La recusación de Uribe al fiscal

El expresidente Álvaro Uribe Vélez terminó por asistir a la diligencia a la que lo había citado la Fiscalía para que ampliara, bajo la gravedad de juramento, su denuncia sobre la supuesta entrada de dineros calientes a la campaña de Juan Manuel Santos en 2010. Sin embargo, la visita de Uribe al búnker no cumplió con el objetivo principal, sino que se convirtió en la toma de un café que no duró mas de cinco minutos y la presentación de la recusación que hacía el hoy senador al fiscal general Eduardo Montealegre y al vicefiscal Jorge Fernando Perdomo porque a su criterio no tenía garantías procesales para radicar su denuncia.

Los argumentos de Uribe se basan en que no hay imparcialidad y objetividad para que él asista en calidad de testigo a la Fiscalía para entregar las pruebas y testimonios que hablarían de la violación de topes de campañas electores en 2010. El pasado 8 de mayo, el expresidente manifestó que personas cercanas le indicaron que US$2 millones que habían ingresado ese año a la campaña de Santos “posiblemente provenían de los US$12 millones que les fueron pagados a J. J. Rendón por un proceso de intermediación con los hermanos Comba.

Cabe recordar que El Espectador y el periodista Daniel Coronell revelaron una supuesta negociación entre el gobierno Santos y un grupo de narcotraficantes que se querían someter a la justicia y que habrían pagado US$12 millones a los asesores J. J. Rendón y Germán Chica. A partir de esta información fue que Uribe Vélez arremetió contra la campaña reeleccionista. Además, el presidente en su escrito de recusación de 35 páginas contra Montealegre y Perdomo, manifestó que son varias las situaciones de gravedad “que se han venido presentando y que deben entenderse en el marco del pesado clima que actualmente se percibe en el ambiente, tales como las declaraciones dadas a Yamid Amat (en la entrevista publicada el pasado domingo en El Tiempo), la negativa del aplazamiento a la citación que se me hizo para rendir diligencia de declaración juramentada y la reapertura de un proceso en mi contra”.

Para el expresidente Uribe, las entrevistas del fiscal Montealegre —quien también habló con El Espectador— publicadas el pasado 11 de mayo, son una clara expresión de “opiniones de tilde político, mismas que se encuentran vedadas a un funcionario de sus calidades, que implica una postura objetiva e imparcial”. Asimismo, que en la primera citación enviada por el vicefiscal Perdomo, el pasado sábado, “se evidencian graves irregularidades” ya que “manifesté públicamente mi imposibilidad de asistir debido a compromisos previos en Cali“. El senador electo también señaló que le preocupa que la Fiscalía ordenara la reapertura de un proceso en su contra el 2 de enero de 2013 en base a unas declaraciones de un paramilitar desmovilizado que “denuncié por los delitos de injuria y calumnia”.

Según Uribe, por este proceso ya existía un pronunciamiento inhibitorio desde el 20 de diciembre del año 2000, y que, supuestamente, “fue reabierto sin existir imputación real alguna”. El expresidente también puntualizó en la recusación que es un “potencial indiciado” por los delitos de injuria y calumnia después de que el gerente de la campaña reeleccionista de Santos, Roberto Prieto, anunciara que lo denunciaría. Por todos estos hechos, que según Uribe son muestra de la imparcialidad y objetividad del fiscal y el vicefiscal, el expresidente avocó que es causal de impedimento “que un funcionario judicial haya dado consejo o manifestado su opinión sobre el asunto material del proceso”.

El pasado lunes tanto el fiscal como el vicefiscal manifestaron que no se declararán impedidos. Ya será la Corte Suprema de Justicia la que se encargue de resolver la recusación interpuesta por el expresidente. Mientras tanto, las investigaciones por las supuestas irregularidades en la campaña de Santos en 2010 quedaran en punto muerto. Uribe también manifestó que entregaría las pruebas al procurador general Alejandro Ordóñez ya que después de que ordenara la apertura de investigación contra Germán Chica lo nombró como uno de los testigos.

Desde varios sectores políticos se ha manifestado el rechazo a las actuaciones de Uribe. No fue en vano que esta semana el ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, hiciera “un llamado a todos los colombianos, por encumbrados que sean, para que respeten la institucionalidad y atiendan a los llamados de los jueces y fiscales, así estén de acuerdo o no con las decisiones. No es posible que sea uno mismo quien decida ante quién se debe comparecer”. Ahora sólo queda esperar la decisión que emita la Corte Suprema en los próximos meses, tiempo después de que hayan pasado las elecciones presidenciales.