre los daños provocados por abortos legales. En ese sentido, indicó que, no solo se le impidió de manera injustificada una audiencia pública que pidió en tres ocasiones para dar a conocer al país tales daños, sino que se encubrieron 704 referencias médicas sobre los perjuicios antijurídicos provocados por abortos legales. “Toda mi documentación enviada por mi parte a la Corte Constitucional ha sido rechazada, con excepción de mis dos primeras demandas de inconstitucionalidad, las cuales se rechazaron indebidamente por los magistrados para proponer y debatir pretensiones completamente diferentes a las mías”, aseguró.
Para la abogada, la información que ella aportó fue manipulada por los funcionarios de la Corte. Por ello, señala que una cosa es desacreditar argumentos respetando la autenticidad de los mismos y otra es “adulterar su autenticidad para desacreditarlos intencionalmente como desafortunadamente ocurrió en mi caso”. “Soy una autora que defiende la autenticidad de sus escritos donde quiera que se encuentre y una persona honrada que busca justicia ante tantos atropellos judiciales de esta institución. La paz, la verdad, la justicia, la misericordia con el dolor de las personas que sufren, son mis verdaderos valores y nunca la violencia. Por eso me he atrevido aun exponiendo mi libertad y mi propia vida a defender bebés inocentes que no tienen voz para ser escuchados en el Estado colombiano”, expresó en su escrito ante el Congreso.
Desde entonces, La abogada le envió varias comunicaciones al Congreso reiterando y ampliando su denuncia. “Me permito solicitarles una especie de medida cautelar pronta, para que antes de que culminen las discusiones en la Corte sobre la despenalización total del aborto me escuchen”, escribió en febrero de este año. El representante del Partido Verde, Mauricio Toro, asumió la investigación esta semana y le respondió a la abogada que no es su función otorgar medidas cautelares, como ella pedía. (Noticia relacionada: Otro “no” de la Corte Constitucional a abogada que quiere impedir el aborto)
Pero ordenó escucharla en una ratificación de la denuncia el próximo miércoles 26 de mayo, para determinar si la conducta que reprocha de los magistrados tiene las condiciones de delito o de falta disciplinaria. Asimismo, el congresista les notificó a los magistrados Linares, Lizarazo y Ortiz que este proceso cursa en su contra y le pidió a Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República que acredite la calidad de magistrados de los tres funcionarios. Esto significa que la denuncia de Bernal ya empezó a caminar y será la Cámara de Representantes la que defina el asunto. Por ahora, la Corte Constitucional estudia cuatro demandas que pretenden, en pocas palabras, despenalizar completamente el aborto en el país.
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