Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
La Operación Artemisa, iniciativa con la que el gobierno de Iván Duque quiso enfrentar la deforestación, no deja de generar inquietudes sobre su efectividad y despliegue. La semana pasada, en el marco de esa operación, fue capturado el gobernador indígena nasa, Reinaldo Quebrada Quilcué, a quien señalan como gran deforestador de Caquetá, algo que la comunidad de la zona niega rotundamente. Aunque a Duque le quedan meses de gobierno, la ofensiva está para quedarse. Por eso es clave entender lo que realmente está ocurriendo con Artemisa. El Espectador consultó a la fuerza pública, Fiscalía, expertos ambientales y organizaciones sociales para trazar el panorama de una actividad militar con la que se busca solucionar un problema medioambiental.
(En contexto: Las versiones sobre el líder indígena que Fiscalía señala de gran deforestador)
Artemisa, en números
Las cifras oficiales de la Operación Artemisa muestran que, ante todo, el avance en la lucha contra la deforestación está en el número de judicializaciones. Según los registros de la Fiscalía, desde 2019 (año en el que arrancó esta ofensiva militar) “se han capturado y judicializado 182 personas en 50 procedimientos distintos”, número que aumenta en cada fase de la iniciativa. Con esta operación también se estrenó la ley de delitos ambientales, que llevó a que la mayoría de los capturados fueran imputados por crímenes como el daño a los recursos naturales, invasión de área de especial importancia ecológica, incendio e ilícito aprovechamiento de los recursos naturales, entre otros.
Sin embargo, centros de pensamiento y organizaciones sociales han cuestionado, por años, que Artemisa y la estrategia de lucha contra la deforestación de Duque poco hacen por reducir el fenómeno. Por ejemplo, el Observatorio de Alternativas al Desarrollo (Cealdes) ha hecho un ejercicio que, aunque parece sencillo, es muy diciente: ha contrastado cuántas hectáreas de bosque han sido deforestadas al año en los parques naturales más afectados por esta problemática y las cruzó con la cantidad de hectáreas que el Gobierno llama “recuperadas”. Es decir, cuántas hectáreas se perdieron por deforestación versus cuántas logra recuperar Artemisa.
(Lea también: La deforestación en Colombia incrementó tras el Acuerdo de Paz)
Cealdes encontró que, entre 2020 y febrero de 2021, el Gobierno desplegó tres operativos de Artemisa sobre el parque Chiribiquete en la zona que queda en jurisdicción de San Vicente del Caguán (Caquetá). Al final de las tres operaciones, el Ejército dijo que recuperó 6.193 hectáreas de bosque. Sin embargo, el año anterior habían sido deforestadas 10.500 hectáreas en ese municipio, según cálculos de Global Forest Watch. Es decir, Artemisa logró recuperar el 59 % de lo deforestado en 2019. Y esa es la mejor cifra: en operativos en La Macarena, apenas logró recuperar el 5 % de lo deforestado en 2019, en Tinigua y Picachos fue el 19 %.
Estefanía Ciro, investigadora del centro de pensamiento amazónico A la Orilla del Río, ubicado en Caquetá, le dijo a El Espectador que la Operación Artemisa continúa siendo parte de una estructura que constituye “la idea de la seguridad como la política pública por excelencia”, pese a que se firmó un Acuerdo de Paz. La investigadora resalta que la supuesta necesidad de seguridad que vende el Gobierno encaja en la Amazonia porque allí “operan muchos discursos: el del incivilizado, el de la tierra de nadie, el de tierras desocupadas. Y luego el discurso de donde hay narcococaleros y ahora de los deforestadores”.
Según organizaciones de la sociedad civil, las operaciones de Artemisa se han concentrado en los eslabones más bajos de la cadena: el campesino al que le pagan por talar durante una jornada. Según el IDEAM y el Ministerio de Ambiente, los grandes motores de la deforestación son: la praderización (deforesta grandes terrenos) para el acaparamiento de tierras, las malas prácticas de ganadería extensiva, la infraestructura de transporte no planificada, los cultivos de uso ilícito, la extracción ilícita de minerales, la tala ilegal de madera y la ampliación de la frontera agrícola en áreas no permitidas. Detrás de todas esas actividades, dicen expertos, hay grandes capitales y organizaciones criminales que Artemisa todavía no toca.
(Le puede interesar: Imputan por primera vez en Colombia a una persona por deforestación)
Fuentes cercanas a las investigaciones explicaron que las personas capturadas en estos años han entregado información que ha permitido hacer algunas operaciones contra los financiadores y poderosos que estarían en la cúspide de la pirámide de la deforestación. Por ejemplo, la Fiscalía tiene una lista de los cuarenta principales deforestadores del país y, desde febrero de 2021, ha venido capturando a algunos de ellos. A la fecha, 23 están inmersos en procesos penales. En los próximos meses, a su vez, podría haber negociaciones con otros grandes de la deforestación, como otro frente de acción que frene la desaparición de los bosques en Colombia.
