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Un coronel retirado de la Policía, esencial en las labores de inteligencia que llevaron a localizar al Mono Jojoy y Megateo, terminó envuelto en un laberinto judicial por su trabajo como agente de inteligencia. Junto a él hay otros seis uniformados que lo acompañaron en misiones contra las Farc, el Eln y el Epl, logrando capturas, allanamientos de droga e identificación o ubicación de jefes guerrilleros, cuya suerte está también en manos de la justicia. Hoy, esos siete hombres son acusados por la Fiscalía de ser parte de una organización criminal que, a cambio de dinero, permitió que los grupos armados ilegales transportara droga a su gusto por todo el país, lo cual va en contravía de los registros que quedaron de su trabajo.
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Entre 2013 y 2015, los uniformados hicieron parte de una Comisión de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) que se movió por el Cauca y el Valle del Cauca consiguiendo información que pudiera afectar a los frentes Octavo y Treinta de las Farc, el comando central del Eln y las cabezas del Epl. Con el aval de la Fiscalía, los policías reclutaron a hombres cercanos a estas guerrillas para conocer, de primera mano, cuáles eran sus movimientos y principales tareas en la región clave para el negocio del narcotráfico. Así quedó escrito en más de diez documentos de inteligencia donde los hombres al mando del coronel detallaron los hallazgos con fotos, videos y hasta coordenadas. Las fuentes humanas fueron claves en todas las misiones.
En su mayoría fueron transportadores que movían alijos de cocaína o marihuana en varias regiones del país. Después de investigarlos y asegurarse de que era relativamente seguro para ellos que tomaran fotos o videos al lado de guerrilleros, la Fiscalía debía darles el aval para que oficialmente se convirtieran en “informadores” de la Policía. También hubo infiltrados, uniformados que se hicieron pasar por conductores de camiones que terminaron transportando droga con la misión de luego capturar a los responsables e incautar todas las sustancias ilícitas. Uno de ellos fue, precisamente, uno de los policías que hoy está tratando de explicarle a la justicia que él no estaba ayudando a la guerrilla, sino arriesgando su vida haciéndose pasar por un transportador de droga.
Misiones como esta fueron varias. Todo con el aval de los altos mandos de la Dijín, que sabían de la importancia de tener información sobre los planes de las guerrillas en esa zona, pero también de los fiscales que debían darles el visto bueno a las operaciones que tuvieran agentes infiltrados o fuentes humanas. El grupo de los siete policías siempre contó con el respaldo de funcionarios de la entidad, especialmente de la Unidad de Antiterrorismo y de la Dirección de Antinarcóticos y Lavado de Activos. Sin embargo, en varias de esas tensionantes tareas de infiltración, las aprobaciones de la Fiscalía se demoraron más de lo normal y, con tal de no arriesgar la fachada del agente encubierto y de las fuentes humanas, la Comisión de los siete policías autorizó las operaciones.
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Aunque sin la firma del director nacional de fiscalías, los agentes se aseguraron de que otro fiscal supiera de las operaciones. Especialmente de una en la que una fuente humana estaba infiltrada en el Frente 30 de las Farc. “No se movió un dedo sin que la fiscal lo supiera. Ella nos guió y supo todos los detalles. Ella sabía que, si no seguíamos adelante, la fachada se le caía a la fuente y lo mataban”, le explicó a El Espectador uno de los uniformados que participó de la misión. En concreto, una de esas operaciones ocurrió en octubre de 2014 y su objetivo fue acercarse al jefe de ese frente de la guerrilla, alias Nelson Munguido, que había ordenado transportar cien kilogramos de cocaína desde Caloto (Cauca) hasta Cali, Bogotá y Barranquilla.
