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Cuando la Policía y la Fiscalía ingresaron a la casa del mayor del Ejército, Andrés Alberto Barreto, encontraron mucho más que su arma de dotación. El allanamiento ocurrió hace un poco más de dos semanas en Cali, bajo la sospecha de que el oficial estaba vinculado a una red de tráfico ilegal de armas. En efecto, estaba armado hasta los dientes y no precisamente para su defensa o como respuesta a su trabajo como militar. Las autoridades incautaron cañones, receptores y empuñaduras para fusil; proveedores para pistola 9 mm; una escopeta doble cañón; y hasta 57 cartuchos. Al parecer, el material bélico habría ingresado a Colombia a través de una encomienda proveniente de Estados Unidos.
Ante la evidencia, el mayor Barreto fue capturado y vinculado a una investigación penal. Su caso es apenas uno dentro de un negocio ilegal que está en la agenda de temas prioritarios para la fuerza pública: las redes de tráfico de armas en Colombia. En un documento del Ministerio de Defensa, rotulado como “secreto”, las autoridades tienen mapeado los corredores estratégicos por donde estarían entrando todo tipo de pistolas, fusiles y balas, y cuáles son los países de mayor preocupación. De entrada, en el informe, conocido por El Espectador, la Fuerza Pública explica la importancia estratégica que tiene Centroamérica y el Caribe para el tráfico ilegal de armas.
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Según las pesquisas, estructuras criminales de la región, especialmente de República Dominicana, son quienes contactan a grupos armados colombianos, como el Clan del Golfo, Los Pachencas o La Cordillera, para concretar los negocios ilegales. Su labor, en concreto, es actuar como intermediarios o facilitadores para que las bandas colombianas puedan concretar los envíos de armas desde Europa y Estados Unidos. Según el informe secreto, la preocupación de las autoridades también radica en que hay uniformados, como el mayor Barreto, involucrados en estas alianzas criminales. A manera de ejemplo, en abril pasado, fueron detenidos los sargentos Édison Steven Rodríguez y Jorge Alberto Angulo.
Al parecer, ambos se valían de su cargo para ocultar el intercambio ilegal de armas y lucrarse con él. Las alarmas se encendieron cuando Caracol Radio reveló varios audios, que son parte del expediente de la Fiscalía, que comprobarían la supuesta existencia de una red de tráfico al interior de la institución y que, incluso, habría estado al servicio de las disidencias de las FARC y civiles durante el paro nacional de 2021. El Ministerio de Defensa ya tiene identificadas las rutas para estos negocios y tiene una cifra que, aunque no es reciente, sí es la más actualizada en la materia: solo en 2021 se registraron 10.916 eventos de incautación de armas en diferentes puntos fronterizos.
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De esta manera, las autoridades han mapeado los corredores claves. De acuerdo con el informe, las zonas más importantes están ubicados en tres puntos: en la frontera nororiental, límite con Venezuela; al suroccidente, en el departamento del Putumayo; y al norte, por la salida al mar Caribe. En cuanto a las vías, el documento señala que, a Colombia, las armas ingresan directamente por vía marítima, en zonas del Atlántico y el Pacífico, por caminos ilegales que conectan al país con Panamá, Ecuador, Venezuela, Perú y Brasil, por donde también circula dinero de narcotráfico y hasta coyotes que lideran el tráfico de personas y migrantes.
En el caso particular de Venezuela, el informe señala que el análisis de las rutas de tráfico de armas se ha entorpecido por la complicada relación diplomática de ambos países que se extendió durante el gobierno de Iván Duque. Ahora bien, la investigación de inteligencia señala que existen dos tipos de introducción de armas al país. El primero es de forma directa: los traficantes viajan al exterior para realizar el proceso de compra, pero carteles se comprometen a trasladar las armas a Colombia. El segundo es de forma indirecta: se realiza una encomienda a personas con nombres falsos y sin dirección para que sean directamente reclamadas en las oficinas de mensajería, sin dejar rastro de ubicación.
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Esta última fue la estrategia que, aparentemente, utilizó el mayor Barreto. Otro dato que incluye el documento del Ministerio de Defensa es que, debido a los procesos de transformación del narcotráfico, se ha generado lo que llaman una mayor diversidad de actividades ilegales, así como de formas de pago e intercambio de elementos ilícitos. En otras palabras, actualmente los explosivos y armas son intercambiados por pasta de coca que se produce en el país. Además de pagar los envíos con la sustancia ilícita, el informe señala que los grupos armados y delincuenciales también pagan en efectivo el armamento ilegal, con dinero producto de narcotráfico y del tráfico de personas.
Aunque las autoridades han identificado dos puntos claves lejos de la zona costera donde existen registros de incautaciones, la preocupación máxima está en la costa Caribe. Grupos al margen de la ley con injerencia en esta región, dice el informe, sirven de facilitadores, es decir, son los eslabones claves para nutrir las rutas de los alijos que vienen de Estados Unidos o Europa, siguen a lo largo del continente. En este punto, el documento insiste en el papel de República Dominicana, donde confluyen el lavado de activos, la recepción de cargamento de drogas para su posterior traslado y el financiamiento ilícito de ese negocio de cocaína y también de los alijos de armamento.
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La mayoría de las alertas de narcotráfico recibidas en 2021-2022 provienen de esta zona, según la Jefatura de Inteligencia Naval. A esta mezcla de fenómenos ilegales, agrega el informe, hay que añadirle uno más: el de la migración irregular que ha puesto a esta zona norte del país en un destino clave para el tránsito de millones de personas que buscan llegar a Estados Unidos. Para el Ministerio de Defensa, el problema del asunto migratorio es que bandas delincuenciales se lucran con personas que acuden a ellas para lograr su objetivo. “El tráfico de armas es una actividad tan o más lucrativa que el narcotráfico y el tráfico ilícito de migrantes” según fuentes de la fuerza pública.
Ahora bien, lo que ha detectado el gobierno colombiano es que las armas que ingresan al país, en su mayoría, provienen de Estados Unidos, donde las normas para su compra en establecimientos comerciales son laxas. En cuanto a Europa, el origen del armamento es de países como Bélgica, Francia, España, Hungría, Alemania y hasta Rusia. El informe, además, asegura que los carteles de México también surten de armas a Centro y Suramérica, pero no entrega mayores detalles sobre este eslabón mexicano en el negocio ilegal. A manera de reflexión, el documento secreto del Ministerio agrega que la detección de estas redes ilegales es casi imposible por la manera en que se pagan sus servicios.
No solo se realizan en efectivo y alejados de cualquier sistema financiero, sino que el intercambio de armas por pasta de coca les ha permitido a los grupos ilegales mantener una fachada casi perfecta. Por ahora, las pistas de las autoridades sobre los integrantes de estos negocios han llegado a través de capturas de miembros del Ejército que se habrían concertado con grupos ilegales para comercializar armas en Colombia. Una lógica criminal, pues habrían ayudado a fortalecer el armamento de los grupos que, bajo su uniforme, se comprometieron a contrarrestar.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Luisa Fernanda Moscoso Gutiérrez
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