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Amarrados de las manos y vigilados por un hombre cargando un fusil. Esa es la última fotografía que las disidencias de las Farc tomaron en vida de cuatro campesinos asesinados el pasado 6 de junio en Remedios (Antioquia). Líderes sociales señalan que el crimen, atribuido por las autoridades al grupo de alias “Calarcá”, no es un hecho aislado, sino que hace parte una arremetida criminal de este grupo armado que lleva en desarrollo al meno un año. La situación de seguridad en esta zona del nordeste del departamento es tan grave que, en la mañana de este martes 9 de junio, la comunidad denunció el secuestro de un conductor y cuatro pasajeros.
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“Los recientes hechos demuestran que existe un plan de expansión territorial de las disidencias de alias ‘Calarcá’ en esta zona”, advirtió Óscar Yesid Zapata, defensor de derechos humanos en Antioquia y quien hace parte de la Fundación Sumapaz. En diálogo con El Espectador, Zapata explicó que en el departamento se tiene “información de que esta expansión podría coincidir con la toma territorial por parte de las disidencias de zonas como la vereda Bocas de Chicamoque, en El Bagre, hacia el Bajo Cauca por Cáceres, y Segovia, Remedios y también hacia el Magdalena Medio”. El objetivo de los hombres de “Calarcá” sería ganar terreno en zonas donde históricamente ha estado el Clan del Golfo.
Esta arremetida, de acuerdo con los líderes, también incluye una orden de atacar con drones cargados con explosivos a miembros del Clan del Golfo que se encuentran en Segovia y Remedios. La amenaza, de acuerdo con Zapata, mantiene en alerta a la población de estos municipios, que hoy se encuentra en riesgo de ser desplazada o quedar en confinamiento. Asimismo, este plan de expansión estaría siendo liderado por alias “Jhon Fiera”, jefe del frente cuarto de las disidencias al mando de “Calarcá”. De acuerdo con fuentes del Ejército, este grupo criminal, en alianza con el Eln, se propone desplazar a miembros del Clan del Golfo que mantienen el control de rentas ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal.
“En medio de esta guerra por los corredores estratégicos de Antioquia, la población es la principal afectada. Los grupos imponen reglas sobre los campesinos e incluso los estigmatizan y señalan de pertenecer o ser informantes de los grupos que ellos consideran enemigos”, aseguró el defensor Zapata. En el caso de las cuatro personas secuestradas y luego asesinadas en Remedios, entre ellas la pareja de esposos Efraín de Jesús Botero Mejía y Rocío Silva, y dos trabajadores de su finca, el líder señaló que habían sido acusadas por las disidencias de pertenecer al Clan del Golfo: “Sin pruebas de por medio, la simple sospecha de los grupos armados ha sido razón suficiente para matar a campesinos en Antioquia”.
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El director del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, Max Yuri Gil, explicó que “desde hace un año se habían conocido los intereses de las disidencias de reactivar tanto el frente cuarto, como el frente quinto, que operó más en Urabá. Actualmente, en el departamento se encuentran hombres de ‘Calarcá’ en los frentes 36 y 18, pero este último tuvo fracturas internas y algunos hombres se unieron a las disidencias de ‘Mordisco’”. Según el profesor Gil, mientras en zonas de Remedios, Segovia y Vegachí ha existido una presencia histórica del Eln, “desde hace unos meses se ha advertido sobre una arremetida paramilitar del Clan del Golfo que está intentando subir a confrontar”.
En palabras del profesor e investigador, “el deterioro de la seguridad en Antioquia es muy significativo. Hoy en día se registran problemas de orden público en el Bajo Cauca, en el nordeste, occidente, oriente y suroeste antioqueño. En un lado se registran enfrentamientos entre disidencias y el Eln contra la fuerza pública; en otro, disidencias con el Clan del Golfo. La situación es muy compleja y la política de seguridad departamental, que se ha centrado en el incremento de la fuerza pública y la muy cuestionada promoción de la participación de la población en redes de informantes, no ha servido. Al parecer, se quedaron en cuestionar la política nacional y no desarrollar mayores iniciativas en lo regional”.
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Sobre esa respuesta departamental, El Espectador habló con el gobernador de Antioquia, Andrés Rendón, quien señaló: “Durante la paz total de Petro las Farc crecieron un 70 % y el Clan del Golfo un 60 % en Antioquia. Estas estructuras, incluido el Eln, son financiadas con las rentas del narcotráfico y la minería ilegal, tienen presencia en el Norte, Nordeste, Bajo Cauca y Magdalena Medio. Desde el Gobierno de Antioquia hemos enviado múltiples solicitudes al Ministerio de Defensa, entre ellas, dos peticiones de asistencia militar, para que la Fuerza Pública adopte acciones diferenciales y capacidades especiales en los territorios con mayor afectación”.
El gobernador agregó que, “pese a que desde la Gobernación se ha dotado a soldados y policías con camionetas, motocicletas, antidrones, chalecos antibalas, cascos blindados, entre otros —gracias al pago de la Tasa de Seguridad—, hoy la situación de orden público requiere de grupos especiales del nivel central con relevo de tropas, posibles bombardeos y trabajo permanente y focalizado de inteligencia y Policía Judicial, a través de burbujas operacionales en las que participen Ejército, Fuerza Aérea, Policía y Fiscalía”. Ante la amenaza de una posible expansión de las disidencias de “Calarcá”, el llamado del defensor de derechos humanos Óscar Zapata es dejar a la población por fuera de las hostilidades.
“Los grupos demuestran con estos crímenes su falta de voluntad hacia los diálogos de paz porque no se están respetando los derechos humanos de la población civil. Por otro lado, el llamado es también al Estado. Desde 2023, la Defensoría del Pueblo ya había advertido estos escenarios de violencia y la respuesta ha sido una omisión sistemática de las instituciones, por la que hoy la población de Antioquia sufre las consecuencias”, sostuvo Zapata. Mientras las autoridades esclarecen el crimen de los cuatro campesinos y dan con pistas para ubicar a los cinco civiles secuestrados hace 24 horas, la comunidad sigue esperando respuesta del Estado que les permita quedar al margen ante esta posible expansión armada en el departamento.
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