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En el multimillonario pleito que sostiene desde hace tres años con GIT Masivo S.A., operador del sistema de transporte público de Cali, la Alcaldía de esa ciudad no se da por vencida. El panorama, sin embargo, no pinta a su favor, sobre todo después de conocerse la decisión que acaba de tomar del Consejo de Estado: el fallo del Tribunal de Arbitramento se mantiene intacto. Esa decisión, proferida en noviembre de 2018, indicó que Metro Cali debe pagarle a GIT Masivo una cifra que podría superar los $197.000 millones. Es decir, casi dos veces el presupuesto aprobado para Cali Progresa en Paz (el programa de atención a víctimas del conflicto) en 2019.
El origen de este pleito son diferencias técnicas que se traducen en los miles de millones que tendrían que salir del erario. GIT Masivo, una de las empresas que obtuvo contrato en 2006 para operar el MIO (Masivo Integrado de Transporte), demandó a Metro Cali por varias razones. Por ejemplo, la falta de infraestructura física y tecnológica para poder ofrecer el servicio de transporte público de la capital vallecaucana, la ausencia de patios y talleres, el desajuste de $60 entre la tarifa técnica y la tarifa cobrada al usuario y el no cubrir la diferencia, la liquidación de la tarifa técnica con los criterios errados o el desequilibrio que generó para la empresa el hecho de que el MIO no arrancara en los términos que estaba proyectado.
Este año, la administración de Mauricio Armitage tomó varias medidas para tratar de paliar la crisis en la que el MIO está inmerso desde hace ya un tiempo. Se anunció la llegada de dos nuevos operadores, en medios se ha dicho que su flota se incrementaría de 650 a 1.145 buses y se incluirán en ella articulados eléctricos. Es un sistema que mueve a más de 480.000 personas por día; por eso su importancia para la ciudad es absoluta. El MIO nació en medio de la controversia de que su presupuesto inicial se duplicó (alcanzó casi los $2 billones) y, cuando ya estaba en funcionamiento, se vino a saber que un hombre requerido por narcotráfico en Estados Unidos, conocido como Mueble Fino, tenía vehículos dentro del sistema.
Por eso era tan importante para la ciudad ganarle el pleito a GIT Masivo, pero eso no ocurrió en el Tribunal de Arbitramento ni en el Consejo de Estado. Ante el Consejo de Estado, Metro Cali alegó que el Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Cali se extralimitó y “concedió más de lo pedido”, por ejemplo, al tasar los intereses de mora (que son más de $25.000 millones). Metro Cali alegó que el tribunal reconoció intereses “con anterioridad al laudo arbitral”. GIT Masivo, por su parte, refutó ese argumento y sostuvo que solo pedía los intereses correspondientes a la “posterioridad a la ejecutoria del laudo arbitral”; es decir, lo que se genere después del fallo del tribunal.
Aunque el Consejo de Estado concluyó que los intereses anteriores a la ejecutoria de un laudo arbitral hacen parte del lucro cesante que contempla la ley, y que el laudo arbitral sí lo estableció así, su Sala Tercera (a la cual llegó este enmarañado expediente) señaló que no valoraría ni cuestionaría “los fundamentos que tuvo el panel arbitral para ordenar el pago de los intereses moratorios correspondientes a los ítems indicados en precedencia, en tanto se trata de aspectos que, claramente, escapan a la competencia del juez de anulación”. El alto tribunal recordó que este era un recurso extraordinario de anulación, en el cual no había lugar para “reabrir debates probatorios (…) como si se tratara de una segunda instancia”.
El Consejo de Estado indicó que, contrario a lo que argüía Metro Cali, el Tribunal de Arbitramento sí mantuvo congruencia entre lo demandado y lo que se reconoció con sus decisiones, que era uno de los puntos de debate más fuertes para la administración municipal caleña. “Existe estrecha identidad y armonía”, resaltó la Sala Tercera de la corporación, al menos en lo que correspondía al tema de los intereses. “Como puede apreciarse, el tribunal no concedió más de lo pedido ni desconoció la eficacia del juramento estimatorio”, aseguró el Consejo de Estado, reiterando que el tribunal “estaba habilitado para condenar en el monto que resultara acreditado con fundamento en las pruebas allegadas al proceso”.
Metro Cali, por su parte, insistió en ese argumento desde otra perspectiva. Señaló que el Tribunal de Arbitramento había pasado por alto la firma del otrosí n.° 6, firmado en diciembre de 2014, en el cual la empresa municipal reconoció algunos incumplimientos contractuales y pactó algunos compromisos, como un nuevo cronograma para construir la totalidad de la infraestructura, esencial para que los operadores pudieran cumplir con su razón de ser: transportar a los caleños por toda la ciudad. Con ese otrosí, aseguró Metro Cali, se superaron los desequilibrios patrimoniales y los incumplimientos que reclamaba el operador privado.
El Consejo de Estado, sin embargo, confirmó que Metro Cali tendrá que pagar unos $85.000 millones a GIT Masivo por “indemnización de perjuicios”, en relación con cuatro aspectos. El primero, el pago incompleto de la remuneración. El segundo, el pago incompleto de las cifras acordadas en el otrosí n.° 6. El tercero, por el concepto de “kilómetros en vacío” (que tiene que ver con la diferencia a la hora de calcular la tarifa para el operario privado) y, por último, los costos de talleres externos. En general, el Consejo de Estado refrendó lo que se había establecido en el laudo arbitral: que Metro Cali no hizo lo suficiente para poner a disposición de sus operadores lo necesario para que el sistema operara como debía.
“Metro Cali ha hecho todo lo que le corresponde en el ejercicio legítimo del derecho de defensa que le asiste, y lo seguiremos haciendo”, anunció el organismo tras conocer la decisión del Consejo de Estado. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado apoyó a Metro Cali en todo el proceso, pero ni así le alcanzó para ganar. La administración caleña tiene sus esperanzas puestas en la tutela que radicó el pasado 12 de junio ante el mismo Consejo de Estado, con la cual argumentó que le violaron el derecho al debido proceso y que el Tribunal de Arbitramento cometió un “yerro grosero” al tasar la indemnización a GIT Masivo en casi $200.000 millones. De nuevo, el Consejo de Estado tendrá la palabra.
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