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El país se sorprendió en 2011, cuando la Fiscalía anunció la captura del reconocido empresario antioqueño Édgar Botero Henao, presidente de Miss Mundo Colombia, quien era señalado de recurrir a maniobras ilícitas en una demanda que le puso al Invías para que esta entidad indemnizara a su empresa, Botero Aguilar y Cía., por casi $74.000 millones a raíz de incumplimientos en el contrato que ganó la compañía antioqueña en 1986 para construir la carretera Medellín-Turbo, por apenas $600 millones. Botero Henao fue absuelto por la justicia, luego de que la Fiscalía fallara en demostrar que hubo delito alguno en sus acciones.
Cuando el Ministerio de Transporte les adjudicó a Botero Aguilar y Cía. y al Consorcio Nacional de Ingenieros Contratistas (Conic) la construcción de la vía entre la capital antioqueña y la puerta de entrada a la región de Urabá en 1986, estaba previsto que los 22 kilómetros se construyeran en un período máximo de 24 meses. Sin embargo, por incumplimientos atribuibles a Invías, la obra se demoró mucho más y en 1991 la cartera de Transporte le informó al consorcio que no quería continuar con el contrato. Allí comenzó el lío, pues en noviembre de 1993 las empresas demandaron al Invías, buscando que se les indemnizara por la terminación del convenio.
(En contexto: Laberinto de un mal pleito que se resiste a terminar)
En noviembre de 1998, el Tribunal Administrativo de Antioquia vigiló y aprobó una conciliación entre las partes, por una suma que se actualizó a los 12 años que habían pasado. Aunque en la oficina de contabilidad de Invías se aprobó el 24 de diciembre de ese mismo año el pago de $25.000 millones, esta obligación al parecer nunca se terminó de pagar, pues el 8 de junio de 2000, las empresas instauraron una demanda ejecutoria en contra de la entidad. Es decir, pidieron a los magistrados que le ordenaran al Invías girar la suma acordada. En la demanda, no obstante, no adjuntaron un documento central: el título ejecutivo (la orden de indemnizar a las empresas).
Aquí comenzaron los problemas para Botero Henao. En la demanda que presentó el abogado del empresario antioqueño, Jorge Iván Duque, se precisó por qué no adjuntaban el documento: “Si bien es cierto, para ejercer la acción ejecutiva se requiere que se aporte con la demanda el título ejecutivo en primera copia y original de la constancia ejecutoria, en este caso no solo es imposible aportar dicho título, sino que resulta innecesario, por cuanto la entidad (el Invías) lo tiene y se niega a devolverlo”. Sin embargo, en circunstancias que todavía no se han esclarecido, el propio Botero hizo llegar el título al Tribunal meses después, a través de su abogado.
Con el documento que demostraba la existencia de una deuda del Invías en favor de Botero Aguilar y Cía. y Conic, la demanda fue aceptada. Después de un largo pleito administrativo en el que se intercambiaron firmas y documentos, la entidad se reunió de manera extraordinaria con sus abogados y, por consejo del director del Instituto Anticorrupción de la Universidad del Rosario, Francisco Ernesto Ramírez, se acordó en 2006 —a 20 años de que fuera adjudicada la obra— que el Invías le pagaría al consorcio $74.000 millones. La cifra fue presentada ante el Tribunal, que ordenó el embargo de todas las cuentas de la entidad.
El escándalo que provocó en ese momento la cuantiosa cifra que le tendría que pagar el Estado al consorcio recibió el nombre de caso Coningravas, como se llamó la sociedad entre Botero Aguilar y Cía. y Conic en el proyecto. Aunque la Contraloría ya había dado el visto bueno a la conciliación, el expediente llegó a manos de la Fiscalía por una denuncia de posibles irregularidades que interpuso el entonces ministro de Transporte, Andrés Uriel Gallego, quien para el momento de su muerte, en 2014, estaba siendo investigado, entre otras cosas por el escándalo de Odebrecht y la construcción de un peaje en el sector de El Corzo (Madrid, Cundinamarca) que habría beneficiado a los hijos de su jefe, el expresidente Álvaro Uribe.
