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Yeferson Romaña Tello, el juez Primero Administrativo de Quibdó (Chocó), está metido en un problema de talla mayor. El Estado, liderado por la Agencia Nacional de Minería (ANM), presentó una denuncia en contra del juez por presunto prevaricato por acción, es decir, por, supuestamente, haber tomado una decisión contraria a la ley. Dicha decisión fue nada más y nada menos que pedir el embargo de más de $370.000 millones que, según la entidad, pertenecen al Sistema General de Regalías (SGR) y que son dineros públicos que le llegan a la Nación por la explotación de los recursos naturales. Según la ley, esos dineros son intocables, y ahí es donde radica el pleito en el que quieren que entre la Procuraduría, la Comisión de Disciplina Judicial, la Fiscalía y hasta la Corte Constitucional.
La orden del embargo la firmó el juez Romaña en julio de este año, en medio de un proceso en el que 7.006 personas demandaron al municipio de Río Quito (Chocó), a la ANM, a la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó (Codechocó), al Instituto Colombiano de Geología (Ingeominas) y a los Ministerios de Vivienda, Ambiente y Desarrollo Territorial. Dicho pleito era por el deterioro que producía la minería ilegal en el río Quito. Por eso, el juzgado ordenó, según se lee en la decisión conocida por este diario, “el embargo y retención de los dineros de la Agencia Nacional de Minería, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó y del municipio de Río Quito, hasta la suma de $370.275´657.012″.
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Aunque la orden de embargo es de julio de este año, el proceso en el que fueron derrotadas las entidades estatales es de vieja data. El caso fue inicialmente resuelto en primera instancia en marzo de 2016, cuando el Juzgado Primero Administrativo de Quibdó accedió a las peticiones de los demandantes a ser indemnizados, porque las entidades demandadas omitieron sus funciones para preservar el medio ambiente. Por eso, tendrían que pagarles los más de $370.000 millones a los 7.006 demandantes. El caso fue apelado por las entidades y en mayo de 2022 el Tribunal Administrativo del Chocó confirmó el fallo y ordenó la indemnización. Pero, según rezan los expedientes conocidos por El Espectador, las entidades demandadas no pagaron la condena y por eso el juez Romaña ordenó el embargo.
La decisión en contra de las entidades del Estado, que tiene a Romaña en problemas, tocó la cuenta de ahorros que la ANM tiene en el Banco de Bogotá, donde, dice la Agencia, se depositan los dineros del Sistema General de Regalías (SGR). Al enterarse de que la cuenta había sido congelada, la entidad minera presentó al despacho del juez Romaña un incidente de desembargo, con el argumento de que la medida cautelar afectaba los recursos de las regalías que son inembargables, y que además “esos recursos no son de propiedad de la ANM sino de terceros no vinculados a la actuación ejecutiva”. El dinero, en últimas, según la entidad, vendría siendo de “las entidades territoriales destinatarias de las asignaciones directas (Gobernaciones y Municipios)”.
De igual manera, la ANM resaltó que los recursos que fueron embargados no pueden ser puestos a disposición de un particular, así se tratara de una de las personas señaladas en la sentencia que ordenaba indemnizar a las víctimas del daño ambiental en el río Quito, como lo determinó el juez Romaña, quien dijo que el pago debía hacerse a uno solo de los demandantes: Cristóbal Mena Córdoba. Aun así, en noviembre pasado, el despacho negó suspender el embargo y pidió que se pagaran, ya no los $370.000 millones, sino más de $445.000 millones. Eso también tenía que ser consignado a Mena Córdoba y no al Fondo para la Protección de los Derechos e Intereses Colectivos de la Defensoría del Pueblo, como debía ser, según la ANM.
Aunque la entidad minera apeló esa nueva decisión de Romaña, también emprendieron acciones penales y disciplinarias en contra del juez chocoano. La Oficina de Asesoría Jurídica de la ANM, dirigida por el abogado Iván Darío Guauque, presentó ante la Dirección Seccional de Fiscalías del Chocó una denuncia en contra del juez Yeferson Romaña Tello, por presunto prevaricato por acción. Según el documento de la Agencia en poder de este diario, las faltas y posibles delitos en los que habría incurrido el juez tienen que ver, primero, con el embargo de los dineros que, según la Agencia, pertenecen al sistema de regalías; y segundo, con la orden de consignar el dinero a un particular y no al fondo de la Defensoría. Asimismo, Guauque le pidió a la Corte Constitucional que revise una tutela que presentó la ANM.
Lo que pidió la entidad estatal al alto tribunal es que revise el caso particular, porque resulta ser de relevancia nacional al tener que ver con dineros públicos que, en teoría, son intocables. Además, la agencia le solicitó a la Corte que siente un precedente sobre si los recursos de las regalías pueden ser embargados o no, pues, bajo su criterio, las leyes sobre el tema no son claras. Señala el documento enviado a la Corte que el caso resuelto por el juez Romaña pareciera ser “violatorio del principio de protección del patrimonio público”. Por eso mismo, las entidades advirtieron que llevarán el caso ante la Comisión de Disciplina Judicial, que se encarga de investigar y sancionar a los funcionarios de la rama judicial, precisamente por conductas, al parecer, contrarias a la ley.
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Por ahora, la decisión de indemnizar a las víctimas del caso administrativo en el que se condenó a las entidades estatales por el daño ambiental al río Quito (Chocó), está lejos de materializarse. Los dineros, que por ahora se encuentran congelados, no han podido ser entregados a las 7.006 víctimas y no se les repartirán hasta tanto no se resuelvan las apelaciones pendientes en el despacho de Romaña. A la par, avanzan los casos en los escenarios penal y constitucional. Mientras que desde las entidades estatales se mantienen en que el juez busca favorecer a terceros con dineros públicos intocables, en el Juzgado Primero Administrativo de Quibdó (Chocó) son inamovibles en decir que todo se resolvió bajo la ley y que, ante cualquier actuación que venga, “se ejercerá la defensa a la que haya lugar”.
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Por Jhordan C. Rodríguez
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