El jefe guerrillero era un blanco clave para el Ejército y la Policía, pero también para Estados Unidos. En las operaciones para llegarle a Nelson Munguido participó, incluso, la DEA que ya sabía de la importancia del guerrillero en decenas de envíos de cocaína que llegaron hasta territorio estadounidense. El cargamento se hizo de manera controlada y los propios agentes de la DEA verificaron que se tratara del alcaloide. Operaciones así, con los líos para las autorizaciones y los permisos de ley, fueron varias. Por eso, en varios de los reportes y en los documentos oficiales las fechas no coinciden con el día en el que se realizaron las entregas vigiladas de la droga o las capturas de quienes sí estaban sacando provecho de las actividades criminales.
La inconsistencia en las fechas es, para la Fiscalía, la prueba de que el grupo de los siete policías estaba, en realidad, ayudando a la guerrilla a que movieran sustancias ilícitas por todo el país. A esa teoría llegó el ente investigador luego de capturar a un policía, que había hecho parte de la comisión del Cauca, pero que, estando de vacaciones, fue capturado transportando droga en un carro particular. Los investigadores le ofrecieron beneficios a cambio de que delatara quiénes, como él, estaban auxiliando a las guerrillas. Su estrategia se enfocó en contar que el grupo de los siete policías hacía lo mismo y que podían comprobarlo viendo que las fechas de los reportes de inteligencia no coincidían con los días en que en realidad sucedieron las operaciones.
Las peripecias judiciales
La Fiscalía le dio toda la credibilidad a esa investigación. En 2016, el coronel y su grupo se enteraron de que había una indagación en su contra y le pidieron al ente investigador que les permitiera explicarse en interrogatorio. No les dieron la oportunidad y, en cambio, al uniformado que capturaron le ofrecieron beneficios judiciales por testificar en contra de toda la comisión del Cauca. Antes de que el estrenado testigo pudiera siquiera subirse a un estrado, fue nuevamente capturado el 9 de febrero de 2017 transportando marihuana y armas. A pesar de este prontuario, la Fiscalía le creyó en sus acusaciones y capturó a todos los uniformados. “Facilitaron el envío de cocaína del Clan del Golfo”, se lee en las noticias de esa época que registraron las detenciones.
La Fiscalía reprochó una serie de eventos en los que los uniformados del equipo de la Dijín transportaban drogas de un lugar a otro. Según el escrito de acusación con el que fueron llamados a juicio, en por lo menos diez ocasiones hubo situaciones en las que, supuestamente, movieron narcóticos de un lugar a otro sin tener la autorización de un fiscal para operar bajo la figura de agente encubierto o entregas controladas de droga. O, dice el documento, cuando sí tuvieron la autorización de un fiscal, al parecer no cumplieron con los demás requisitos para estos procedimientos, a pesar de conocer cuáles eran las exigencias. Precisamente inconsistencias que tenían una explicación en las demoras en el visto bueno de las autoridades o en la urgencia de salvar las vidas de los agentes infiltrados.
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La fiscal del caso, Gladys Palechor Obando, les imputó los delitos de concierto para delinquir, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado, falsedad ideológica en documento público y peculado por uso. “Unos se encargaban de facilitar el desplazamiento y garantizar que la autoridad policial ajena al grupo no interrumpiera el transporte ilícito de la sustancia estupefaciente bajo la certificación a las autoridades que advertían el tráfico ilícito. Otros coordinaban la designación del personal y reuniones con los dueños de los alijos. Otros transportaban la sustancia y el dinero producto de esa comercialización en vehículos”, se lee en el escrito de acusación sobre el rol de cada uno de los uniformados, con pocas menciones de si se trataban de trabajos de inteligencia de la Policía.
