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A inicios de los 2000, acabar con la vida de Tomás Medina Caracas, alias el Negro Acacio o el guerrillero inmortal, era uno de los objetivos primordiales de la Fuerza Pública. El criminal había hecho del Guainía, Guaviare y Vichada el centro de mayor financiamiento de las antiguas FARC, al punto de que se le conoció como el primer y más importante narcotraficante de pura cepa de esta guerrilla. Su histórico Frente 16 era, allí, el Estado que Colombia nunca ha consolidado y eso implicaba violencia mayúscula y reglas que, de ser quebradas, se pagaban con la vida. La carrera de las autoridades nacionales por matar a Medina puso en fuego cruzado a los pobladores del Guainía, quienes huyeron despavoridos a la capital Inírida y a otros departamentos. Ahora, décadas después, las víctimas podrían regresar por la vía de la restitución de tierras.
La Unidad de Restitución (URT) inició las primeras acciones judiciales en Guainía, luego de 13 años de existencia como entidad encargada de conocer las peticiones de desplazados y despojados que buscan volver a su tierra o ser compensados como víctimas reconocidas. Durante los últimos meses, la regional central de la Unidad hizo trabajo de campo en los dos únicos municipios del Guainía y, sumado a peticiones ciudadanas en las ciudades capitales más cercanas, inició el trámite de 87 solicitudes de restitución. De ellas, tres peticiones ya fueron radicadas como demandas ante los jueces, con miras a la recuperación de terrenos. Hasta el momento, siete predios ya fueron inscritos en el Registro Único de Predios y Territorios Abandonados, lo cual significa que son protegidos y obtienen unas medidas cautelares que no les permite ejecutar negocios a los ahora dueños.
Según la Unidad de Víctimas, en el Guainía hay un estimado de 11.000 víctimas, lo que corresponde a casi el 20% de la población del departamento. El 96% de ellas ha padecido desplazamiento forzado. Aun así, el sistema de restitución no había puesto la lupa en Guainía, dado que las familias solicitantes han tenido un elemento en común: su incursión en las economías ilegales. La población que perdió su territorio sobrevivía a través del cultivo de coca o la explotación de recursos naturales. Para Martha Liliana Arévalo, directora de la regional central de la URT, la reparación del despojo debe comprender que los cocaleros o los mineros no formalizados también fueron y son víctimas de la guerra. Una discusión espinosa que el gobierno de Gustavo Petro ha defendido, al evidenciar que esos pobladores son el eslabón más bajo y desprotegido de las economías ilícitas.
“Los pobladores cuyos casos hemos conocido llegaron al Guainía en el 91, como colonos a poblar la zona, sin ningún tipo de regulación. Unos llegan de Tolima, el Meta y de otros lugares donde, de hecho, la guerra los había desplazado. Alguien les alerta que hay tierra virgen y se puede poblar”, explica Arévalo. Dado que el Guainía no es un territorio rico para la agricultura, con el tiempo esos colonos fueron adentrándose en el negocio de la coca, la cual era manejada por el Frente 16 de las FARC, comandadas por el Negro Acacio. Al tiempo, en cercanía de la Serranía del Naquén, se descubrieron yacimientos incalculables de oro, lo que provocó la llegada de más colonos del interior del país y brasileños. “La extracción aurífera se trasladó al lecho de los ríos Guainía e Inírida, al comenzar los noventa donde se ha venido explotando el oro de aluvión”, señala la gobernación.
A partir de 2001, la Fuerza Pública se enfocó en tomar el control de la zona, con la implementación de la operación Gato Negro. El Ejército se instaló en el ahora municipio de Barrancominas y, desde allí, mantuvo confrontación con el Frente 16, lo cual generó los primeros abandonos en la zona. “Entre el 2004 y 2015 se da el debilitamiento del Frente 16, producto de la implementación del Plan Patriota de la Seguridad Democrática. Se observa la alta inversión que hizo el gobierno norteamericano en el fortalecimiento del Ejército, lo que tuvo como resultado el registro de las cifras más altas de desplazamiento forzado y homicidios en el departamento. Con la implementación de esta arremetida, se logró acabar con la vida del Negro Acacio (2007) y se debilitó la estructura de las FARC en la zona, sin que se haya logrado derrotar”, señala un informe de la URT conocido por este diario.
Se tiene mapeado que quienes ocupan los predios solicitados no son empresas, sino otros pobladores en situación de vulnerabilidad. Además, el objetivo de esta inversión en Guainía es “que los predios que fueron abandonados y desplazados se recuperen y que sean devueltos a las familias, para que inicien su proyecto de vida y hagan productivo el predio para que, entre todos, aportemos a la soberanía alimentaria del país”, concluyó la directora Arévalo. Por ley, la URT está obligada a instalar proyectos productivos en los predios restituidos, cuando se dan las condiciones y el deseo de las familias para regresar. Esto implica todo un reto para otras instituciones del Estado, pues los jueces de restitución también ordenan medidas de reparación como subsidios de vivienda, creación de carreteras y más temas que, en zonas apartadas del centro del país, apenas se cumplen.
El Guainía es el quinto departamento más extenso de Colombia, pero el segundo menos poblado. “Su integración con el resto del país ha sido lenta y muy limitada, lo que la ha sometido a una histórica condición de periferia fronteriza en relación con los centros de poder económico y político nacionales”, explica la última alerta temprana Defensoría del Pueblo sobre el departamento, en 2023. La muerte del Negro Acacio, de hecho, no implicó un cambio en las economías ilícitas, ni significó un acompañamiento más decidido de la Fuerza Pública. Al contrario, Géner García Molina, alias John 40, quedó al mando del poderoso Frente 16, el cual actualmente es conocido como Frente Acacio Medina, en honor al abatido guerrillero, y que desde 2019 le sirve a los intereses de la Segunda Marquetalia de Iván Márquez, quien había firmado la paz y regresó a las armas.
La economía ilegal hizo un tránsito hacia la extracción de oro y coltán. Según la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito, a corte de 2022, solo hay 49 hectáreas de coca. Sin embargo, bajo el control de Jhon 40 hay más de 50 minas ilegales de minerales preciosos, entre ellos el coltán que es utilizado para la fabricación de dispositivos electrónicos alrededor del mundo. De acuerdo con un informe de inteligencia conocido por Noticias Caracol en 2023, los guerrilleros tienen dos principales rutas de exportación: la primera, va por los ríos del oriente nacional con destino a Villavicencio y Bogotá, y la segunda, desde Venezuela hacia Alemania, Bélgica, Kazajistán y Estados Unidos. Asimismo, Jhon 40 deja que mineros ilegales exploten la zona a cambio de oro. Por dragas con motores de seis cilindros, por ejemplo, cobra 15 gramos de ese metal precioso.
Tal es el control que tienen los criminales de la frontera del Guainía con Venezuela que hay un acuerdo de no agresión entre la guerrilla del ELN y los disidentes de la Segunda Marquetalia, explica la Defensoría, para enriquecerse sin mayor oposición. Los armados pueden reclutar niños, niñas y jóvenes a sus anchas, incluyendo población indígena y de Venezuela. El 86% de los desplazados siguen en condiciones humanas críticas, pues no cuentan con servicios públicos básicos, seguridad jurídica sobre sus bienes y presentan altos índices de desnutrición. Por ello, la restitución parece ser una vía para amparar a quienes busquen ayuda a través de la Unidad, pero es claro que no están dadas las condiciones para regresar. El camino de la compensación parece echar raíces, a menos de que Colombia haga el esfuerzo que nunca ha hecho por cuidar del Guainía.
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