La pelea con los indígenas
Mientras tanto, los roces entre la fuerza pública y las comunidades indígenas en el marco de Artemisa han ido escalando con el pasar del tiempo, hasta llegar a serias acusaciones de abusos de autoridad e invasión de zonas protegidas. Uno de los casos más graves ocurrió el 5 de marzo pasado, cuando organizaciones de derechos humanos denunciaron que el Ejército entró a la comunidad indígena La Esperanza, en San Vicente del Caguán (Caquetá), quemó casas y se llevó a personas de la comunidad, incluidos menores de edad. La comunidad retuvo por cuatro días a un soldado que fue castigado, de acuerdo con la justicia indígena: con latigazos.
(Lea también: En Colombia se talan 500 hectáreas diarias de bosque)
Por la retención y el castigo del uniformado, el pasado 5 de abril fue recapturado el gobernador Quebrada y la Fiscalía lo señala ahora de secuestro y tortura agravada, así como de delitos ambientales, ya que habría incitado a la comunidad para que “torturara emocionalmente, golpeara y amenazara de muerte al uniformado”. De otro lado, la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), entidad que lo defiende, asegura que el actuar irregular de los militares en esa ocasión obligó a los indígenas a intervenir. Para la CCJ, el castigo impuesto se hizo “en ejercicio legítimo de la facultad que tienen las autoridades de los pueblos étnicos para resolver conflictos”.
La versión del Ejército sobre lo ocurrido en el resguardo La Esperanza es muy distinta. En entrevista con El Espectador, el general Royer Gómez, comandante de la fuerza de tarea conjunta Omega, grupo encargado de llevar a cabo la Operación Artemisa en Caquetá, Guaviare y Meta, aseguró que los hechos narrados por la comunidad no son ciertos. Gómez le dijo a este diario que “ninguna operación se ha hecho en zona de resguardo indígena. Ninguna. Todas las operaciones de Artemisa son dentro de los límites de los Parques Nacionales Naturales”. Según el comandante de Omega, “en esas zonas no hay resguardos indígenas, porque, desde luego, es un área protegida y no es zona de resguardo”.
(Lea también: Los incendios en la Amazonía, una situación que se prende cada día más)
El militar manifestó que “cuando se produce el secuestro del soldado, las tropas están dentro del límite del parque, que es donde estamos desarrollando la operación”. Según él, “llegó un grupo más o menos de cincuenta o sesenta personas que atacan a las tropas y nos secuestran a este muchacho por cuatro o cinco días”. Asimismo, sostuvo que el gobernador Quebrada les aseguró que “el fusil y uniforme del soldado fue destruido, de acuerdo con sus usos y costumbres, pero nunca entregaron una prueba de la destrucción del material, y es un área donde todos sabemos que hay presencia y hay injerencia de las disidencias de las Farc”.
Fuentes que conocen de cerca los operativos de Artemisa le contaron a El Espectador una versión similar a lo expresado por el comandante de Omega. A su vez, manifestaron que el secuestro de funcionarios es una preocupación creciente cada vez que planean una nueva incursión. En septiembre de 2021, la comunidad retuvo por varios días a Winston Wilchis, biólogo del Ministerio del Medio Ambiente, tras un operativo en el Parque Natural Serranía del Chiribiquete. “Entrar con todas las fuerzas del Estado a territorios con tantas problemáticas se vuelve muy difícil”, comentó una de las fuentes.
Para funcionarios que conocen los pormenores de las operaciones, Artemisa sirvió inicialmente para que peritos de Parques Nacionales encontraran los focos y motores de la deforestación y la Fiscalía entendiera esta práctica. Sin embargo, consideran que la estrategia se quedó estancada. La operación, que cada vez parece menos efectiva, es también contradictoria, señaló Estefanía Ciro. La investigadora explicó que desde hace diez años se ha dado un proceso de ampliación del Parque Chiribiquete, que colinda con resguardos indígenas, donde han ocurrido choques entre la fuerza pública y la comunidad. Ciro enfatiza que “argumentar que se hace una ampliación, pero que no se pueden mover hacia ella, es un absurdo. Se contradice el mismo Estado”.
(Le puede interesar: El expediente de una masacre desconocida en Nariño atribuida a las disidencias)
Las contradicciones
El caso del gobernador Quebrada ha puesto sobre la mesa la estigmatización de los indígenas como deforestadores. Se trata de un problema que no es solo social, sino también ambiental. La Organización de Naciones Unidas (ONU) ha resaltado la importancia de la participación de los pueblos indígenas para combatir la crisis ambiental y el Instituto de Recursos Mundiales (WRI por sus siglas en inglés) ha enfatizado que, para reducir el cambio climático, la comunidad internacional no puede ignorarlos.
