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Según la Oficina de Drogas de la ONU (UNODC), el 35% de las mujeres en las cárceles del mundo están presas por delitos de drogas. En el caso de los hombres, es el 19% los que están por esta clase de conductas. Este fue uno de los datos que dio pie para que Coletta Youngers, investigadora asociada de la Washington Office on Latin America, junto a Teresa García Castro, oficial de Open Society, y María (Kiki) Manzur, doctora en Derecho de la Universidad de Yale, se pusieran a seguirle el rastro a las cifras de mujeres encarcelas por delitos de drogas en las Américas.
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El resultado es el informe Mujeres encarceladas por delitos relacionados con drogas en América Latina: lo que los números evidencian, un documento de 36 páginas que recoge cifras de países de toda la región. En entrevista con El Espectador, Youngers esboza las principales conclusiones del reporte, que recién fue publicado y que hace parte de un compendio de estudios que coordina sobre mujeres, política de drogas y cárceles.
¿Por qué las mujeres son encarceladas por delitos de drogas en una proporción mayor que los hombres?
Ese fue uno de los datos más sorprendentes para mí de toda la investigación. Faltan más estudios para conocer todas las razones, pero la realidad es que las mujeres tienden a estar en las tareas de alto riesgo, pero de poca ganancia dentro de la cadena del narcotráfico. Entonces tienen roles o hacen tareas donde es mucho más fácil terminar en la cárcel. Generalmente las mujeres son quienes transportan drogas dentro del país o cruzando las fronteras, están vendiendo pequeñas cantidades de drogas, están en la producción, tienen la tarea de estar en el cultivo, o el paqueteo de drogas ilícitas. Tienen mucha más probabilidad de ser detenidas por la policía. Otra cosa es que la gran mayoría de estas tres mujeres no sólo vienen de múltiples vulnerabilidades, también muchas son madres y soltera. Entonces entrar en el negocio de las drogas es una manera poner comida en la mesa para sus hijos.
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Ustedes también dicen que que encarcelar a mujeres por este tipo de delitos no afecta a las organizaciones criminales, ¿en qué sentido?
Eso es cierto para mujeres y hombres que cumplan estos papeles dentro del negocio. Si capturan a alguien vendiendo drogas en la esquina, el día siguiente otra persona va a estar vendiendo otro que es en este sitio. Si detienen a una mujer vendiendo drogas en su casa, las personas que le compren, al día siguiente irán a otro lado. Lamentablemente en América Latina el negocio de las drogas ha sido una solución a situaciones económicas difíciles para mucha gente. Es una manera de ganar para la familia y hay mucha gente en este situación y mucha gente dispuesto a arriesgarse entrando en este negocio.
Hemos visto en muchos países que la policía quiere mostrar resultados en la guerra contra las drogas y hay mucha presión. En algunos países también tienen cuotas, que tienen que detener una cantidad determinada de personas por mes por delitos de drogas. Y, en este caso, es mucho más fácil para la policía detener a la gente que está más expuesta en las calles, que a las personas que están manejando el negocio, así que estamos llenando las cárceles de la región con personas que han cometido delitos menores, no violentos, de drogas y los dejamos ahí por periodos excesivamente largos.
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Y también encontraron que las penas por delitos de drogas en general han aumentado, ¿no es así?
Estas últimas dos décadas las penas para delitos de drogas han aumentado muchísimo y cada vez hay más actividades considerados delitos de drogas. En el Colectivo de Estudios de Drogas y Derecho (CEDD) hemos documentado cómo estas penas han ido aumentando con los años y cómo se ha multiplicado lo que se considera delito. Tenemos penas que son totalmente desproporcionales al supuesto delito cometido. Con respecto a las mujeres necesitamos más estudios sobre esto, pero lo que hemos visto a nivel anecdótico, conversando con las mujeres, vemos que los jueces tienen muchos más estimas con respecto a las mujeres involucradas en delitos de drogas porque están traicionando los roles que la sociedad les ha impuesto.
Una mujer de Colombia, de hecho, nos contó que el juez le dijo: ‘Usted no es buena madre, está perjudicando a sus hijos por estar en este negocio’. Y la mujer le respondió: ‘Y, ¿qué van a comer mis hijos?’. Por otro lado, un estudio en México muestra que, en general, las mujeres están más acusadas de posesión de drogas con intento de vender mientras que a los hombres que capturan con la misma cantidad de drogas los acusan por posesión simple. Obivamente las penas son mucho más altas para lo primero y por lo tanto las mujeres tienden a tener sentencias más altas.
