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Esta semana que termina, en el Cauca, hombres armados asesinaron a dos líderes indígenas: Yesid Pechené Musicué y Fredy Alexánder Campo. Sus muertes ocurrieron en apenas 48 horas. Y justo hace una semana, el turno fue para Tiberio Chepe Zetia, asesinado el 23 de julio pasado en ese mismo departamento. Sus muertes, ocurridas en cuestión siete días, pasaron a engrosar la angustiosa lista de líderes y defensores de derechos humanos asesinados en el país, que no para de crecer desde 2016. Nada diferente tendrían estos dos casos a los otros 1.505 líderes asesinados en los últimos siete años, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), salvo un expediente que ya se empezó a mover en la Corte Constitucional y podría darle un vuelco a la cruda realidad que enfrentan autoridades indígenas, abogados, líderes de restitución de tierras o del medio ambiente y cualquier persona que se pone al frente de movimientos sociales.
Se trata de un caso en el que el alto tribunal agrupó 20 tutelas en las que líderes de todo el país le pidieron que haga algo para que el Estado frene la matanza. El Espectador conoció la estrategia que estudiará la Corte: declarar que la situación de los líderes y defensores de derechos humanos es tan crítica que existe un estado de cosas inconstitucional (ECI). En palabras menos jurídicas significa que la violencia que enfrentan es tan masiva y sistemática que la situación es incompatible con la Constitución, y el Estado debe volcar todos sus esfuerzos y presupuesto para asegurar el respeto, la garantía y protección de esa comunidad. Esa propuesta ya quedó plasmada en la ponencia que elaboró el magistrado José Fernando Reyes, que pronto empezará a ser estudiada por la Sala Plena.
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Este diario, además, pudo establecer otros detalles del proyecto de fallo que son claves para entender la trascendencia de una decisión como la que tiene que tomar la Corte Constitucional. Principalmente, porque el estudio que hizo el ponente revela el fracaso absoluto de las políticas de Estado para frenar la matanza, no solo desde los gobiernos, sino también de entidades como la Unidad Nacional de Protección (UNP) y la Fiscalía. La ponencia es, quizá, la radiografía más completa que se haya hecho en tiempos recientes para entender la situación. El ponente estudió las 20 tutelas, pero también echó mano de informes de organizaciones sociales, entidades estatales e instancias como la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
El diagnóstico del problema es que la situación es terminal. No solo no hay cifras unificadas (ni siquiera el Estado las tiene), sino que las causas del mal son muchas. Entre ellas, resalta el proyecto, se encuentra la actuación de grupos u organizaciones al margen de la ley con capacidad para afectar el ejercicio de los derechos básicos de los líderes. Para el ponente, esa causa inicial se agrava debido a la incapacidad estatal de cumplir el deber de protección de la vida e integridad que, a su vez, tiene impacto directo en las posibilidades de cumplir su rol de defensores. Por eso, la ponencia habla de una dolorosa paradoja: los defensores de los derechos no tienen la capacidad de defenderlos porque sus derechos no pueden ser protegidos.
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Aunque no haya un consolidado único de cifras, quienes siguen el doloroso recuento de asesinatos coinciden en que, desde 2016, cada año se han registrado al rededor de 100. Juliette de Rivero, representante en Colombia de la Alta Comisionada de ONU para los Derechos Humanos, señaló en una audiencia pública que, tras la firma del Acuerdo del Paz, el aumento de la violencia ha sido progresivo y, solo entre 2016 y 2021, su Oficina verificó 562 casos de homicidios de defensores o líderes, incluyendo 64 mujeres, 61 indígenas (13 mujeres), 21 afrodescendientes (dos mujeres) y siete personas LGBTI. La cifra del Estado es menor: a la Corte le reportó 434 muertes (148 menos); y lo que contabilizan organizaciones como Indepaz es que, en ese mismo lapso, se registraron 1.505 homicidios.
Sea cual sea la fuente, la situación es crítica. La ponencia señala que la diferencia en las cifras radica, en parte, en que ni siquiera existe en Colombia una definición sólida y unificada de quién es un líder o defensor de derechos humanos, y por eso también es primordial que el Estado lo defina. Más allá de los números, la discusión en la Corte también incluye un tema espinoso: la respuesta del Estado a este aumento sistemático de asesinatos, y otros tipos de violencia (como amenazas, atentados y hostigamientos), ha sido insuficiente. Y no solo de lo que han hecho los gobiernos para evitar el incremento de la violencia, sino también de la absurda respuesta de la Fiscalía, que ha dicho que sus cifras de esclarecimiento son mucho más altas de lo que en realidad encontró el ponente de este caso.
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Vamos por partes. El proyecto de fallo no solo hizo un mapeo de la situación actual, sino que evidenció que, al menos desde hace 10 años, las cifras de asesinatos o amenazas contra líderes y defensores de derechos humanos no para de crecer. Es más, el ponente recordó que, desde 1998, la Corte ha evidenciado que la realidad que vive esta comunidad es inconstitucional. La primera vez que lo advirtió fue luego del asesinato del abogado Eduardo Umaña Mendoza, asesinado en su ofician hace 25 años por orden del paramilitarismo liderado por Carlos Castaño. Y poco ha cambiado desde ese momento. La ponencia de Reyes señala que, pese a que los gobiernos han promulgado toda clase de circulares, decretos y normas para garantizar los derechos de los defensores y líderes, ninguna ha servido.