La Fiscalía inició la indagación pertinente y en 2011 suspendió el pago y ordenó la captura del exministro de Transporte Gustavo Adolfo Canal, quien para el momento del acuerdo de pagos era director de Invías, así como del gerente jurídico de la entidad, Federman Quiroga. Al año siguiente, Botero Henao se entregó a las autoridades y la Fiscalía lo llamó a juicio en noviembre de 2012 por los delitos de fraude procesal y peculado por apropiación (hacerse a dineros públicos de manera ilícita), porque el ente investigador no se explicaba cómo había tenido acceso a la única copia original del título ejecutivo.
La discusión, entonces, se trasladó a de dónde salió el título ejecutivo. Por eso, el juez tuvo que ir a la fuente: los abogados de Botero y la secretaría del Tribunal de Antioquia. Allí encontró una contradicción, pues, por un lado, la abogada Rita Cecilia Fernández, cercana a Botero, declaró bajo juramento que había dos copias del título y que ella tuvo ambas en sus manos, mientras, por otro lado, el secretario del Tribunal aseguró: “No es posible que existan dos primeras copias, o una original y una primera copia; siempre se expide una primera copia con destino al apoderado judicial que la requirió y no a dos o tres abogados por cada demandante”.
El juez 23 penal del Circuito de Medellín privilegió la versión del secretario, pues fue su oficina la que expidió el título ejecutivo. Así, aunque sí se da cuenta en el expediente, como sostuvo la Fiscalía, de que existía una única copia del documento en poder del Invías, la forma como se obtuvo ese documento, posiblemente ilícita, nunca le fue endilgada a Botero Henao. Aunque el empresario, por ejemplo, hubiera robado o sobornado para acceder al documento —hipótesis que no contempló la Fiscalía—, el título seguía vigente. “Pese a su obtención irregular”, señaló el juez, “dicha copia no se altera, su contenido y valor jurídico siguen siendo los mismos”.
A renglón seguido, la decisión aclara “distinto hubiere sido si se presenta un título alterado o se demanda la totalidad de la obligación desconociendo el pago parcial”, cosa que no ocurrió, pues Coningravas, cuya “cabeza visible” era Botero Henao, siempre reconoció que el Invías le pagó parte de la deuda. “Lo que censura la Fiscalía es la forma de obtención del título, probablemente mediante un acto de corrupción, que no se investigó. Sin embargo, ese actuar no puede trasladarse al título presentado, el cual es autónomo en su valor demostrativo, se reitera, no es fraudulento ni tiene la potencialidad de inducir al engaño, pues la demanda ejecutiva no fue por la totalidad del crédito”, agregó el juez.
La decisión, entonces, no solo trajo la absolución a Botero Henao de los delitos por los que estaba en juicio hace siete años, sino que además contiene un regaño al ente investigador por su “desorden y falta de técnica” en el caso: “Es censurable el actuar tozudo de la Fiscalía, quien, pese a que la universalidad de las pruebas indicaba que las decisiones judiciales (las millonarias conciliaciones) no eran contrarias a la ley, sostuvo por años una acusación por delitos equívocos, con grave desmedro para el erario público y la administración de justicia, responsabilidad que será del resorte de la Procuraduría determinar”.
Así las cosas, en lugar de condenar a Botero Henao, el juez le pidió al procurador y el fiscal del caso que adelanten las investigaciones pertinentes en contra de las personas que llevaron a que este “proceso de décadas” se extendiera tanto. El juez es claro en que sean los mismos funcionarios que ya conocen este voluminoso expediente quienes deberán investigar a los fiscales que confeccionaron el escrito de acusación en contra de Botero Henao “sin guardar ningún tipo de rigor jurídico”, al fiscal Yesid Lozano, quien ordenó la suspensión del pago al consorcio, y a la abogada Rita Fernández, quien dijo en 2011 que existían dos títulos, por falso testimonio.
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