Ciro señala que operaciones como Artemisa se contradicen con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), impulsados por Naciones Unidas, que también tienen un impacto ambiental. Para la investigadora, no es coherente buscar cumplir los objetivos atacando directamente “a los receptores de ellos, como los campesinos y los indígenas. Tienes una meta de cambio climático y a la vez tienes un ODS, pero si para cumplir uno estás acabando con la posibilidad del desarrollo y proyecto de vida de los receptores de los objetivos de desarrollo, pues hay una contradicción muy clara”.
Además del choque con las comunidades que podrían ayudar a frenar la deforestación, Artemisa ha sembrado serias dudas sobre su aporte real en la recuperación del medio ambiente. Cuando un bosque que ha sido intervenido por la tala de árboles es recuperado, se deja a lo que los biólogos llaman restauración pasiva. Es decir, son abandonados para que, con el paso de los años, e incluso décadas, se regeneren por sí solos, conformando un bosque secundario. Uno de los cuestionamientos que expertos hacen al modelo de Artemisa es que luego de que la fuerza pública interviene las zonas que se estaban deforestando, estas vuelven a quedar expuestas.
(Lea también: El vacío de poder en las disidencias de “Gentil Duarte” tras la muerte de Jhonier)
En palabras del biólogo colombiano Diego Navarrete, si después de un operativo “el Estado no hace presencia ahí, es muy posible que en unos años esa zona vuelva y se deforeste”. Sin embargo, Navarrete señala que eso no significa que las actividades de control como Artemisa sean la única forma en que el Estado puede estar presente: “El bosque se recupera solo, siempre y cuando lo dejen recuperarse. Pero para que esta recuperación sea natural, se necesitan incentivos para que las personas que estaban ahí deforestando no vuelvan a hacerlo y puedan implementar acciones de conservación o incluso de restauración pagas”.
Por su parte, la investigadora Ciro concluye que si la finalidad del Gobierno saliente es la conservación, hay que crear políticas públicas que entiendan las dinámicas de las poblaciones de los territorios, todo lo contrario a “Artemisa, una política absolutamente anacrónica, que solo son golpes de opinión y que lo que genera es un escenario de confrontación y no de protección de la selva”.
El futuro de Artemisa
Las judicializaciones por delitos ambientales tampoco parecen estar siendo realmente útiles. Tanto así que la misma fuerza pública reconoce que no se está afectando a los verdaderos deforestadores y quienes los financian. El general Gómez admite que la mayoría de los capturados quedan en libertad al poco tiempo, porque muchos son campesinos que fueron engañados y llevados a esas zonas. Sin certeza de quiénes están detrás de esta afectación al ambiente, la el Ejército se atiene a decir que “hay una verdadera mafia detrás de todo esto” y reconoce que “Artemisa no va a poder frenar la deforestación” por sí sola. Así, queda un gran interrogante: si la fuerza pública no puede garantizar acabar la deforestación, como lo promete el Gobierno, ¿qué se puede hacer para solucionar el problema?
Daniel Villamil, investigador de Amazon Conservation Team, y Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, tienen pistas para solucionar la pregunta del millón. Para Villamil, es clave “pensar cómo enfrentar la raíz del problema, que no es el campesino ni el indígena, sino los grupos que se apropian de la tierra. Para reducir la deforestación hay que pensar en políticas públicas que favorezcan a las poblaciones que se encuentran en estos territorios”. Por su parte, Botero afirma que la solución no es acabar Artemisa.
(Lea también: Los acuerdos campesinos que la Operación Artemisa desbarató)
En las zonas en donde hay acaparamiento de tierras “existen grupos armados que requieran una acción disuasiva o de lo contrario impedirán que se haga el proceso de recuperación de baldíos”, sostiene Botero. A su vez, enfatiza en que “el componente de la fuerza pública sería más eficaz orientado hacia una estrategia de control territorial para evitar ampliación de carreteras, ingreso de colonización dirigida en áreas no intervenidas, apoyo a la recuperación y restauración de los más grandes baldíos apropiados por grandes acaparadores de tierras, protección de resguardos indígenas vulnerables y protección de áreas forestales comunitarias, entre otros”.
Aunque el saliente gobierno de Duque aseguró que Artemisa está para quedarse, lo cierto es que el nuevo presidente será el encargado de resolver qué hacer con esta ofensiva militar que, a tres años de haber sido implementada, sigue sembrando dudas sobre su verdadera efectividad.
Conoce más