En el informe insisten en que, en general, sobre el encarcelamiento de mujeres por delitos de drogas no hay mucha información, ¿por qué cree que hay ese silencio en torno al tema?
En general con el tema del encarecimiento falta mucha información para hombres y mujeres. Cuando en el CEDD comenzamos las primeras investigaciones sobre la relación entre drogas y cárceles encontramos que hay datos generales, pero aún en muchos países no se puede conocer bien el delito. Es decir, se sabe que es un delito de drogas, pero no sabe si es la narcomenudeo o es una persona que tiene responsabilidades mucho más altas en la cadena del narcotráfico. Necesitamos mucha más información, en general, sobre quienes están en la cárcel, por cuáles delitos y en el caso de las mujeres A es aún más difícil. El tema de las mujeres en las prosiones no recibe mucha atención y eso ha sido clarísimo con el cubrimiento que ha hecho la prensa sobre la situación de las cárceles en la pandemia. Y también queremos saber por qué están siendo encarceladas y cómo evitar encarcelamiento.
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Ustedes recomiendan modificar las políticas de drogas para frenar el encarcelamiento de mujeres, ¿en qué sentido?
Nosotros tenemos muchos años documentando el impacto de las políticas de drogas en América Latina. Y es claro que, a pesar de toda la plata invertida en la llamada “guerra contra las drogas”, no ha logrado reducir el mercado de las drogas. No hay ninguna evidencia de las políticas prohibicionistas sobre las drogas hayan tenido resultado. Por un lado, se deben emitir sentencias que sean proporcionales al delito cometido, eliminar las sentencias mínimas obligatorias, disminuir el uso de la detención preventiva. Pero la segunda, que para mí es más urgente, es que tenemos que avanzar hacia la despenalización de las drogas y legalizar el porte personal.
Y al final, creo que ese debería ser el primer paso a la creación de mercados legalmente regulados, empezando, por supuesto con cannabis y otros menos peligrosos. Porque tenemos que aprender qué funciona y qué no con respectos a mercados legales, para eliminar la violencia y la corrupción que genera la ilegalidad de las drogas. Entonces, hay una gama de reformas profundas que debemos pensar.
La otra recomendación que hacen es permitir que las mujeres accedan a penas alternativas, ¿a qué se refieren?
Hay que pensar quién está encarcelado y por qué razones. Hace diez años ya que se firmaron las reglas de Bangkok, que tienen que ver con mejorar la situación del encarcelamiento para las mujeres y una de las recomendaciones principales es brindar medidas alternativas a la prisión para mujeres que cometen delitos menores, para madres y mujeres en otras situaciones. Sin embargo, después de diez años, casi que no se usan medidas alternativas para mujeres que sean condenadas por delitos de drogasSe usan, en general, muy poco, pero en muchos países las personas acusadas por delitos de drogas no pueden beneficiarse de medidas alternativas al encarecimiento. En Colombia esto también es un problema: en la norma que expidió el Gobierno para reducir el hacinamiento por el COVID-19 decía que personas que hubieran cometido delitos de drogas no podrían tener casa por cárcel. ¡Y en Colombia esas son el 46% de las mujeres que están en prisión! Eso no es justo.
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En el fondo, tenemos que evitar que las personas vayan a la cárcel, porque una vez tienen antecedentes penales es más difícil construir sus vidas y enfrentan todo tipo de estigmas. Y, en vez de invertir en más cárceles, ¿por qué no invertimos en programas para promover la equidad de género y para mejorar la situación de las comunidades en las que prevalece el negocio de las drogas?
¿En qué sentido son las mujeres indígenas o extranjeras más vulnerables cuando están en la cárcel por delitos de drogas?
Hay similaridades interesantes entre estos dos grupos que son muy distintos, porque enfrentan muchos de los mismos problemas. El primero, el idioma. Mujeres que vienen de otros países o indígenas muchas veces pueden no tener un conocimiento de leyes y de los derechos que tienen. En el caso de las indígenas, suelen ser sujeto de discriminación por parte de las autoridades. Y, todos sabemos que las personas en las cárceles sobreviven con lo que les llevan sus familias y las mujeres extranjeras o que están encarceladas lejos de sus familias, como pasa mucho con las mujeres indígenas, eso las pone en situaciones muy difíciles.
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