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La Reforma a la Justicia es inoportuna, pero la debatiremos: Consejo de Estado

El alto tribunal le envió un documento al Congreso en el que muestra su abierta posición sobre ciertos puntos que contendrá. Hubieran querido que estuviera abierta a espacios de discusión, en donde se invitara a ciudadanos del común, universidades y eruditos. Recuento de esa posición.

08 de octubre de 2008 – 11:33 a. m.

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El Alto Tribunal ya le había expresado al presidente Álvaro Uribe, en septiembre, que no comparte la idea de una reforma constitucional a la justicia, sobre todo porque no es integral a ésta; "es una reforma a las estructuras del poder, no a la justicia", destacó el presidente del Consejo de Estado, Enrique Gil Botero.

Sin embargo la Corporación mostró su deseo de participar en el estudio y debate del proyecto, razón por la cual envió a la Comisión Primera Constitucional Permanente un documento sobre su postura sobre los puntos planteados en la reforma.

"El proyecto de reforma adolece de graves faltantes en cuanto a que se ignoran temas que su estudio dentro de una reforma estructural se hacen necesarios. Allí hay algo de improvisación, lo ideal es la necesidad de socializarlo, con la academia, las universidades y estudiosos del derecho y en primer lugar con los ciudadanos", resaltó el magistrado Enrique Gil Botero.

Presidente del Consejo de Estado considera que la reforma necesita tener en cuenta temas como el de descongestión, en donde se realicen estrategias para agilizar los procesos judiciales. Gil denunció, por ejemplo, que en promedio en el país un proceso se tarda en obtener justicia alrededor de 16 años, "una justicia tardía, de décadas, de años, no es justicia".

El Consejo de Estado, reunido en sala plena,  indicó que está a favor de una reforma en la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, que a su juicio debe estar conformada por "gerentes, administradores, financieros, y ejecutivos –no por magistrados, puesto que no están llamados a cumplir función jurisdiccional alguna".

Con respecto al mismo tribunal, pero a su Sala Disciplinaria, el Consejo de Estado evidenció la necesidad de hacerle saber a sus magistrados que "esa corporación está llamada a ejercer únicamente funciones de naturaleza administrativa –que no judicial- con lo cual se evitarían las distorsiones, las dificultades y las confusiones que hoy genera el hecho de contar con un órgano eminentemente disciplinario pero que paradójicamente ejerce funciones de carácter judicial".

De igual manera, el Consejo de Estado advirtió de la necesidad sin resolver que tienen las altas cortes de una independencia presupuestal, pidiendo que dentro de la Constitución Política se le otorgue un porcentaje del producto Interno Bruto a la Rama Judicial.

De la tarea de elegir candidatos a diferentes corporaciones, que tienen algunas de las altas cortes, el Consejo de Estado dijo que "esas actividades de naturaleza electoral, que demandan mucho tiempo y energía por parte de las corporaciones judiciales que integran la jurisdicción de lo contencioso administrativo, distraen las tareas fundamentales a las cuales deben dedicarse de manera casi exclusiva, consistentes en administrar justicia".

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