El ponente recopiló todos esos documentos, especialmente los que existen desde 2016, momento del recrudecimiento exponencial de esta violencia, y la conclusión es contundente: la difícil situación de la población líder y defensora de derechos humanos se ha acentuado como consecuencia de un deficiente cumplimiento de las obligaciones estatales. Ni un solo gobierno se salvó de la rajada de la Corte, ni siquiera el actual. Pese a que la ponencia recoge que, en lo que va de la administración de Gustavo Petro, hay indicios positivos sobre el cambio de política, la conclusión es que hay tantos planes, decisiones e instrumentos, que no hay un mecanismos que integre las diferentes dimensiones de una política pública y específica que satisfaga condiciones mínimas para que sea efectiva.
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Es decir, que sí hay una política que busca proteger la vida y la seguridad de la población líder y defensora de los derechos humanos, pero hay desorden para ejecutarla y no hay un mecanismo que encauce los esfuerzo de entidades. Sobre este punto, la ponencia señala que está más que diagnosticado que las medidas que toma la UNP para proteger a quienes denuncian amenazas están mal enfocadas, pues no basta con un chaleco antibalas y un celular, y que hay otro factor fundamental y gravísimo frente al recrudecimiento de la violencia: la impunidad. Aquí el asunto se vuelve otra vez espinoso, pues el proyecto de fallo incluye un fuerte llamado de atención a la Fiscalía porque, en pocas palabras, estaría disfrazando las cifras que le entregó a la Corte Constitucional.
Se trata, nada más y nada menos, de los números por los que el fiscal Francisco Barbosa ha sacado pecho sobre su gestión que está a meses de culminar. Al alto tribunal le explicó que sus indicadores de esclarecimiento de homicidios contra defensores no ha hecho sino aumentar desde que Barbosa está en la dirección del búnker y que, de los casos reportados por Juliette de Rivero, ya han resuelto 293 (más de la mitad). Aunque la ponencia reconoce que en los últimos tres años la Fiscalía sí ha implementado líneas de acción para superar la impunidad, al ponente le sorprendieron los criterios que usa el ente investigador para afirmar cuándo una investigación está esclarecida pues, para la entidad, el caso está resuelto si hay una captura, una imputación o un archivo.
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Por eso, el proyecto de fallo es severo ante la posición del búnker y al fiscal Barbosa le aclara que la única forma de esclarecer una investigación es cuando la Fiscalía logra una condena. Para el ponente, el ente investigador está confundido en este asunto y puntualiza que esto no es una controversia conceptual, pues destaca que la inexistencia de cifras claras y el uso de conceptos incorrectos generan equivocadas políticas públicas, que al final significa la desprotección de los derechos de los defensores y líderes. El problema no es menor. Según la ponencia, una de las principales dificultades para la protección de esta comunidad es la falta de acceso a la justicia y el poco avance en la investigación criminal para el desmantelamiento de las organizaciones criminales, principalmente de las sucesoras de grupos paramilitares.
Por la importancia del esclarecimiento de las investigaciones, una de la órdenes que incluye la ponencia es que la Fiscalía le tiene que dar un vuelco a la forma en que ha defendido su trabajo frente a los casos de líderes y defensores. En esta medida, la propuesta de declarar el estado de cosas inconstitucional busca cambiar esa estrategia de la administración Barbosa, pero también que haya un vuelco radical en la política estatal. ¿Cómo? Con un plan integral que deberá constar de, por lo menos, tres ejes: la protección de los derechos a la seguridad personal y al debido proceso, la protección del derecho a ejercer libremente el liderazgo social y la defensa de los derechos humanos, y la garantía del derecho a la justicia efectiva.
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El proyecto de fallo propone que los responsables en la elaboración de este plan sean los ministros del Interior, Defensa, Justicia y Hacienda, así como el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y el director de la Unidad Nacional de Protección. Si los magistrados apoyan la propuesta de Reyes, la situación de los líderes y defensores se sumaría a los otros estados de cosas inconstitucionales que también ha declarado la Corte Constitucional. El más reciente se conoció en enero del año pasado para proteger a los excombatientes de las FARC por la crítica situación de violencia que enfrentan desde 2016 (300 firmantes han sido asesinados desde entonces). Pero hay otros de tiempos anteriores, como el de las cárceles, la crisis de La Guajira y el desplazamiento.
La ponencia será discutida en las próximas semanas en la Sala Plena. El proyecto de fallo es claro en advertir que la muerte violenta, el miedo y el desplazamiento no pueden encontrar terreno fértil en una sociedad que se asienta en la Constitución de 1991. Este diario supo que el expediente tiene una prioridad indiscutible en el alto tribunal, pues los magistrados saben que es urgente asegurar que las personas que alzan la voz por sus comunidades y para proteger los derechos humanos no sean acalladas.
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