La tesis de la Fiscalía de que los uniformados estarían implicados en narcotráfico fue puesta en duda desde las primeras audiencias del caso. La jueza 16 de Garantías de Popayán negó la solicitud de enviarlos a la cárcel. A su juicio, la fiscal no logró demostrar lo que los abogados llaman inferencia de autoría o participación; es decir, que se pueda deducir que los indiciados cometieron un delito a partir de las evidencias que presentó la investigadora. A su juicio, “el material probatorio aportado por la Fiscalía conlleva a afirmar unos hechos que son labores operativas necesarias e indispensables para resquebrajar grupos delincuenciales”, señaló la jueza. En otras palabras: que las evidencias demostrarían que actuaron como agentes encubiertos y en labores de inteligencia.
Entre las pruebas del ente investigador había llamadas interceptadas, informes de los investigadores sobre sus jornadas como agentes encubiertos y hasta las minutas de otros policías que los detuvieron, en más de una ocasión, mientras los investigadores movían droga de un lado a otro. La fiscal apeló la decisión de no mandarlos a la cárcel. En segunda instancia, le fue todavía peor. El juez 15 de conocimiento de Popayán dijo: “No cree este despacho judicial que con los soportes o elementos materiales probatorios que tiene la fiscal se pueda determinar que efectivamente ellos [los policías] estaban por fuera de la ley hasta el punto de ser sancionados o ser judicializados frente a los hechos que se le han narrado”.
Para el funcionario, también, estaban amparados en la figura de agente encubierto. A renglón seguido añadió: “Veo una serie de actividades ejecutadas que, sin esa figura de agente encubierto, podríamos señalarlas en esos tipos penales, toda vez que todas están soportadas objetivamente con los elementos probatorios. Pero de cara a esa información, la figura de agente encubierto, no solamente de manera formal sino en terreno de cara a proteger y garantizar su vida, entiendo que son aspectos más que todo administrativos de logística o coordinación”. En términos más sencillos: que si bien podría haber alguna irregularidad, esta sería una cuestión de papeleo, pero nunca delito y menos cuatro de la gravedad de los que imputó la fiscal Palechor.
La fiscal recogió las posibles anomalías de lo que le dijo en declaraciones otra fiscal: Bertha Cecilia Neira, de la unidad contra el lavado de activos. En más de una ocasión, los uniformados acudieron a ella a pedirle autorización para operaciones de agente encubierto o entregas controladas de droga. Muchas las autorizó. Sin embargo, para una serie de movimientos que hicieron en Cauca en 2014, mientras infiltraron el frente 30 de las Farc, la autorización que debía llegar de Bogotá se demoró y el coronel que coordinaba el grupo decidió dar luz verde él mismo a la operación porque, de lo contrario, la vida de las fuentes y los agentes encubiertos corría peligro.
La fiscal Palechor siguió adelante con su proceso, a pesar de las críticas y regaños de los jueces. En marzo de 2018, radicó el escrito de acusación en contra de los uniformados para llevarlos a juicio. En 47 páginas reiteró cada uno de los argumentos por los que considera que los investigadores conspiraron en una organización criminal para, valiéndose de sus cargos, transportar droga para organizaciones criminales. Sin embargo, no ha podido iniciar el juicio, pues la Justicia Penal Militar, en paralelo, abrió una investigación por los mismos hechos contra los uniformados y asegura tener la competencia para llevar el proceso pues, para ellos, todo el trabajo de los siete policías fue de inteligencia y se enmarcó en sus labores como uniformados.
“Revisadas las funciones que a los investigados les correspondía como miembros de la Policía Nacional, adscritos a la Dijín, es claro para este despacho que las conductas delictivas que pudieron cometerse en el desarrollo de su actividad son de competencia de la Jurisdicción Especial Militar”, escribió la jueza 186 de instrucción militar, Francy Helena Castaño, en un auto en el que le pidió al juez ante el que iban a ser acusados los policías que le remitiera el caso. El juez se rehusó a esa petición y, por eso, le envió la discusión a la Corte Constitucional, que ahora deberá definir si estos policías continúan siendo investigados en la Justicia Militar, como ha pedido su defensa, o en la ordinaria, donde sienten que no tienen garantías.
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