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Un grupo de fiscales y el personal de la cárcel metropolitana de Brooklyn, en Nueva York (Estados Unidos), podrían ser declarados en desacato judicial por el caso de Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel. A pesar de las múltiples órdenes que les ha dado la jueza del caso, quien fuera el máximo líder de la organización narcoparamilitar Clan del Golfo no ha recibido atención médica, a pesar de que ha intervenido hasta el cónsul colombiano en la ciudad. La jueza Dora Irizarry les dio un ultimátum a todos antes de tomar decisiones.
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Tras ser extraditado a Estados Unidos por narcotráfico, desde marzo de 2022 Otoniel está recluido en el centro metropolitano de detención de Brooklyn mientras se define el monto de su sentencia luego de que aceptara cargos. Tras las rejas, además, le han impuesto “medidas especiales administrativas” (SAMS por sus siglas en inglés), para limitar los contactos que tiene con el mundo exterior, ya que se le considera una persona peligrosa. Pero ni siquiera ha podido ver a un médico, según su defensa.
El consulado de Colombia en Nueva York lo ha visitado en prisión y el estado en el que lo encontraron llevó a que el cónsul Andrés Mejía le escribiera directamente a la dirección de la cárcel, el pasado 22 de marzo. Según la carta, Otoniel “repetidamente ha expresado un dolor crónico persistente”, las medidas administrativas impuestas le impiden recibir atención y en una visita reciente, en ese mes, se habían enterado de que en la prisión ni siquiera le habían agendado exámenes para diagnosticarlo.
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Cuando recibió la carta del cónsul, la jueza ya tenía entre ojos al personal de prisión y a los fiscales, pues la defensa de Otoniel le había comunicado todos los obstáculos que le han puesto al jefe criminal para acceder a atención médica. “Parece que el centro metropolitano de detención ha incumplido las fechas límites que le puso el despacho, incluyendo la toma de radiografías, que se supone debía hacer en diciembre”, reprochó Irizarry, y a renglón seguido añadió que para febrero debía tenerse un diagnóstico.
“El personal del centro de detención, el gobierno y el Servicio US Marshal’s deben prepararse para explicar por qué no deberían ser declarados en desacato por el fracaso en cumplir con las previas directivas del despacho”, les advirtió Irizarry el 14 de marzo. Dos semanas más tarde, el 27, la jueza celebró una audiencia en la que les pidió explicaciones a todas las partes y les reiteró que Otoniel debe recibir atención médica y tanto los fiscales como los funcionarios de la cárcel aceptaron las condiciones.
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Entre otras cosas, la jueza Irizarry ordenó que le dejen claro al médico que trate a Otoniel que debe entregar un reporte sobre el diagnóstico del líder del Clan del Golfo a más tardar el 28 de abril. El acusado ha ido a todas estas audiencias sobre su salud, a la espera, además de que se defina cuánto tiempo deberá pasar tras las rejas, luego de que en enero de este año se declaró culpable de los cargos de narcotráfico de los que se le acusan en Estados Unidos.
Tras ser uno de los hombres más buscados por la Fuerza Pública durante años, Otoniel fue capturado en octubre de 2021 en la subregión del Urabá, que siempre fue su fortín. Acusado en Colombia de desplazamientos, asesinatos de líderes sociales, reclutamiento forzado y otros crímenes, finalmente fue enviado a Estados Unidos en marzo. También en ese país se encuentran varios miembros de su familia señalados de participar del negocio del narcotráfico, como su hermana Nini Johana Úsuga, La Negra, que hace poco quedó en libertad.
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